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Parlamento

La comisión del 'caso Mascarillas' avanza hacia la fase final

El informe parlamentario, que se centra en un contrato de cuatro millones de euros por mascarillas no entregadas, se encuentra en sus últimos trámites tras varios aplazamientos

Foto de Rayco González a la salida del juzgado junto a su abogado de 2022.

Foto de Rayco González a la salida del juzgado junto a su abogado de 2022. / Quique Curbelo

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Las Palmas de Gran Canaria

La comisión de investigación del Parlamento de Canarias sobre la compra de material sanitario durante la pandemia entra en su fase final. La mesa ha acordado este jueves remitir a los grupos el informe de la ponencia, ya aprobado, y abrir un plazo de diez días para presentar enmiendas que termina el 11 de junio.

El informe llega después de varios aplazamientos. El pasado mes de marzo, la comisión prorrogó por cuarta vez el plazo para elaborarlo, con el objetivo de dar más tiempo a los grupos parlamentarios para preparar el dictamen y analizar las propuestas de resolución.

Reunión el 12 de junio

En el caso de que haya enmiendas, la mesa se reunirá el 12 de junio para calificarlas y después convocará una nueva reunión de la comisión de investigación. Tras ese trámite, y sin que se prevea que haya más prórrogas, una vez que el informe de la ponencia sea público, el documento entrará en su fase final con su remisión al pleno de la Cámara, algo que se espera que ocurra a finales de junio o a lo largo del mes de julio.

El caso se centra en un contrato de cuatro millones de euros adjudicado en 2020 por el Servicio Canario de la Salud (SCS) a RR7, empresa de Rayco Rubén González dedicada a la venta de coches, para suministrar un millón de mascarillas FFP3 que nunca fueron entregadas.

Estafa agravada y blanqueo de capitales

Rayco González está imputado por presunta estafa agravada y blanqueo de capitales, ya que la Fiscalía sostiene que consiguió el contrato por sus vínculos a través de amigos en común con el entonces director del SCS, Conrado Domínguez. La investigación del caso ha sido asumida por la Fiscalía Europea, al considerar que podrían haberse utilizado fondos de la Unión Europea.

Además de Rayco González están investigados el exdirector del SCS Conrado Domínguez por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, y la exdirectora de Recursos Económicos Ana María Pérez por prevaricación en la tramitación del expediente de compra.

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