Pablo Rodríguez denuncia el reparto "injusto" del plan nacional de vivienda

Una diferencia de 35 años. Canarias peleará el próximo jueves, en la Conferencia Sectorial de Vivienda, por un reparto «justo» de los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. El megaprograma que diseña todo el marco de ayudas –respaldado al 60% por el Estado y al 40% por las comunidades autónomas– adapta el reparto a la base poblacional del país, pero utiliza datos de 1991, lo que deja fuera a 760.000 canarios, un tercio de la población. «Calculamos que si se actualizaran los datos, los fondos que le corresponderían a Canarias estarían en torno a 500 millones de euros y no los algo más de 300 millones de euros que están ahora sobre la mesa», explicó esta mañana el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Ejecutivo autonómico, Pablo Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En los últimos 35 años la población ha variado mucho en la mayoría de las comunidades autónomas del país, pero el Archipiélago es una de las regiones más afectadas al sufrido un crecimiento que supera el 50% de la población. «Ha llovido mucho y salimos claramente perjudicados con esos datos desactualizados», denunció el responsable del área.

La vivienda fue precisamente uno de los temas sobre los que pivotó la reunión semanal del Ejecutivo. Rodríguez anunció, tras el encuentro, que el Programa Hipoteca Joven-Mi Primera Vivienda está en marcha y podrá empezar a andar antes de verano. La iniciativa permitirá a jóvenes de entre 18 y 40 años acceder a financiación de hasta el 95% del valor de adquisición de su primera vivienda, superando así el límite habitual del 80% que suelen ofrecer las entidades financieras. «De esta forma eliminamos una de las principales barreras para poder adquirir una vivienda que es la capacidad de ahorro, la entrada», explicó Rodríguez, quien recordó que este instrumento ya se utilizó a principios de este siglo pero desapareció como consecuencia de la crisis financiera. «Era uno de los objetivos que nos habíamos marcado, recuperar una herramienta que tuvo un enorme éxito y que en los tiempos actuales estamos convencidos de que también va a ser muy relevante», insistió.

30 días

El texto se remite ahora al Consejo Consultivo y este tendrá un máximo de 30 días para emitir su dictamen. El siguiente pasó será volver al Consejo de Gobierno para recibir luz verde definitivamente. «A partir de ahí se empiezan a firmar las adhesiones y convenios con las entidades financieras. Muchas ya nos han dicho que están interesadas», adelantó el consejero. Serán los bancos –con los que existan acuerdos– los encargados de asumir la gestión directa de las solicitudes y la tramitación de las hipotecas.

Además de los menores de 40 años, Rodríguez explicó que podrán beneficiarse las familias numerosas y monoparentales, sin límite de edad. El Ejecutivo autonómico solo plantea una serie de requisitos para acceder al programa. El primero es tener residencia legal y continuada en Canarias durante los dos años previos a la solicitud. La iniciativa pretende poner solución a la emergencia habitacional que sufre Canarias y que el programa sirva para la emancipación de los jóvenes, por ello también se exigirá que el comprador no sea titular de otra vivienda. Además, el inmueble adquirido debe destinarse a residencia habitual y permanente durante un periodo mínimo de dos años.

La situación económica del comprador también influirá. El límite de patrimonio neto de la persona solicitante, o de cada una de ella en caso de adquisición conjunta, no podrá superar los 150.000 euros. Además, las personas solicitantes no podrán superar cinco veces el Iprem. Y en caso de adquisición por dos personas solicitantes, sus ingresos conjuntos no podrán superar la suma del límite establecido para cada una de ellas. Esta cantidad se incrementará en 0,3 veces el Iprem por cada menor a cargo. «En el caso de las familias monoparentales, el límite de ingresos anterior se incrementará en un 70%», explicaron desde el Ejecutivo.

Las viviendas deberán estar ubicadas en Canarias y tener un precio máximo de adquisición de 250.000 euros, sin incluir impuestos ni gastos asociados. El programa incluirá tanto viviendas nuevas como usadas, libres o protegidas de promoción privada.

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