Otros cuarenta niños migrantes llegan a Canarias mientras las comunidades aprietan para frenar las derivaciones

Las costas canarias continúan recibiendo menores migrantes en un contexto marcado por la intención de varias comunidades autónomas de frenar las derivaciones hacia la Península. Mientras los datos del Ministerio del Interior apuntaban ayer a un descenso en las llegadas de pateras y cayucos a través de la ruta atlántica - considerada una de las más peligrosas y letales del mundo -, un cayuco con cuarenta menores a bordo fue rescatado al sur de El Hierro tras nueve días de travesía desde Gambia. Al menos 23 de los menores viajaban sin la compañía de un familiar adulto y otros 20 eran bebés. En total, la embarcación transportaba a 97 personas procedentes de Gambia, Guinea, Senegal y Sierra Leona.

Fue precisamente el elevado número de menores a bordo lo que llamó la atención del operativo de rescate. En términos porcentuales, representaban alrededor del 40% de las personas rescatadas: 22 chicas y 17 chicos, entre ellos cinco bebés lactantes. Según las primeras fichas elaboradas en el muelle, 23 de estos menores habrían llegado sin un adulto a su cargo, por lo que pasarán a estar bajo la tutela del Gobierno de Canarias: once chicos y doce chicas. Seis de los menores fueron trasladados al hospital de El Hierro, junto a tres de las 28 mujeres adultas que también viajaban en la embarcación.

La llegada de estos menores se produce en un contexto de tensión entre Administraciones por su traslado a la Península. Aunque desde la puesta en marcha de distintos mecanismos de derivación –como la disposición adicional para los chicos que ya se encontraban en las Islas antes de la declaración de contingencia migratoria o la vía exprés para quienes deben ser reubicados en un plazo máximo de 15 días al haber entrado en el territorio después de la contingencia– la presión sobre los centros de acogida del Archipiélago ha disminuido, varias comunidades autónomas siguen poniendo trabas a estos traslados. Entre ellas, destaca la posición de Madrid.

Canarias, la zona en la que más disminuyen las llegadas

Las comunidades gobernadas por el Partido Popular - excepto Canarias y Ceuta - ya dejaron clara su posición sobre el rumbo que debían tomar las reubicaciones tras la caducidad, el pasado 19 de marzo, del real decreto que permitía las derivaciones a la Península. Un año después de su entrada en vigor, no se han cumplido plenamente algunos de los objetivos fijados, como reducir el número de menores en centros de acogida de Canarias hasta los 2.211. En la actualidad, la cifra ronda los 3.000. Los gobiernos autonómicos del PP escenificaron además su rechazo a las derivaciones el pasado mes de abril al no acudir a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada para acordar un nuevo reparto de menores migrantes y que finalmente no pudo celebrarse por falta de quórum. Su postura quedó así evidenciada.

Aunque algunas comunidades autónomas han solicitado no acoger a estos menores, los traslados continúan. En el caso de los recién llegados a El Hierro sin un familiar, su salida hacia la Península se realizará a través del procedimiento exprés, que establece un plazo máximo de 15 días. Sin embargo, desde su puesta en marcha el pasado mes de agosto, este mecanismo ha sufrido retrasos y, en la práctica, los tiempos previstos han superado con frecuencia ese límite inicial.

Los traslados a la Península

Pese a que los recursos de las Islas continúan por encima de su capacidad ordinarde acogida, las llegadas por vía marítima mantienen su tendencia a la baja y han experimentado un descenso significativo. Más allá del cayuco en el que viajaban estos menores, Canarias es la zona donde más han caído las entradas irregulares: si hasta el 30 de abril de 2025 habían arribado 10.562 personas, en el mismo periodo de este año lo han hecho 2.276. También se ha reducido el número de embarcaciones, que pasa de 167 a 27.

Antes de que los menores puedan ser trasladados a otras comunidades, corresponde a la Policía y a la Fiscalía comprobar la edad de aquellos jóvenes cuya minoría no esté acreditada. Este proceso es, precisamente, uno de los que más incertidumbre genera, debido al margen de error de las pruebas. La determinación de la edad se inicia en la Fiscalía, donde se abren diligencias. A continuación, se practican pruebas médicas al menor, generalmente una radiografía de muñeca. Con estas imágenes se elabora un informe que evalúa un médico forense. Tras su valoración, el dictamen regresa a la Fiscalía, que emite la resolución final y la comunica al joven. Durante todo este procedimiento, y hasta que se determina si la persona es menor o mayor de edad, los chicos permanecen en centros de acogida del Gobierno de Canarias.

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