El ‘business’ sanitario de las cárceles de Canarias: factura de 4.000 euros por atender a partos

La situación de la sanidad penitenciaria en Canarias ha alcanzado un punto de «precariedad brutal» que está derivando en consecuencias trágicas -dos muertes documentadas en cuatro años- y un gasto público injustificado. Desde Comisiones Obreras Prisiones denuncian que la negativa a asumir las competencias sanitarias por parte del Servicio Canario de la Salud (SCS) responde a intereses económicos y políticos que convierten la atención médica de los reclusos en un auténtico business.

Cifras alarmantes

Laura Rodríguez, representante de la Ejecutiva Nacional de CC OO Prisiones destinada en Canarias, expone cifras alarmantes sobre lo que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Estado, dependiente del Ministerio del Interior, paga a la Comunidad Autónoma por servicios externos ante la falta de medios propios en los centros.

4.000 euros por parto

Los datos que ha recabado a través de su portal de transparencia muestran que el traslado de un interno en ambulancia supone un coste de 160 euros (80 por el trayecto de ida y 80 por el de vuelta), indica la representante de CC OO. Situaciones comunes como un parto pueden ascender a los 4.000 euros, y casos de intervenciones complejas, como un trasplante de riñón, han llegado a costar 80.000, afirma la representante sindical. Estos costes no los pagan los internos, evidentemente, sino las arcas públicas estatales.

Competencias en sanidad penitenciaria

El caso, remarca, es que si la sanidad autonómica asumiera las competencias, como establece la ley, se darían mejores prestaciones a la población reclusa que, una vez ingresa en prisión, queda en manos de la sanidad penitenciaria, dependiente del Estado, con verdaderos problemas para atender a los presos.

La reivindicación de CC OO, colectivos sociales y otros sindicatos como Tu abandono me puede matar (Tampm), de que Canarias asuma las transferencias en sanidad penitenciaria, no es nueva, sino que se basa en un incumplimiento sistemático por parte de los sucesivos gobiernos. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud ya establecía hace más de veinte años la obligatoriedad de transferir la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, un mandato que ha sido ignorado durante más de dos décadas.

Estatuto de Autonomía de Canarias

En el caso específico de las islas, el Estatuto de Autonomía de Canarias de 2018 recoge además en su artículo 151 la transferencia de las competencias en materia penitenciaria.

La negativa de las comunidades autónomas a asumir estas competencias -solo las han acogido el País Vasco, Cataluña y Navarra- se basa, según Laura Rodríguez, en el elevado gasto que conlleva y en la deuda que Instituciones Penitenciarias mantiene con los servicios de salud regionales.

«No quieren las transferencias porque Instituciones Penitenciarias debe dinero a las comunidades autónomas» por los servicios que presta a los presos, explica, señalando que la falta de voluntad política perpetúa un sistema que excluye a la población reclusa del Servicio Canario de Salud, en el caso de Canarias.

Falta de personal médico en las cárceles

La falta de personal médico en las cárceles canarias es crítica. En el centro de Juan Grande (Gran Canaria), actualmente hay «cero médicos», siendo un subdirector médico quien realiza tareas de telemedicina. En Tahíche (Lanzarote) solo hay un facultativo, mientras que en Tenerife la cifra se reduce a tres para una población reclusa de 1.000 personas. Si bien en Salto del Negro (Las Palmas I) la situación ha mejorado puntualmente con la incorporación de cuatro médicos, la tónica general ha sido el abandono durante años, explica.

Plazas vacantes que no se cubren

Las plazas vacantes no se cubren porque los médicos cobran menos que en la sanidad pública, indica. Esta carencia de facultativos está provocando una sobrecarga "ilegal" en el cuerpo de enfermería, afirma la representante de CC OO. La administración ha modificado las funciones de los enfermeros sin negociación alguna, obligándoles a tomar decisiones clínicas críticas para las que no están facultados, asevera.

Falta de psiquiatras

La falta de psiquiatras es, además, el detonante de la mayoría de las agresiones que sufren los trabajadores penitenciarios, ya que no se puede atender adecuadamente la salud mental de los internos, uno de los mayores problemas hoy en día en los centros hospitalarios.

Desconexión con el SCS

La paradoja es la desconexión informativa entre la cárcel y la calle. Laura Rodríguez explica que, en el momento en que una persona entra en prisión, deja de pertenecer al Servicio Canario de Salud, incluso si es una trabajadora que cotiza a la Seguridad Social de la Comunidad. Mientras está recluida (ya sea de forma preventiva o condenada), su salud pasa a depender exclusivamente de Instituciones Penitenciarias, pero una vez que el interno «pone un pie en la calle», vuelve a entrar automáticamente en el sistema sanitario regional.

Esta desconexión provoca «un doble gasto y una falta de coordinación», ya que ni siquiera se cruzan los datos ni las historias clínicas entre ambos sistemas. Debido a que los presos están fuera del sistema público canario, el SCS cobra a Instituciones Penitenciarias por cada servicio prestado como si se tratara de un extranjero o de sanidad privada. Afirma que se cobra por absolutamente todo.

Más de medio millón de euros por servicios a internos

Según sus datos, el gasto total registrado por el Servicio Canario de la Salud en la atención a la población reclusa en un año, hasta octubre de 2024, asciende a 625.833 euros. Este monto refleja principalmente los costes derivados de hospitalizaciones prolongadas y consultas especializadas para los internos, donde destacan facturas individuales de gran cuantía que superan los 20.000 euros y 25.000 euros.

Además de la asistencia hospitalaria, el gasto incluye una logística operativa constante en servicios de ambulancias, tanto de soporte vital básico como traslados no urgentes, que suman un total de 18.181 euros por los movimientos entre los centros penitenciarios y el hospital de referencia. Dentro de esta logística, destaca por su frecuencia el traslado diario de muestras de sangre para analíticas, lo que supone un goteo económico continuo en la facturación.

Plataforma civil

En resumen, la representante denuncia que se está desmantelando un derecho fundamental. Sindicatos y distintos colectivos sociales que están creando una plataforma civil llaman al Gobierno canario para que se siente a negociar las transferencias de forma efectiva, tal y como indica la ley.

Instituciones Penitenciarias no paga

Desde el Servicio Canario de la Salud confirman que se factura a Instituciones Penitenciarias por asistir a los internos, pero no les pagan.

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