Canarias 'reconstruye' el dolor del volcán Tajogaite y crea un nuevo derecho ciudadano

La erupción del volcán de Tajogaite hace cinco años dejó una herida de lava y ceniza sobre La Palma, pero también abrió un debate jurídico y político sin precedentes en España. ¿Cómo se reconstruye una isla cuando el territorio desaparece bajo una colada? ¿Cómo se devuelve la normalidad a miles de personas cuando la tierra sobre la que levantaban su vida ya no existe? Y, sobre todo, ¿quién debe asumir el coste de lo perdido?

A esas preguntas dieron respuesta este martes la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, y el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco Villar, durante el foro de Editorial Prensa Ibérica -empresa de las cabeceras EL DÍA y La Provincia- centrado en la respuesta jurídica ante las emergencias y la reconstrucción tras grandes catástrofes naturales.

El encuentro 'Respuesta jurídica ante una emergencia: el derecho a recuperar el valor de lo perdido' sirvió para reivindicar el modelo normativo impulsado en Canarias después de la erupción de 2021 y para presentar el caso de La Palma como una referencia nacional e internacional en materia de recuperación social y territorial.

Garantizar derechos

"La respuesta jurídica ante un desastre natural de esas características estaba llena de vacíos que tuvimos que rellenar", resumió Villar.

"Cuando se crea algo nuevo, no es sencillo", remachó la consejera antes de recordar que "al principio había que montar el nuevo sistema extraordinario, pero ya está en marcha, sobre todo lo referido a las viviendas. ¿Estará todo solucionado en dos años?, no; pero el camino está trazado".

Barreto defendió que la reconstrucción de la Isla no podía limitarse a levantar infraestructuras o reparar carreteras: "La recuperación real pasa por garantizar derechos y permitir que las personas recuperen la vida que tenían antes del volcán".

La consejera recordó que la erupción del Tajogaite sepultó más de 1.200 hectáreas y arrasó viviendas, fincas agrícolas, negocios e infraestructuras básicas. Pero insistió en que el mayor impacto fue social: "Desaparecieron barrios enteros y se rompieron proyectos de vida", subrayó.

El intangible impacto emocional

"El gran problema no eran las pérdidas materiales, sino el impacto emocional intangible de las personas que vieron desaparecer hasta la posibilidad de recuperar sus recuerdos de vida", remachó el catedrático.

Al respecto, Barreto recordó que se puso en marcha una oficina de apoyo psicológico, pero "al final fuimos psicólogos todos, ciudadanos y la Administración para intentar que la gente superara el dolor, aunque es muy difícil. Nuestra intención era, como mínimo, que pudieran arreglar todos los papeles y no añadir dificultades a su dolor".

"Nadie va a poder reparar el daño emocional pero, al menos, nuestra intención era facilitarles a que pudieran seguir con su vida", insistió la consejera.

Sin leyes para afrontar volcanes

Durante 85 días, la lava avanzó sobre el Valle de Aridane alterando de manera irreversible el paisaje y obligando a las administraciones a enfrentarse a una realidad para la que el ordenamiento jurídico español no estaba preparado.

"Las leyes españolas contemplaban incendios, inundaciones o terremotos, pero no una erupción volcánica de estas dimensiones", explicó Villar, coordinador del equipo técnico que participó en la elaboración de las leyes aprobadas posteriormente por el Parlamento de Canarias.

El jurista centró buena parte de su exposición en una de las grandes singularidades del volcán: la permanencia de la lava.

La lava no desaparece

"Una inundación se retira y un incendio se extingue. La lava no desaparece. Convierte el suelo en subsuelo y crea un nuevo territorio", indicó.

Ese fenómeno abrió interrogantes inéditos. ¿De quién es el terreno cubierto por la colada? ¿Qué valor tiene una finca agrícola o una vivienda sepultada bajo metros de roca volcánica? ¿Cómo se compensa jurídicamente una pérdida cuando el territorio ha cambiado para siempre?

"La Ley de Protección Civil del Estado dice que se podía recibir hasta 15.000 euros si estaba completamente devastada y depende de una decisión política, no jurídica, elevar esa cuantía", insistió la consejera.

Solución alternativa

Villar explicó que la respuesta sobre la propiedad estaba clara desde el punto de vista civil, toda vez que el suelo cubierto por la lava sigue perteneciendo a sus propietarios originales mediante el principio de accesión recogido en el Código Civil. Sin embargo, el problema surgía al valorar económicamente esos terrenos.

"El sistema de expropiación forzosa valoraría ese suelo como un erial cubierto de lava y no por lo que había antes de la erupción", advirtió.

Según detalló, la posibilidad de reformar la legislación estatal para reconocer una valoración singular de los terrenos afectados fue descartada por el Gobierno del Estado, lo que obligó a Canarias a buscar una solución alternativa.

Paquete legislativo para la reconstrucción

Esa respuesta cristalizó en dos leyes del año 2024 centradas en la reconstrucción urbanística y agraria, respectivamente, a las que con posterioridad se unió la de vivienda protegida.

Un paquete legislativo que permitió la reconstrucción de lo preexistente siempre que las condiciones técnicas y de seguridad lo hicieran posible.

"Lo importante era devolver a las personas la posibilidad de recuperar su vida, su arraigo y su territorio", resumió Barreto.

Recuperar el valor de lo perdido

La consejera destacó que el modelo impulsado por el Ejecutivo autonómico partió de una idea fundamental: reconocer el derecho de las personas afectadas a recuperar el valor de lo perdido. Un principio que posteriormente también quedó recogido en la Ley de Volcanes aprobada por el Parlamento, fruto de una iniciativa legislativa popular.

"Ese derecho no existía en el ordenamiento jurídico español y ahora servirá de referente para todo el país, no solo para Canarias", recordó Barreto.

Por su parte, el catedrático sostuvo que el proceso de reconstrucción abrió un intenso debate político y social.

Dos modelos

Por un lado, estaban quienes defendían aprovechar la erupción para impulsar un nuevo modelo de ocupación territorial mediante reparcelaciones urbanísticas y transformaciones agrarias, una tesis que defendió, como recordó Barreto, el anterior Gobierno del 'pacto de las flores' que presidió el actual ministro Ángel Víctor Torres.

Por otro, quienes apostaban por una reconstrucción más ágil basada en la iniciativa directa de los propios afectados.

Finalmente, el Gobierno que preside Fernando Clavijo optó por este segundo modelo al dejar las leyes aprobadas en manos de las personas damnificadas la reconstrucción de viviendas, explotaciones agrícolas y negocios, mientras las distintas administraciones asumieron la reposición de infraestructuras públicas.

Devolver a las personas su anterior vida

"No se trataba de diseñar una nueva isla, sino de devolver a las personas aquello que conocían y aquello donde habían desarrollado su vida", insistió Villar.

En el foro también se abordó la dimensión económica de la recuperación. Barreto detalló los planes de pago impulsados por el Gobierno de Canarias para compensar a los afectados.

"No se trataba de abonar una indemnización, sino una compensación", explicó Villar.

El primero de los pagos permitió indemnizar las viviendas habituales destruidas por la erupción; el segundo se centró en las fincas agrícolas sepultadas por la lava; y el tercero, actualmente en ejecución, está dirigido a las segundas residencias.

366 millones para más de 3.000 afectados

Según explicó la consejera, estos tres programas han movilizado ya 366,5 millones de euros, de los cuales 266,5 millones han sido aportados por el Gobierno de Canarias entre 2024 y 2026, mientras que el Estado contribuyó con otros 100 millones durante el ejercicio de 2023.

En este punto, Barreto criticó "la lentitud" del Gobierno de España en su contribución, pues la prórroga de los presupuestos estatales impidió el desembolso anual de 100 millones en los últimos tres años.

Con todo, la consejera incidió en que las ayudas han llegado a miles de personas afectadas. Más de 1.400 beneficiarios recibieron compensaciones por viviendas habituales; otras 1.365 personas por la pérdida de fincas; y más de 600 afectados ya han comenzado a cobrar por las segundas residencias destruidas.

"El objetivo es alcanzar los 600 millones de euros correspondientes al total de pérdidas privadas", aseguró Barreto.

Para la consejera, "una Comunidad Autónoma no puede afrontar sola 600 millones, por lo que hay que crear un fondo nacional de contingencia, y tenemos argumentos jurídicos que avalan que se puede conseguir, para no tener que depender de una decisión política, con independencia de quien presida el Gobierno de España".

La gran debilidad del sistema de protección civil: la recuperación

A lo largo del foro, tanto la consejera como el jurista insistieron en que la experiencia palmera trasciende el ámbito canario y puede convertirse en una referencia para otros territorios expuestos a grandes catástrofes naturales.

"Lo que hemos hecho en La Palma puede aplicarse también a terremotos, inundaciones o incendios que transformen radicalmente el territorio", sostuvo Villar.

El catedrático recalcó que una de las grandes debilidades de los sistemas de protección civil reside precisamente en la fase posterior a la emergencia: la recuperación.

"Sabemos cómo evacuar, cómo actuar durante la crisis y cómo atender la emergencia inmediata, pero existe muy poca regulación sobre cómo devolver la normalidad a las personas afectadas", señaló.

Modelo jurídico pionero

En ese contexto, defendió que Canarias ha logrado construir un modelo jurídico pionero basado en la cohesión social, la continuidad territorial y la protección de derechos.

Barreto coincidió en esa idea y reivindicó la necesidad de adaptar las leyes a las nuevas realidades derivadas del cambio climático y de los fenómenos extremos: "Las emergencias ya no pueden abordarse solo desde la respuesta inmediata. Hay que pensar en cómo reconstruir vidas".

El foro de Prensa Ibérica dejó además una reflexión de fondo sobre el papel de las administraciones públicas ante las grandes tragedias colectivas. Tanto la consejera como Villar coincidieron en que la reconstrucción no puede entenderse únicamente como un proceso técnico o económico, sino también emocional y comunitario.

Vivir donde las personas quieren vivir

Porque, detrás de cada vivienda desaparecida y de cada platanera cubierta por la lava, había historias personales, generaciones enteras y vínculos con un territorio que forma parte de la identidad de quienes lo habitan.

"La clave es garantizar que las personas puedan seguir viviendo donde quieren vivir", resumió Villar.

La intervención concluyó con una idea que sintetizó buena parte del espíritu del encuentro: La Palma no solo ha reconstruido carreteras y viviendas; también ha obligado al sistema jurídico a evolucionar.

Pese a ello, Villar lanzó una advertencia: "Todo esto que se ha hecho es papel mojado si en las administraciones públicas no hay gente que comprenda las singularidades de todo este proceso".

Derecho nacido sobre la lava

Tanto Barreto como Villar concluyeron tras sus intervenciones que de aquella catástrofe natural, convertida durante meses en símbolo de devastación, surgió un principio que hasta ahora no existía en la legislación española: el derecho a recuperar el valor de lo perdido.

Un derecho nacido sobre la lava.