El TSJC reclama 53 nuevas plazas judiciales para evitar la sobrecarga

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para 2026 un total de 53 nuevas plazas judiciales en Canarias con el fin de poder hacer frente a una situación que describe como de "necesidad ineludible" y "sobrecarga desproporcionada" en varios órganos.

En concreto, la Sala de Gobierno señala que el incremento de la litigiosidad, la acumulación de pendencia y el impacto de las reformas legislativas "exigen una ampliación estructural" de la planta judicial para garantizar la tutela judicial "efectiva", según ha informado la oficina de comunicación del TSJC.

Así, según la memoria remitida al CGPJ, la mayor parte del refuerzo se concentraría en la provincia de Las Palmas, donde se solicitan 30 plazas, entre las que figuran tres para las secciones civiles de la Audiencia Provincial, otras tres para las secciones penales, una para la Sala de lo Social del TSJC con sede en Las Palmas y un "amplio refuerzo" para los tribunales de instancia de la isla de Gran Canaria.

Asimismo la propuesta incluye nueve plazas para el Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, cuatro para Telde, tres para San Bartolomé de Tirajana, una para Arucas y una para Santa María de Guía, además de tres plazas para Arrecife y dos para Puerto del Rosario.

Necesidades en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

En cuanto a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la Sala de Gobierno plantea 23 plazas nuevas. La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife absorbería cuatro nuevas plazas en sus secciones civiles y una más en la sección penal 5.ª, mientras que la Sala de lo Social del TSJC con sede en Santa Cruz recibiría dos.

Respecto a los tribunales de instancia, el órgano de gobierno de los jueces en las islas, se pide seis plazas para Santa Cruz de Tenerife, dos para San Cristóbal de La Laguna, tres para Arona, una para Güímar, una para Icod de los Vinos, una para Granadilla de Abona, una para Santa Cruz de La Palma y otra para Los Llanos de Aridane, también en La Palma.

En el informe se incide en que varias de estas plazas responden a una "sobrecarga estructural sostenida", así como a una pendencia que "crece de forma constante", mientras que otras se justifican por cambios normativos y por la "necesidad de reforzar" la especialización en materias sensibles como violencia sobre la mujer o violencia sobre la infancia y la adolescencia.

Situación de colapso

En el informe se tilda la situación de algunos órganos de "colapso", así como de "estrangulamiento real" de los tiempos de respuesta o se refiere al "umbral mínimo indispensable".

Desde la Sala de Gobierno se concluye que la ampliación propuesta es el "umbral de ampliación estructural estrictamente necesario e irrenunciable" para absorber la carga actual y la que se prevé con las reformas en vigor.

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