Canarias reclama al Estado los 42 millones del Plan Estatal de Vivienda para 2026
El Gobierno canario solicita contar con la financiación antes de que acabe este primer semestre para garantizar la ejecución de las actuaciones previstas este año

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez. / LP/ DLP

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha reclamado este jueves al Estado la transferencia de los 42 millones de euros correspondientes a la anualidad de 2026 del Plan Estatal de Vivienda. El objetivo, según explicó durante la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana celebrada en Madrid, es garantizar la ejecución de los proyectos y ayudas previstos para el segundo semestre del año.
"Si nos transfieren los fondos antes del mes de julio, estaremos en disposición de ejecutar la planificación prevista para este año", señaló Rodríguez, que acudió al encuentro junto a la directora del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), Pino de León.
Cabe recordar que Canarias recibe una financiación estatal de 222,6 millones a cinco años, lo que representa el 5,3% del reparto previsto en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. A esta cuantía se suman otros 148,4 millones aportados por el Gobierno de Canarias.
Para este ejercicio, el Archipiélago debe recibir 42 millones del Estado, que se distribuirán, según establece el plan, en un 40% para construcción de vivienda, un 30% para rehabilitación y otro 30% para políticas de vivienda.
Durante la reunión, los representantes canarios volvieron a reclamar una revisión de los criterios de reparto de los fondos estatales, al considerar que los parámetros actuales no responden a la realidad económica, social y demográfica de las Islas.
El Ejecutivo autonómico ya había trasladado esta reivindicación en anteriores conferencias sectoriales y en las alegaciones remitidas al Plan Estatal de Vivienda. En concreto, Canarias cuestiona que se sigan utilizando indicadores de renta per cápita de 1991 para distribuir los créditos entre comunidades autónomas.
"Esto provoca que no se refleje de forma precisa la realidad económica, social y demográfica de Canarias, lo que limita la efectividad de los recursos asignados", afirmó Rodríguez. El consejero insistió en que, después de 35 años, la situación del Archipiélago ha cambiado de forma sustancial.
"La evolución social, demográfica y económica de Canarias obliga a revisar unos criterios de reparto que han quedado desfasados. Es necesario incorporar indicadores que reflejen la realidad actual de las Islas y las particularidades de cada comunidad autónoma", añadió.
Por ello, el Gobierno de Canarias ha pedido al Ministerio que permita modular esos límites en función de las singularidades de cada territorio y del perfil real de las personas que necesitan apoyo público para acceder a una vivienda.
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