El Gobierno de Canarias cuadruplica la plantilla de las empresas públicas en 13 años

Las 14 empresas públicas dependientes del Gobierno de Canarias han cuadruplicado el número de empleados y el presupuesto de personal en los últimos 13 años pero sus trabajadores siguen manteniendo unas condiciones laborales desiguales, con diferentes convenios, estabilidad laboral y salarios y lejos todavía de los derechos que sí tienen los empleados públicos de la Comunidad Autónoma. De hecho quedaron fuera de los procesos de estabilización del personal interino que se han realizado desde 2022 y que están a punto de culminar, pese al elevado porcentaje de temporalidad que existe en la plantilla de las sociedades mercantiles.

Las empresas públicas sufrieron severos recortes de personal y presupuesto en la etapa más dura de la crisis económica. El sector público autonómico tocó fondo en 2014, con ajustes acumulados de los presupuestos cercanos al 40% y una plantilla que alcanzó los 1.235 empleados y un gasto en nóminas de 45 millones de euros. 13 años después, en 2026, las sociedades mercantiles cuentan con una plantilla de 4.415 trabajadores y un presupuesto de personal de 173,9 millones de euros, en ambos casos cifras que casi cuadruplican las de hace 13 años.

En este crecimiento exponencial del músculo de las empresas autonómicas destaca por encima de todas dos sociedades. Gesplan en 2014 contaba con una plantilla raquítica de 86 empleados, mientras que en 2026 hay 2.249 trabajadores y supone la mitad de toda la plantilla de las sociedades mercantiles autonómicas. También es significativo el caso de Radiotelevisión Canaria (RTVC), que hace 13 años contaba con 88 trabajadores y ahora son 453 empleados al integrarse en el sector público la plantilla que antes dependía de una productora privada.

Auge

Así las cosas y con un sector público en pleno auge, los representantes de las empresas autonómicas y algunas de las fundaciones públicas han impulsado una plataforma común con el fin de negociar con el Ejecutivo unas condiciones más igualitarias y homogéneas con el resto del personal laboral de la Comunidad Autónoma. Más personal y más presupuesto no están suponiendo que hayan mejorado las condiciones laborales, aseguran desde esta plataforma, que alerta de la existencia de desigualdades salariales y organizativas derivadas de la coexistencia de múltiples convenios, acuerdos parciales y decisiones unilaterales. Asimismo cuestiona la falta de participación de la representación legal de los trabajadores en los procesos estratégicos que afectan directamente al funcionamiento de las empresas públicas, entre ellos la estabilización que se negoció para los interinos de la Administración General pero que dejó fuera al personal del sector público pese a que en otras comunidades sí se integró en los procesos selectivos.

Andrés Hernández, uno de los portavoces de la plataforma, asegura que la principal aspiración de las negociaciones que se entablen con el Ejecutivo es que se unifiquen los distintos convenios colectivos existentes en uno solo, con el fin de homologar las diferentes condiciones laborales y salarios que tiene el personal. «La realidad es que se nos aplica las mismas normas que al personal laboral de la Comunidad Autónoma pero, sin embargo, no tenemos los mismos derechos laborales», señala el representante de la plantilla.