La lengua de signos, como materia optativa en institutos de Canarias

La Lengua de Signos Española (LSE) está reconocida oficial y formalmente por la legislación española desde 2007, lo que garantiza el derecho a su uso, aprendizaje y conocimiento por parte de las personas sordas. Quince años después, en 2022, un Real Decreto que establece la ordenación y enseñanzas mínimas del Bachillerato permite que las administraciones educativas incorporen las lenguas de signos españolas en ambos cursos. «Han pasado casi 20 años y casi ningún instituto en España ofrece esta asignatura», reclaman desde el movimiento Signos que cambian el mundo, que busca la inclusión de la formación optativa de la LSE en la enseñanza secundaria española.

La iniciativa social, impulsada por el grancanario Marcos Lechet, exige el cumplimiento de la Ley 27/2007 para fomentar la accesibilidad y la justicia comunicativa. En su portal web, recogen que el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (Cnlse) «ya ha elaborado un currículo completo, listo para usarse en infantil, primaria y secundaria».

Si bien hay comunidades autónomas que ya la han incluido en Bachillerato, como Castilla-La Mancha, buscan que el Ministerio de Educación garantice su presencia «en el catálogo de todos los institutos de educación secundaria de España». De igual manera, añaden que países como «Nueva Zelanda, Suecia y Finlandia» llevan años con sistemas bilingües consolidados.

Las asociaciones de Canarias se suman a esta reclamación. Carmelo Santana, el presidente de la Asorlaspalmas, cataloga de «necesaria» la creación de esta asignatura en colegios e institutos. Sin embargo, va más allá: también afirma que existe una necesidad de incluir, en la etapa educativa primaria, profesionales especialistas en lengua de signos española, así como la figura del intérprete en la Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y la etapa universitaria, «para que las personas sordas puedan acceder a la educación en igualdad de condiciones».

Que no haya profesionales genera que la formación recaiga en las asociaciones, por lo que propone «crear convenios de colaboración» en las que las formaciones en LSE se impartan en estas organizaciones y sean «subvencionadas por la administración pública». Pero las asociaciones «cuentan con recursos limitados y supone una carga difícil de asumir».

Reivindicaciones

Desde la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Canarias (Fasican), también valoran positivamente el movimiento incentivado por Lechet. Rony Ramos, secretario de la Federación, cuenta que se trata de «una reivindicación histórica de las personas sordas y los movimientos asociativos».

En el caso concreto de Canarias, Ramos critica que las políticas atención a las personas sordas «no se están cumpliendo» y añade que, al hablar de accesibilidad, «no se trata de la voluntad de las administraciones públicas, sino que son derechos recogidos en la normativa». En este sentido, «lo que hace falta es que cumplan la ley», matiza el secretario.

Para Ramos, existen diferencias entre la Península y el Archipiélago en esta materia. «Canarias se ve condicionada por su insularidad: los recursos se encuentran distribuidos en las diferentes islas». Finalmente, asegura que «hay comunidades mucho más avanzadas» que cuentan con centros educativos bilingües.

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