Canarias consolida su Formación Profesional pública frente al debate nacional sobre centros privados

La Formación Profesional (FP) en Canarias consolida su carácter público mientras se abre paso un debate a nivel nacional relacionado con la regulación de la oferta privada. En el Archipiélago, cerca del 90% de las matrículas actuales se corresponden a centros públicos; sin embargo, la expansión del sistema convive con una vigilancia creciente sobre la calidad, especialmente en la modalidad a distancia. Es precisamente por este último aspecto que el Gobierno de España ha adelantado su intención de impulsar un real decreto este mismo año que endurezca las condiciones para la apertura de centros privados y monitorice la formación que se ofrece.

En Canarias, existe un incremento sostenido del alumnado de este tipo de enseñanzas, tanto en los centros públicos como privados, aunque también se observan diferencias significativas en lo relacionado con la magnitud, el territorio y el progreso. En los centros privados, la matrícula total ha pasado de los 5.282 alumnos en el curso 2022-2023 a 5.508 en 2025-2026, lo que supone un incremento del 4,28%. Sin embargo, este crecimiento no es homogéneo ya que en Tenerife se ha experimentado un aumento del 7,59% (de 2.477 a 2.665 alumnos), mientras que en Lanzarote supone un 85,89%, aunque se partía de cifras más reducidas. En contraste, en Gran Canaria se ha vivido un leve descenso del 3,97%.

Red pública

Por su parte, la red pública aparece como la predominante en Canarias y ha crecido de forma sostenida durante cuatro cursos académicos, pasando de los 42.788 estudiantes en 2022-2023 a los 46.166 del presente año, lo que representa un incremento del 7,89%. Tenerife lidera una vez más el volumen absoluto, con casi 20.000 alumnos matriculados, seguida de Gran Canaria con más de 19.000. No obstante, en islas como El Hierro o La Palma también se ha producido una expansión significativa que responde a la mejora de la oferta y a la necesidad de garantizar esta formación en territorios fragmentados como es el caso de las islas.

Este peso mayoritario de lo público es, explica el viceconsejero de Formación Profesional de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, Francisco Rodríguez Machado, una garantía de estabilidad en el sistema. «En Canarias no hay peligro ni temor respecto a la enseñanza privada, porque está perfectamente integrada», explica, aunque subraya la necesidad de regulación, especialmente en el ámbito de la FP a distancia, donde se han detectado problemas puntuales.

Centros privados

El principal escollo radica en la proliferación de centros privados que priorizan el negocio frente a la calidad formativa. «Se han dado circunstancias ilógicas, como alumnos que viven en Italia y cursan Higiene Bucodental en centros de Barcelona. Es imposible que de ese modo tengan una formación adecuada porque no existe la práctica real», apunta Machado quien añade que este tipo de situaciones evidencian las lagunas de un sistema que, hasta ahora, ha permitido una apertura amplia de centros sin controles lo suficientemente estrictos.

La FP es una enseñanza eminentemente práctica. Por ello, la modalidad a distancia debería estar orientada a personas que ya están integradas en el mercado laboral y que buscan obtener una titulación oficial que acredite su experiencia. «Ese es el objetivo con el que debe diseñarse la formación a distancia», expresa el viceconsejero.

Blindaje

Es precisamente en este contexto en el que el Ejecutivo central plantea blindar la calidad del sistema ante el crecimiento de la oferta privada, donde actualmente estudia el 21,1% del alumnado a nivel nacional. El futuro real decreto impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez establecerá límites más estrictos para la apertura de nuevos centros y exigirá estándares más elevados en instalaciones, profesorado y conexión con el tejido productivo.

Esta medida se alinea con una estrategia más amplia –tanto del Gobierno de España como del Ejecutivo regional– que busca reforzar la FP como una vía real de inserción laboral. De hecho, en Canarias, la Administración autonómica ya aplica mecanismos de supervisión, puesto que todo centro privado que desee impartir FP debe superar filtros previos y está obligado a seguir los currículos oficiales establecidos por el Gobierno autonómico. Además, queda sujeto a la inspección educativa en caso de reclamaciones. «No tenemos un problema estructural en Canarias, pero creemos que es importante regular para garantizar la calidad», señala Machado, quien coincide de este modo con la propuesta nacional, que percibe esta nueva norma como una medida preventiva más que correctiva.

Insularidad

En cualquier caso, el crecimiento de la FP en las Islas responde, además, a una estrategia de adaptación territorial ya que la fragmentación geográfica obliga a ofrecer una formación diversa y flexible que permita a los estudiantes acceder a estudios sin necesidad de desplazarse fuera de su isla. En este sentido, la FP a distancia juega un papel clave y por eso es tan importante mantenerla bajo criterios rigurosos.

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias trabaja, así, para «reconducir» esta modalidad y que llegue a quienes realmente la necesitan. «Queremos que la reciban las personas adecuadas, principalmente aquellas que ya están en el mercado laboral y buscan completar su formación», explica Machado, quien añade que también trabajan para aumentar la oferta pública con nuevas plazas, ciclos y mejoras en infraestructuras, puesto que, en un territorio como el canario, la FP es clave para el desarrollo económico y la cohesión social.

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