41.000 canarios con pensiones no contributivas cobrarán ya este mes el plus de 200 euros

El acuerdo alcanzado este jueves entre el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo de España permitirá que más de 41.000 canarios perceptores de pensiones no contributivas cobren ya este mes de mayo los primeros 200 euros del complemento autonómico previsto para 2026. La medida, concebida por el Ejecutivo regional como un refuerzo para las rentas más bajas, sale adelante después de semanas de tensión jurídica y política por el posible recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos de los presupuestos canarios de 2026 que el Estado avisó que iba a interponer.

La firma por parte del Estado del acuerdo alcanzado llega con alivio para miles de pensionistas, pero también con una lectura política evidente: tanto el Estado como Canarias intentan apuntarse el tanto de haber evitado el conflicto. El Gobierno central reivindica el diálogo institucional y la seguridad jurídica; el Ejecutivo autonómico subraya que la ayuda fue diseñada en Canarias, defendida por la Comunidad Autónoma y mantenida pese a las objeciones iniciales de Moncloa.

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, fue clara al situar el calendario del acuerdo. "Una vez realizada esa comisión bilateral el 30 de abril y en vista de que el Estado no iba a interponer recurso de inconstitucionalidad contra nuestra ley de presupuestos, hemos seguido avanzando para que al finalizar este mes de mayo los pensionistas no contributivos de Canarias cobren esos primeros 200 euros que hemos establecido", aseguró.

El desbloqueo de la ayuda extra evita que el Estado lleve el conflicto al Tribunal Constitucional.

Duelo para ponerse la medalla

Sin embargo, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, presentó el acuerdo como fruto del "diálogo permanente" y de la voluntad del Gobierno de España de "tender siempre la mano". Desde esa óptica, Torres emitió una nota de prensa oficial en la que se asegura que "el Gobierno de Canarias acepta las modificaciones planteadas por el Estado" a su ley presupuestaria para 2026. Desde Bienestar Social se contesta al ministro que, "en todo caso, el Estado ha aceptado los argumentos de Canarias".

Pese a este pulso político, lo cierto es que este acuerdo aporta garantías y evita que una ayuda pensada para aliviar la precariedad termine encallada en los tribunales. De hecho, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, afirmó este jueves que la compatibilidad del complemento es "una magnífica noticia" y recordó que este plus es una obligación de Canarias de actuar allí donde las pensiones estatales no alcanzan para compensar el coste de la vida en las Islas, con una realidad social agravada por la insularidad, la fragmentación territorial y la condición ultraperiférica.

La ayuda autonómica total asciende a 400 euros anuales, con un primer abono de 200 euros este mismo mes que se tramitará de forma separada de la pensión ordinaria, cuya gestión corresponde al Estado. La fórmula busca evitar que el complemento compute como ingreso y pueda provocar una reducción o pérdida de la prestación estatal, el temor que había situado la medida bajo vigilancia competencial.

Reforma pendiente de la ley de Seguridad Social

Desde Canarias se celebra que el Estado haya aceptado la propuesta autonómica, aunque se insiste en que el problema de fondo sigue pendiente y la consejera Delgado recuerda que el complemento nació como respuesta a una necesidad social concreta: reforzar las rentas más bajas a través de la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC) ante la lentitud del Estado para modificar la Ley General de la Seguridad Social, tal y como se había reclamado en el Congreso.

"El Estado debe poner por escrito este acuerdo y modificar la ley de la Seguridad Social", sostiene la consejera, que defiende que esa reforma daría estabilidad a una ayuda que, para muchas personas, puede resultar vital.

Para Delgado, el Estado tiene un mandato muy concreto del Congreso: "modificar el texto refundido de la ley de la Seguridad Social para que se pueda contemplar el desarrollo de un complemento en Canarias, como región ultraperiférica, sin que compute como ingreso; e incluir entre las rentas exentas de cómputo los complementos que puedan establecer las comunidades autónomas”.

La consejera de Bienestar Social reclama al Estado que reforme la Ley General de la Seguridad Social

De hecho, el propio Torres reconoció en los días previos a la reunión bilateral de abril que "el problema es que la suma de las dos cantidades complementarias no pueden sobrepasar más del tope establecido en la ley de presupuestos porque, de lo contrario, el pensionista perdería la prestación" Un handicap que se ha solucionado con el fin de que los beneficiarios no pierdan ni un euro.

El impacto social de la medida es relevante. En Canarias hay 41.818 personas perceptoras de pensiones no contributivas: 25.621 de jubilación y 16.197 de incapacidad. El Archipiélago figura como la quinta comunidad autónoma en número absoluto de estas prestaciones, un dato que refuerza la dimensión política y social de cualquier mejora dirigida a este colectivo.

Suscríbete para seguir leyendo