Canarias sube sueldos: 5.000 trabajadores del sector de menores cobrarán hasta 1.400 € más al año
El Gobierno activa en abril de 2026 un plus de residencia de unos 100 euros mensuales para un colectivo clave, mayoritariamente femenino, tras años de reivindicaciones
Save the Children dará apoyo a la implementación del nuevo modelo de atención a menores víctimas de violencia sexual . La ONG Save The Children será la entidad encargada de dar apoyo a la implementación del modelo Barnahus en Baleares, un nuevo sistema integral de atención, intervención y protección a niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. POLITICA CAIB / CAIB / Europa Press
El Gobierno de Canarias ha dado un golpe sobre la mesa en materia laboral: cerca de 5.000 trabajadores del sector de atención a menores empezarán a cobrar un plus de insularidad de unos 100 euros al mes, lo que supone hasta 1.400 euros más al año.
La medida, que se aplicará de forma inmediata en nuevas licitaciones públicas, afecta a un colectivo donde el 80% son mujeres y que lleva más de una década reclamando mejoras salariales.
Un plus histórico tras 15 años de lucha
El acuerdo, firmado por el presidente Fernando Clavijo junto a la consejera Candelaria Delgado y representantes sindicales, desbloquea una reivindicación histórica del sector.
Desde UGT y Comisiones Obreras celebran el avance como un punto de inflexión tras 15 años de presión, destacando que el impacto será directo en miles de familias en un contexto económico complicado.
Más sueldo para atraer personal y frenar la fuga
El Ejecutivo autonómico reconoce que el sector vive una alta demanda de profesionales y dificultades para cubrir plazas, especialmente en un contexto marcado por el aumento de la presión asistencial.
Con este plus, Canarias busca retener talento, mejorar la estabilidad laboral y hacer más atractivo el trabajo en cuidados, uno de los pilares sociales del archipiélago.
Clave en contratos públicos: no más “low cost” laboral
Una de las claves del cambio es que el complemento será obligatorio en los pliegos de contratación pública, evitando que las empresas compitan solo bajando precios a costa de los trabajadores.
Clavijo lo resumió como una cuestión de “coherencia”: si se exigen mejores condiciones al sector privado, estas deben reflejarse también en las contrataciones públicas.
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