Dependencia
Canarias denuncia que el Estado 'castiga' su avance en dependencia con 12,4 millones menos: "Somos los más perjudicados"
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, advierte que acudirá a los tribunales si el Estado mantiene este modelo, que considera "una injusticia grave"

Una persona dependiente pasea acompañada de una trabajadora de Cruz Roja / Arturo Jiménez
Canarias puede presumir de ser la región que más se ha puesto las pilas en dependencia. Al menos así lo avalan los datos del primer trimestre de 2026 publicados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) del Ministerio de Derechos Sociales. Sin embargo, el Archipiélago no ha recibido reconocimiento ni premio alguno por este acelerón sin precedentes; más bien todo lo contrario, pues desde la Consejería de Bienestar Social denuncian que con el nuevo reparto de fondos los dependientes de las Islas serán "los más castigados". En concreto, estiman que con el cambio la región perderá 12,4 millones de euros.
El artículo 32 de la ley que ampara a las personas en situación de dependencia recoge que la aportación de la Comunidad Autónoma será, para cada año, al menos igual a la de la Administración General del Estado. Sin embargo, casi dos décadas después de que la normativa entrara en vigor, el Ejecutivo central sigue sin cumplir las exigencias y solo financia un 22% del sistema canario, es decir, menos de la mitad de lo que debería (50%).
A esta infradotación se suma ahora la incorporación de un nuevo factor de corrección del 10% en el reparto nacional, es decir, una variable impuesta por el Ministerio que modifica al alza o a la baja las cuantías que recibe cada región. En el caso de las Islas, se traducirá en una pérdida de 12,4 millones de euros. La directora general de Dependencia del Gobierno canario, Concepción Ramírez, asegura que se enteró de este cambio y de sus consecuencias para el Archipiélago durante una reunión técnica: "Cuando nos entregaron el borrador vi este criterio, inventado por el Imserso, y fui la primera en oponerme porque creo que no debería ser así, hemos hecho un buen trabajo y aun así nos vemos perjudicados en el reparto", subraya.
Un presupuesto estancado
El Estado distribuye unos 780 millones entre las 17 comunidades autónomas. Esta cuantía no ha aumentado en los últimos años porque los Presupuestos Generales siguen prorrogados. Desde la Administración regional consideran que es el reparto es injusto porque, según explica Ramírez, hay territorios que, pese a que han tenido un desarrollo inferior al de las Islas, se mantendrán en la misma línea y no tendrán pérdidas.
Incertidumbre por lo que va a pasar
La directora general, tras conocer cómo quedarían las cuentas, solicitó que se retrasara la aplicación de este coeficiente reductor, como mínimo, hasta el próximo ejercicio, una petición que el Ministerio está valorando. A su juicio, este cambio tendrá un impacto importante en el presupuesto regional porque Canarias pasará a asumir prácticamente en solitario todas las nuevas altas. Por el momento, el equipo que coordina Ramírez seguirá trabajando en la misma línea: "Al menos hasta que nos digan que hay que parar".
Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, advirtió este martes durante el Pleno del Parlamento autonómico que, con este nuevo modelo de financiación, el Archipiélago será la región más perjudicada. “No estamos hablando de un ajuste técnico menor, sino de una injusticia grave que perjudica a las personas dependientes de Canarias; no estamos reclamando privilegios, sino justicia, legalidad y respeto para uno de los colectivos más vulnerables", defendió. Así, criticó que se esté "penalizando" a la comunidad que más está corrigiendo sus problemas: "Parece que cuando mejor lo hacemos, más trabas nos ponen desde fuera". Durante su intervención también anunció que no descarta acudir a los tribunales si el Estado mantiene este modelo de reparto.
La dependencia, una de las áreas peor paradas
A nivel nacional, la dependencia siempre ha sido el área social peor parada en cuanto a retrasos, listas de espera y gestiones deficientes. La situación en el Archipiélago no ha sido muy distinta: demoras de hasta dos años, miles de personas en un limbo –con grado reconocido y sin prestación– y numerosas quejas. Durante años, las Islas se instalaron en los últimos puestos del ranking, al ostentar algunos de los datos más negativos del país. En los últimos meses, en cambio, esta tendencia parece estar revirtiéndose, pues el ritmo anual de resolución de expedientes de Canarias es el que más ha aumentado de todo el país.
La última estadística del Imserso detalla que el Gobierno regional respondió a un 23,8% más de solicitudes que en el mismo periodo del año anterior. Bastante por delante de los siguientes puestos, que ocupan Galicia (16,7%) y Navarra (15,5%). Ramírez atribuye el acelerón del último año al Decreto 46/2025, aprobado en abril de 2025, que unifica todos los trámites -valoración del grado y resolución del Plan Individual de Atención (PIA)- en una única visita.
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