Catorce personas, ocho dormitorios y 3.700 euros por una vivienda en condiciones de hacinamiento

En un humilde barrio de Tenerife, escondida entre calles estrechas, se alza una vivienda que parece normal a ojos de un transeúnte cualquiera. Solo la delata la puerta principal y, a medias, un hilo de luz que se cuela por una persiana rota, casi vencida, y por un techo de metal agujereado que, en los días de lluvia, deja caer goteras por las paredes. Al entrar, un pasillo estrecho, con forma de ese, conduce a unas habitaciones abiertas y desemboca, al fondo, en una cocina solitaria, antigua y obsoleta. Allí, entre paredes sin pintar y puertas que no cierran del todo, conviven hacinadas catorce personas de distintas nacionalidades. 

Ellos son ocho senegaleses, cuatro malienses, un gambiano y un marfileño, obligados a compartir un baño de menos de dos metros cuadrados y una cocina de apenas un metro de largo, equipada con un único hornillo y una encimera reducida a dos palmos. A mitad del corredor, una nevera se sujeta con una cuerda para evitar que la puerta se abra y que los alimentos se echen a perder; junto a ella, una lavadora oxidada a causa de las filtraciones, que prolonga, en sumo silencio, la precariedad de la casa.

Un alquiler de 3.700 euros

De los ocho dormitorios, seis están ocupados de forma compartida y el resto son individuales. Los dos jóvenes que duermen de manera solitaria pagan al dueño de este alojamiento 420 euros cada uno, y el resto, los otros doce, 450 euros por cada habitación. Asimismo, cada cuarto debe pagar 20 euros de limpieza, que, en suma, son otros 160 euros. En total, el propietario recibe a final de mes 3.700 euros de las catorce personas. Una cifra que no invierte de nuevo para mejorar las condiciones de vida de sus inquilinos. «Este señor —el casero— tiene dos viviendas más como esta», cuentan algunos de los africanos. 

Ibrahima (nombre ficticio para preservar la identidad de los residentes en esta vivienda) tiene 19 años y es uno de los residentes del piso desde agosto de 2025, hace más de nueve meses. Se crió en el interior de Senegal, concretamente a las afueras de Touba, y tras la muerte de su padre decidió emigrar, en marzo de 2024, hacia Canarias. Desde entonces, vivía en un centro de menores de la isla de Tenerife. «Empecé a trabajar a los 12 años cultivando legumbres porque mi familia no tenía mucho dinero. En una temporada ganábamos 100.000 FCFA (150 euros). Era muy poco, necesitaba marcharme y ayudar a mis hermanos», recuerda. 

«No sabíamos adónde ir. No tenemos familiares en España»

Ousmane

— Residente de la vivienda

Su compañero de habitación, Ousmane, es también senegalés. Al llegar a Canarias permaneció en un centro de menores durante un año y siete meses. Había decidido quedarse en Tenerife porque veía en la isla «un lugar donde tener una vida mejor, aprender y poder construir un futuro». Pese a ello, al cumplir los 18 años, se encontró con las dificultades que afrontan muchos extutelados al carecer de una alternativa habitacional garantizada. Consiguió una entrevista para optar a un hogar para mayores, pero competían 28 jóvenes por solo siete plazas y él no fue uno de los elegidos. «Fue muy difícil, muchos empezamos a ser adultos al mismo tiempo y no sabíamos adónde ir. No tenemos familiares en España», explica. 

Discriminación en el acceso a la vivienda

Ibrahima y Ousmane ya se conocían del centro de menores. El primero en cumplir la mayoría de edad fue Ibrahima, que tuvo que abandonar el recurso antes que su amigo, que ya había sido rechazado en la entrevista. «Tuve una semana para encontrar una casa; no me dieron ninguna opción ni un lugar adonde ir», relata el toubiense. En esa situación, ambos acabaron buscando alojamiento juntos y encontraron una vivienda en la zona metropolitana. «Lo único que conseguimos», prosigue Ibrahima, «fue un sillón compartido por 650 euros al mes; era muchísimo, pero no había adónde ir».

«Nos habían engañado. Yo quería denunciar, pero no sabía como hacerlo y prefería no meterme en problemas»

Ibrahima

— Residente de la vivienda

Sin embargo, a las dos semanas, cuando encontraron algo más asequible, que no mejor, la dueña del piso no quiso devolverles la fianza. «Nos habían engañado. Yo quería denunciar, pero no sabía como hacerlo y prefería no meterme en problemas», continúa el primero de los senegalés. Ambos jóvenes terminaron perdiendo 450 euros de fianza, más 650 euros de entrada al alojamiento, pese a no haber dormido más de quince días allí. 

Ambos africanos conocieron su actual lugar de residencia «gracias a algunos amigos que ya vivían allí». Por ende, decidieron hablar con el propietario para ver si tenía un lugar donde residir. Así fue como descubrieron la Kër gu bayyi —algo así como la casa abandonada en wólof—, el nombre que ellos mismos le ponen al piso en forma de burla. Ahora bien, «hay veces», señala Ousmane, «que tenemos que compartir las habitaciones con más de dos personas, llegando a alojarse, incluso, más de catorce en toda la casa». 

El riesgo de quedarse sin hogar

Otro de los chicos que vive en ese piso, Seydou, está «muy cansado de la situación». Al igual que sus compañeros, él migró a Canarias desde Bargny, un pueblo pesquero a las afueras de Dakar, para «buscar un futuro mejor». Lo que no sabía es que, al llegar al archipiélago, iba a «tener tantos problemas para encontrar una vivienda». «Estuve casi dos años en un centro de menores. Yo estudiaba e hice muchos cursos: de mozo de almacén, de camarero de sala, de reponedor de supermercado…, pero de un día para otro, sin haberme dicho nada antes, me dijeron que tenía que buscarme un sitio al que mudarme porque dejaba de ser menor», rememora.

«No sabía qué hacer. No tenía dinero y, encima, tampoco trabajo. Es uno de los peores recuerdos de mi vida» 

Seydou

— Residente de la vivienda

La situación para Seydou, lamenta, «fue horrorosa y frustrante». Es más, llegó a pensar que se quedaba en situación de calle. «No sabía qué hacer. No tenía dinero y, encima, tampoco trabajo. Es uno de los peores recuerdos de mi vida», confiesa. Ante eso, no le quedó otro motivo que esconderse en la habitación de un amigo, en un piso alquilado, sin que el dueño de esa vivienda se enterara. Después de eso, tras varias búsquedas y gracias a compatriotas africanos, consiguió tener, por fin, un lugar en el que alojarse, aunque las condiciones fueran «horribles». «El problema», reconoce, «no es residir con otras trece personas, al contrario, me gusta vivir con gente; lo malo es que convivimos en una casa que parece que está abandonada».

El sistema de tutela de menores en España

En España, los menores que llegan de forma irregular sin estar acompañados por un adulto pasan a estar bajo la tutela de la administración autonómica. No obstante, cuando alcanzan la mayoría de edad, ese amparo que les brinda, en este caso, el Gobierno de Canarias, finaliza. Por ello, siguiendo la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, al ser considerados adultos deben abandonar el sistema de acogida infantil. Actualmente, en el archipiélago hay 3.337 menores tutelados por el Ejecutivo canario.

Muchos de estos jóvenes, en los meses previos a convertirse en adultos y a sabiendas de su incierto destino, se ven obligados a abandonar sus estudios para incorporarse al mercado laboral y, así, tener más facilidades a la hora de buscar un nuevo lugar de acogida. «Cuando aprendí algo de español», admite Ibrahima, «hice varios cursos: de reponedor, de camarero, de cocina y de carretillero, por si trabajaba en un supermercado; pero tuve que dejarlo porque tenía que conseguir dinero». Esa falta de formación, condicionada por el objetivo de querer asegurarse un buen futuro, limita sus opciones a empleos inestables y peor remunerados, lo que hace que sus opciones de alojamientos sean más precarias.  

Ingresos ajustados, opciones limitadas

Por ejemplo, en el caso del toubiense, además de vivir a más de una hora en transporte público de su trabajo, percibe 1.217,64 euros al mes como ayudante de cocina. De esa nómina, una parte importante del dinero se destina a remesas hacia su lugar de origen. «Suelo enviar, más o menos, 800 euros a mi familia cada mes», precisa Ibrahima. Tanto a Seydou como a Ousmane les sucede lo mismo. Esa es una de las principales razones por las que muchos jóvenes en su misma situación terminan alojándose en condiciones más inestables o en viviendas de menor calidad.

Sumado a esto, el racismo inmobiliario en España, como el que afectó a Ibrahima y a Ousmane, no es un fenómeno aislado. Según estudios de Provivienda, una entidad que lucha contra la exclusión residencial, el 99% de las agencias inmobiliarias investigadas «aceptan cláusulas de discriminación directa absoluta», una práctica que afecta especialmente a las personas de origen africano al aplicarles «prejuicios preventivos de hacinamiento y falta de solvencia». Esta exclusión sistemática, que abarca desde el «engaño sobre la disponibilidad de los inmuebles» hasta la «exigencia de avales desproporcionados», expulsa a estos jóvenes hacia un mercado paralelo de hogares precarios y los confina en barrios periféricos o degradados. 

El precio promedio del alquiler en las Islas Canarias, de 15,60 euros por metro cuadrado, ha alcanzado niveles récord, lo que representa un incremento del 8.8% en comparación con el año anterior, según el sitio web Idealista. En otras palabras, el alquiler mensual de un inmueble de 60 metros cuadrados ya ronda los 900 euros, y el de una casa de 80 metros cuadrados sobrepasa fácilmente los 1.200 euros. En un contexto como este, el acceso a la vivienda se ha convertido en un factor determinante de exclusión, especialmente para aquellas personas sin una red de apoyo o estabilidad laboral, que ven cómo los alquileres más modestos quedan fuera de su alcance.

Los recursos alojativos

Frente a esta realidad, los recursos institucionales destinados a jóvenes migrantes extutelados siguen siendo limitados en relación al volumen de necesidades. Uno de los principales apoyos existentes en Canarias es el programa Hospitalidad, impulsado por la Fundación ECCA Social con financiación del Gobierno autonómico, que ofrece alojamiento gratuito y acompañamiento integral a quienes, al cumplir 18 años, deben abandonar los centros de menores. «La iniciativa», describe María José León, responsable de comunicación de la entidad, «funciona actualmente con tres hogares en el archipiélago —dos en Gran Canaria y uno en Fuerteventura—, cada uno con seis plazas, lo que suponen 18 plazas residenciales para extutelados en todas las islas».

El viceconsejero de Bienestar Social e Inmigración, Francisco Candil, defendió recientemente la necesidad de estos dispositivos como «un puente de transición hacia la vida adulta», subrayando que su objetivo es evitar que estas personas caigan en la exclusión residencial o el sinhogarismo tras salir del sistema de tutela. Solo en 2025, el programa atendió a 23 jóvenes, una cifra que contrasta con los miles de menores tutelados que permanecen actualmente bajo protección del Ejecutivo canario y que, progresivamente, irán alcanzando la mayoría de edad.

Mientras tanto, en el interior de ese piso de Tenerife, la vida continúa entre habitaciones compartidas: «Al final no tienes muchas opciones, o aceptas esto o te quedas sin un sitio a donde ir a dormir», termina Seydou. Los catorce jóvenes que lo habitan, algunos desesperados por buscar un nuevo lugar al que mudarse, apilan la ropa fuera de los insuficientes armarios y hacen colas, cada mañana, para usar el diminuto baño y el único fogón del hornillo de la cocina. La precariedad se ha convertido en la única alternativa habitacional para estas personas.

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