Las ayudas a Canarias por la borrasca Therese: 186,8 millones de euros en subsidios a adjudicar, a más tardar, en diciembre

El Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, mantuvo este lunes una reunión en la Delegación del Gobierno en Canarias para informar sobre las líneas de ayuda activadas para reparar los daños provocados por la borrasca Therese. Los ayuntamientos cifran los daños totales en 186,8 millones de euros: 108,6 en la provincia de Las Palmas y 78,2 en la de Santa Cruz de Tenerife, a falta de la valoración pericial encargada por el Gobierno central.

Torres afirmó que la visión de la administración del Estado es que "todo el proceso administrativo debe concluir en el año 2026", por lo que los plazos de adjudicación de los subsidios tienen, como máximo, hasta diciembre: tres meses después de la resolución final, prevista para octubre. "El Gobierno está intentando que se haga con la mayor premura posible", remarcó el ministro.

Tras la cita, Delegación del Gobierno y Ministerio concretaron que se contemplan ayudas para daños en viviendas y enseres; gastos de emergencia de los ayuntamientos; para reparación de infraestructuras municipales y la red viaria (en este caso, el Gobierno de España abonaría un mínimo del 50% de los costes de reconstrucción, a menos que se traten de obras de emergencia, en cuyo caso, abonaría la totalidad); un sistema de ayudas del Consorcio de Compensación orientado a bienes materiales dañados; exenciones fiscales y ayudas al sector primario. La mayor parte de las cuantías, según Torres, no corresponden a obras de emergencia, "que son de apenas de 1 millón de euros".

La borrasca provocó intensas precipitaciones, fuertes rachas de viento y fenómenos costeros adversos, que causaron inundaciones, desprendimientos y graves afecciones en carreteras, servicios básicos y equipamientos públicos. 124 personas fueron desalojadas y la estimación inicial de los daños en infraestructuras es de 185,8 millones de euros, cifra que alcanza los 186,8 millones de euros si añadimos los gastos en emergencia, especificó el ministro.

Plazos administrativos

La apertura de la convocatoria pública para solicitar las ayudas está prevista, contó el ministro, para el 7 de junio, y el Gobierno contará con cuatro meses para emitir la resolución, es decir, hasta octubre. Una vez resuelta la petición, tendrán "un máximo de tres meses" para adjudicar las subvenciones, excepto en el caso de las obras de emergencia.

Las ayudas que dependen del Ministerio de Política Territorial son las referentes a los daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial, de las que el Gobierno de España adelanta el 85% y subvenciona el 50% del coste total de reparación. Ángel Víctor Torres añadió que además, en esta ocasión, “las entidades locales podrán recurrir a las Inversiones Financieramente Sostenibles de 2024 para sufragar su parte (el otro 50% del coste de reparación)”.

"Se ha activado un amplio paquete de ayudas desde varios ministerios, que se están tramitando ya de la forma más ágil y acortando los plazos con el objetivo de restaurar cuanto antes las infraestructuras dañadas y apoyar a las personas y sectores afectados”, remarcó el ministro, haciendo referencia a la inclusión de Canarias en la declaración de Zona Gravemente Afectada en el Consejo de Ministros del 7 de abril.

Procedimiento y coberturas

El proceso administrativo ya se ha puesto en marcha desde la Delegación del Gobierno, con la solicitud a los ayuntamientos de la evaluación de daños, que tiene un plazo de respuesta de un mes, es decir, hasta el 7 de mayo, donde podrán incluir todos los daños especificados por el ministro. Posteriormente, el Ministerio verificará las estimaciones y solicitará un crédito extraordinario al Ministerio de Hacienda. La convocatoria de ayudas tendrá que ser aprobada por el Consejo de Ministros y publicada. A partir de ahí, los ayuntamientos dispondrán de un mes para presentar sus proyectos detallados.

La declaración de Canarias como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil permite activar ayudas estatales complementarias para compensaciones por fallecimiento o incapacidad; por daños en vivienda y enseres; para comunidades de propietarios; para apoyo económico a corporaciones locales; para establecimientos industriales, comerciales y de servicios; para el sector primario; y medidas fiscales, laborales y de Seguridad Social.

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