Canarias defenderá "con uñas y dientes" los 12 años de residente para una vivienda pública
El TSJC admite a trámite el recurso contra el decreto del Gobierno canario, que las organizaciones sociales tachan de "ilegal y racista"

Viviendas de alquiler asequible en obras en Canarias. / E. D.

"Ilegal y racista". Bajo estos calificativos han recurrido varias organizaciones sociales el decreto del Gobierno de Canarias que exige doce años de residencia en las Islas para optar a una vivienda protegida. El Ejecutivo niega que sea discriminatorio y asegura que lo defenderá "con uñas y dientes". Así lo ha subrayado este miércoles el consejero regional de Vivienda, Pablo Rodríguez (CC), tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo presentado por el Observatorio de Derechos Humanos Desca contra la norma canaria, aprobada en marzo.
Al respecto, Rodríguez ha manifestado que "el Gobierno de Canarias está convencido de que la vivienda pública tiene que ser para los canarios que desarrollan y tienen su proyecto de vida" en las Islas. Por eso, defiende que el criterio de arraigo que prevé ese decreto "no es discriminatorio". "No estamos pidiendo el lugar de nacimiento de las personas que van a ser beneficiarias de una vivienda pública. Lo que estamos pidiendo es que aunque hayas nacido en el lugar del mundo en que hayas nacido, que al menos seas alguien que tiene un proyecto de vida en Canarias", ha alegado.
Según el consejero, este nuevo decreto "prioriza a todos los canarios y canarias, a todos los ciudadanos que viven en Canarias y que llevan demandando una vivienda durante años", de modo que "ahora que se está construyendo vivienda en todas las Islas, tengan preferencia con respecto a alguien que pueda llegar mañana". El consejero ha precisado que, "aun teniendo ese requisito", el decreto "también tiene excepciones en base precisamente a situaciones de vulnerabilidad extrema".
De hecho, ha precisado, que las personas que son declaradas vulnerables de manera extrema, bien sea por los servicios sociales municipales o bien sea por un juzgado, "tienen otro trámite, otro camino para acceder a una vivienda". Por ello, el responsable canario de Vivienda ha recalcado que esta norma "no discrimina en base a la vulnerabilidad ni tampoco discrimina en base a la procedencia", sino que "apuesta por que las viviendas públicas sean para los que viven en Canarias, los que tienen un proyecto de vida en Canarias".
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