Canarias se planta ante el Estado: clamor para reformar la Ley de Costas y proteger las viviendas de los núcleos tradicionales

El litoral de Canarias vivió el pasado martes un movimiento legislativo sin precedentes. El Parlamento de Canarias ha aprobado una iniciativa para exigir al Gobierno de España la modificación urgente de la Ley de Costas de 1988. La propuesta nace tras décadas de conflicto administrativo y judicial que han puesto en jaque la permanencia de miles de viviendas en los núcleos tradicionales, afectados por una normativa estatal que, según los colectivos de afectados y los grupos parlamentarios, ignora sistemáticamente las singularidades geográficas y culturales de las islas.

La iniciativa sitúa a Canarias como el punto de partida de una reforma nacional necesaria para corregir los efectos de una ley calificada de "injusta", al no haber atendido en casi 40 años a la realidad social de un territorio donde la costa es el eje de su identidad.

Una alianza entre PP y PSOE para frenar el "calvario judicial"

En un escenario político poco habitual, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista (PSOE) han unido sus fuerzas para impulsar esta reforma. La propuesta, defendida por la diputada popular Jennifer Curbelo, puso el foco en el sufrimiento de las familias que han dedicado media vida a pleitear para salvar sus hogares. Curbelo denunció que la ley actual "dibuja líneas sin criterio" que generan una profunda inseguridad jurídica, subrayando que esta lucha no es una cuestión de siglas, sino de "justicia y coherencia".

Por su parte, el PSOE apoyó la medida, aunque introdujo una enmienda crítica. El diputado socialista Rafael Nogales defendió que, además de mirar a Madrid, el Gobierno de Canarias debe desarrollar sus propias competencias mediante una ley autonómica. Nogales recordó que la solución no llegará solo con "declaraciones de intenciones", sino con la ejecución de las herramientas que ya permite el Estatuto de Autonomía.

Consenso mayoritario para una Ley Canaria de Costas

La resolución final del Parlamento no solo apunta al Congreso de los Diputados, sino que establece una hoja de ruta para la autogestión del litoral. Con el respaldo de Nueva Canarias (NC), cuya diputada Carmen Hernández valoró el cambio de postura de los grandes partidos, y el resto de fuerzas de la Cámara, se acordaron los siguientes puntos:

• Reforma estatal prioritaria: Instar al Estado a que la Ley de 1988 reconozca la singularidad volcánica y social de Canarias.
• Transferencias plenas: Exigir que se complete de forma definitiva el traspaso de competencias en materia de Costas.
• Legislación propia: Impulsar una Ley Canaria de Costas que dote de estabilidad a los asentamientos históricos.

El desmarque de Vox y el fantasma de los derribos

A pesar de la sintonía general, la unanimidad se rompió en el punto relativo a la creación de una ley autonómica, donde Vox decidió votar en contra. El debate estuvo marcado por el recuerdo de demoliciones traumáticas, como las sufridas en la playa de Cho Vito, en Candelaria. Con esta acción parlamentaria, las Islas lanzan un mensaje contundente: la supervivencia de los núcleos costeros tradicionales es una línea roja que requiere un marco legal adaptado, moderno y, sobre todo, respetuoso con el arraigo de los canarios al mar.