Los cabildos temen que el decreto canario anticrisis merme sus ingresos

Los cabildos canarios avalaron este martes el decreto anticrisis del Gobierno que preside Fernando Clavijo, pero con cautela. El dato que más inquieta a las corporaciones insulares es que el impacto de la caída de la recaudación del Impuesto General Indirecto canario (IGIC) sobre el llamado Bloque de Financiación afecte a sus ingresos, máxime cuando el viceconsejero de Hacienda, Gabriel Megías, situó esa merma en un 0,6% hasta el 30 de junio y en un 1,4% si las medidas se prolongan todo el año.

No es un asunto baladí para los cabildos, porque el 58% de lo que se recauda por este impuesto les corresponde a las entidades locales, y así lo señalaron los vicepresidentes de La Gomera, Adasat Reyes, y de Tenerife, José Miguel Ruano, que incluso demandó que el Ejecutivo de Clavijo mantenga reuniones sectoriales con ellos para hacer un seguimiento de la crisis, de manera que las corporaciones insulares conozcan con precisión la incidencia de unas medidas que afectan directamente a sus presupuestos y, además, abordar un posible desabastecimiento de queroseno que afectaría de lleno al motor económico del Archipiélago.

Como recordó el viceconsejero, el decreto moviliza unos 29,5 millones de euros hasta junio, cifra que superaría los 61 millones si se prorrogara durante todo el año. Entre las medidas más destacadas figuran la reducción al 0% del IGIC en los combustibles, el tipo cero para alimentos básicos como la sal, la mantequilla y el café, la ampliación del límite de exención para autónomos y pymes, el aumento de la devolución del impuesto sobre combustibles a transportistas y ayudas directas por 7,2 millones para la industria y el sector primario.

Flexibilizar la regla de gasto

Junto a este reparo, los cinco cabildos presentes -Gran Canaria y Lanzarote no mandaron representantes- pusieron sobre la mesa varias exigencias, aunque la más repetida fue la flexibilización de la regla de gasto para poder responder con más margen financiero -hasta 1650 millones adicionales calcula el Ejecutivo- a una crisis que golpea con especial dureza a Canarias por su lejanía, su fragmentación territorial y su dependencia exterior.

La vicepresidenta de El Hierro, Ana González, fue la más crítica al decreto al asegurar que es insuficiente y reclamar un verdadero plan anticrisis -en clara sintonía tanto con el PSOE como con NC-, y la de La Palma, Miriam Perestelo, pidió sensibilidad territorial por el peso de la doble insularidad y por su situación aún condicionada por la reconstrucción tras el volcán Tajogaite.

Tramitación como ley

Por lo que respecta a los grupos parlamentarios, el portavoz de CC, José Miguel Barragán, sugirió revisar el decreto una vez finalicen el 30 de junio los cien días de duración de las medidas de alivio fiscal, mientras que Luis Campos (NC-Bc) y Gustavo Santana (PSOE), reiteraron que apoyarán la convalidación en el Parlamento el próximo 29 de abril, pero insistieron en reclamar que se tramite como proyecto de ley para incluir las medidas de "escudos más social" que propusieron a Clavijo y que no se tuvieron en cuenta.

De momento, esta posibilidad no es contemplada ni por el Gobierno ni por los cuatro grupos que lo apoyan.

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