Vida o muerte en las cárceles de Canarias: la sociedad civil alza la voz ante el abandono sanitario

La crisis de la sanidad penitenciaria en Canarias ha salido de los muros de las prisiones y ha tomado forma en una movilización cívica que denuncia lo que considera un abandono estructural. Asociaciones sociales, junto a profesionales sanitarios y sindicatos, exigen que el Gobierno de Canarias asuma las transferencias de la sanidad en las cárceles porque, según sostienen, se trata de una cuestión de vida o muerte.

La reivindicación no es nueva. La Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud estableció que en un plazo de 18 meses la atención sanitaria a las personas privadas de libertad debería integrarse en los sistemas de salud de las comunidades autónomas, con el objetivo de garantizar una asistencia equivalente a la del resto de la población. Sin embargo, más de veinte años después de su aprobación, solo Cataluña, Navarra y el País Vasco han asumido estas competencias sanitarias en el ámbito penitenciario.

Coste de los traspasos

A pesar de que la ley obliga a su integración en los servicios autonómicos de salud, la falta de acuerdo sobre el coste del traspaso ha llevado a un escenario donde el Ministerio del Interior sigue gestionando la sanidad en la mayoría de centros, recurriendo en ocasiones a la sanidad privada por falta de personal. Las vacantes no se cubren porque los médicos cobran en torno a 1.000 y 1.500 euros menos que sus compañeros en la sanidad pública y no es un destino atractivo, indican desde las organizaciones sindicales penitenciarias.

También, en la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias de 2018, el artículo 151 recoge que la comunidad autónoma puede asumir competencias en las prisiones. Sin embargo, las demandas de traspasos del Gobierno de Canarias se están centrando en otros ámbitos, como la cogestión de los aeropuertos o el desarrollo del Régimen Económico y Fiscal (REF), mientras que las cárceles no han sido objeto de esa 'proclama' que abandera el Ejecutivo canario sobre que quiere el máximo autogobierno. La asunción de competencias de las cárceles es un tema delicado y las comunidades dudan de que el traspaso venga acompañado de los fondos necesarios por parte del Estado.

Una plataforma cívica pide las transferencias

Los colectivos y sindicatos sostienen que este retraso en las transferencias tiene consecuencias directas en la atención sanitaria dentro de los centros penitenciarios españoles que no han asumido las competencias. De hecho, en Canarias dos muertes bajo custodia —una en Tenerife y otra en Gran Canaria— han actuado como el detonante de una reacción social que ya no se limita a la denuncia moral, sino que impulsa una plataforma cívica para exigir las transferencias, promovida por la Asociación Intercultural Orahan, en Tenerife, y la Asociación Rehoyando, en Gran Canaria, que están recabando adhesiones para esta 'cruzada'.

Muerte de un nigeriano en Tenerife II

Uno de los casos que ha encendido la alarma fue el de Simon Cajetan Adu Okole, un interno de origen nigeriano que falleció en diciembre de 2025 en la prisión de Tenerife II. Según la queja presentada ante el Defensor del Pueblo por la asociación Asdepres (Asociación de Derecho Penitenciario), a través de un allegado del interno, ante la ausencia de familiares directos en España que pudieran iniciar acciones, los hechos se desarrollaron en las semanas previas a su fallecimiento. A finales de noviembre de 2025, el interno solicitó ser atendido por el servicio médico debido a una fuerte congestión respiratoria. Su estado de salud empeoró con el paso de los días.

Golpear las puertas para pedir ayuda

La noche del 19 de diciembre de 2025, Simon activó el timbre de alarma de su celda al encontrarse en mal estado de salud, según consta en la queja presentada. No recibió respuesta y, ante la situación, otros internos comenzaron a golpear las puertas del módulo y a pedir ayuda.

La escena se repitió durante la noche del 20 al 21 de diciembre de 2025, recoge el mismo documento. En la mañana del 21 de diciembre de 2025, en el horario del desayuno, Simon fue trasladado en silla de ruedas desde su celda hasta el servicio médico del centro penitenciario, donde falleció.

Falleció antes de la consulta externa programada

Fuentes penitenciarias indican, por su parte, que el interno no activó el timbre de alarma y que tenía una consulta médica externa programada para días posteriores, pero lo cierto es que falleció antes de que pudiera ser atendido.

El caso de Moisés Santana, en Gran Canaria

En Gran Canaria, el caso de Moisés Santana ha llegado a los tribunales tras la denuncia presentada por su familia. Según la Fiscalía, el 7 de noviembre de 2023 comenzó a sufrir fuertes dolores en el pecho compatibles con un infarto y, dos días después, tras ser atendido en la enfermería del centro penitenciario Las Palmas II (Juan Grande), fue devuelto al módulo y posteriormente enviado a una celda de aislamiento.

El 9 de noviembre fue hallado muerto. Un informe médico atribuyó la causa a un infarto agudo de miocardio no tratado. El Ministerio Público ha solicitado cuatro años de prisión para el médico por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave profesional.

Carencias de personal médico en las cárceles

Estos dos fallecimientos han reforzado la petición que los sindicatos, colectivos sociales y profesionales llevan haciendo desde hace años ante las carencias de personal en la asistencia penitenciaria y la necesidad de que el Gobierno de Canarias asuma las competencias en sanidad, tal como prevé la ley desde hace más de dos décadas, y el Estatuto de Autonomía.

Tu abandono Me Puede Matar

Los sindicatos Tampm (Tu Abandono Me Puede Matar) y CCOO en prisiones señalan que una persona privada de libertad no tiene en la práctica los mismos derechos sanitarios que una persona que reside en la misma comunidad autónoma fuera de prisión. Según indican, en el centro penitenciario de Tenerife II la plantilla médica debería ser de ocho médicos, pero actualmente hay tres en activo para atender a una población aproximada de 1.000 internos. En determinados turnos, el servicio puede quedar reducido a dos facultativos.

Cárcel de Juan Grande, en Gran Canaria

En el centro penitenciario Las Palmas II (Juan Grande), la población reclusa ronda los 900 internos y solo hay un médico que realiza sus funciones exclusivamente mediante teletrabajo o telemedicina por su estado de salud, exponen.

Si se transfirieran las competencias, como establece la ley de 2003, la Consejería de Sanidad estaría obligada a dotar a las prisiones con el personal presencial necesario y podría solucionar, entre otras muchas cuestiones, el grave "vacío" de información, porque los expedientes del Servicio Canario de Salud no están vinculados a los de los centros penitenciarios.

Sin cruce de datos de los expedientes médicos

La transferencia permitiría un cruce de datos esencial para que, al ingresar un interno, el personal sanitario conozca sus patologías crónicas o tratamientos psiquiátricos previos, evitando tener que empezar diagnósticos desde cero.

¿Sobredosis o suicido?

También se evitaría la situación actual ante la falta de personal los fines de semana. Es una práctica común entregar a los internos toda la medicación de tres días junta el viernes (conocido como el "paquete del viernes"). Esto genera un alto riesgo de sobredosis o incluso de un posible suicidio, ya que internos con adicciones o problemas mentales pueden recibir hasta 18 pastillas de una vez, indican los sindicatos.

La transferencia de competencias permitiría organizar repartos diarios y un seguimiento real de las pautas médicas. Es más, se estima que aproximadamente el 75% de los internos padece algún tipo de patología, concentrándose la mayoría en problemas de salud mental, drogodependencia o adicciones.

Colapso en los hospitales

La carencia de médicos en las cárceles obliga asimismo a derivar cualquier urgencia a hospitales públicos. Por la ley de seguridad, los presos tienen prioridad de paso en urgencias, lo que paraliza la atención de otros ciudadanos y satura los servicios externos, añaden desde Tampm.

Los defensores de que Canarias asuma las transferencias en la sanidad penitenciaria argumentan que no es una opción política, sino una obligación para garantizar la igualdad de derechos en la asistencia sanitaria.

Consejería de Sanidad a Interior

Por su parte, la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha trasladado la preocupación de los sindicatos al Ministerio del Interior para conocer cómo tiene previsto solucionar la situación de la prestación sanitaria en los centros penitenciarios del Archipiélago.

Más médicos, pero transferencias aún no

Según la respuesta del Ministerio, se prevé cubrir las plazas vacantes de personal médico, indica la Consejería. Pero el Gobierno regional no va a pedir, por el momento, la transferencia en sanidad penitenciaria al Estado.

Suscríbete para seguir leyendo