Carolina y Lidia, las dos docentes sordas que reclaman intérpretes

La tinerfeña Lidia Domínguez recibió multitud de aplausos cuando, en 2019, logró convertirse en la primera docente sorda signante de España en ganar unas oposiciones en la especialidad de Educación Infantil y Primaria, y conseguir plaza en un colegio público. Ocho años antes lo logró en la especialidad de Pedagogía Terapéutica la grancanaria Carolina Medina para ser maestra de Educación Especial. Si bien fueron reconocidas como ejemplos de superación, en la actualidad se enfrentan a una nueva barrera: la falta de intérpretes competentes en Lengua de Signos Española (LSE). Ellas culpan a la Consejería de Educación, mientras que el área dirigida por Poli Suárez afirma que no se han presentado candidatos al puesto y que, los contactados por el Servicio Canario de Empleo, lo han rechazado.

Medina comenzó su carrera docente en Andalucía, tierra en la que realizó sus estudios. Hace cuatro años, las ganas de volver a su Isla hicieron que solicitara un traslado que la llevó a obtener plaza en la capital grancanaria. «Durante los dos primeros cursos, todo se desarrolló de manera correcta. Siempre tuve intérprete y podía trabajar sin problemas», recuerda Medina.

Todo cambia a partir de junio, cuando se reforma el proceso de contratación del personal auxiliar. «Antes se contrataba directamente a los intérpretes de lengua de signos a través de Aeromédica Canarias, pero el trámite pasó a la Consejería de Educación y se gestiona a través del Servicio Canario de Empleo (SCE)», cuenta la docente. «Como cada año, realicé la solicitud para pedir personal laboral para entrar en septiembre», agrega.

El problema principal radica, según la docente, en que «no se creó una bolsa de intérpretes» de la Consejería de Educación ni una categoría profesional específica, y que al realizarse «una oferta genérica de empleo público temporal» a través del SCE, «se tenía que contratar a intérpretes que estuviesen en paro o en proceso de mejora de empleo».

Demandantes de empleo

Esta cuestión se elevó esta semana al Parlamento de Canarias. El consejero, Poli Suárez, explicó sobre la falta de recursos de apoyo -como los intérpretes- que en algunos casos no se han podido cubrir los puestos al no presentarse candidatos o rechazar las plazas. Para la contratación, a través del SCE, deben darse de alta como demandantes de empleo. Este es uno de los problemas que encuentra Medina, ya que «hay muchos intérpretes que son válidos, pero que tienen que trabajar en otras profesiones porque las condiciones no son buenas». Debido a esto, no están en paro, por lo que no pueden presentarse a la oferta.

Además, el hecho de que tengan que estar desempleados puede suponer en falta de experiencia. Medina afirma que, «si bien hay muchas personas con la titulación desempleadas», estos profesionales «llevan muchísimos años sin tocar la lengua de signos, por lo que hay una merma en sus habilidades y no van al ritmo que tienen que ir». Por esto comenzó su calvario, cuando llegó la intérprete contratada por la Consejería. «Yo no la conocía. Tenía la titulación de lengua de signos, por lo que dije: ‘Bueno, a ver qué tal va la interpretación’», recuerda la maestra. Interpretar una sesión docente requiere de unas cualidades avanzadas y, sobre todo, de mucha experiencia.

Medina se dio cuenta de que las competencias de la persona contratada por el SCE «no era las adecuadas» -opina ella- para poder dar sus clases: la docente cuenta con un nivel alto de lengua de signos y las clases requieren de un vocabulario extenso, por lo que necesita que el profesional que la acompaña esté a su par. «Me siento limitada, no participo en igualdad de condiciones y tengo que hacer un esfuerzo doble para trabajar con mi alumnado», expone.

Esta situación la lleva a pedir la sustitución de la intérprete a la Consejería, hecho que requiere de un informe desfavorable por parte de la dirección del centro. «Hablo con el director y le explico toda la situación. Su respuesta es que todavía está en el periodo de prueba, que tiene unos 30 o 40 días de duración», explica.

Al preguntar qué había pasado con el proceso de sustitución, la dirección le respondió que, tras hablar con el departamento de personal de la Consejería de Educación y la intérprete, la decisión final es que se queda en el puesto después de completar el periodo de prueba. «El director me dijo que, si no sabe, tenemos que enseñarle. Pero, ¿cómo voy a enseñar yo a la intérprete? Mi trabajo es enseñar a los alumnos y necesito un profesional que haga una traducción directa y simultánea», argumenta.

Medina considera que el problema está relacionado con que «no es posible valorar la superación del periodo de prueba cuando el equipo directivo no tiene conocimiento de LSE ni ha contado conmigo en el proceso». La maestra critica que durante su trayectoria profesional «nunca había tenido dificultades ni incidencias de esta naturaleza». Por ello, siente «que se están pisando» sus derechos laborales «y que no están reconociendo» su adaptación en el puesto de trabajo.

«No pido un privilegio, exijo un derecho: trabajar en igualdad de condiciones», reclama. Esta situación generó que solicitara la baja laboral. En febrero, mientras Medina estaba de baja, la intérprete renunció a su puesto y aún no hay ningún sustituto.

Carencias

Desde el mismo mes lleva Lidia Domínguez, maestra en el CEIP San Fernando de Tenerife, esperando por la contratación de un intérprete en LSE. «La situación me somete a un agotamiento cognitivo extremo al obligarme a procesar toda la información del aula sin descanso», cuenta la docente, que añade que «esta carencia» vulnera su autonomía profesional, debido a que la fuerza «a depender de terceros para gestionar conflictos o entender al alumnado en situaciones emocionales complicadas». También afecta a los métodos que utiliza para dar las clases, algo que la «obliga a buscar alternativas, como la coevaluación» para suplir «la imposibilidad de evaluar las exposiciones orales».

Esto convierte la jornada laboral «en un ejercicio de sobreesfuerzo e injusticia laboral». Sin embargo, esto es sólo la punta del iceberg: «Se trata de un problema estructural que afecta a toda la comunidad educativa», cuenta la tinerfeña, debido a que «la precariedad» del sistema actual «obliga a una rotación constante» por el «procedimiento de contratación de la Consejería», que -denuncia- «carece de una categoría profesional específica y limita los contratos a 18 meses».

La falta de sustitutos «evidencia una discriminación frente al resto del profesorado» y deja tanto al docente como al alumnado, en sus palabras, «desprotegidos y exigiendo una reforma urgente que garantice plazas permanentes y estabilidad en el servicio».

Desde la Consejería de Educación afirman que a Domínguez se le asignó un intérprete, pero que «el centro no consideró que superase el periodo de prueba pese a que en los informes la calificaban como una profesional muy eficiente». Añaden que «la profesora solicita la contratación de una persona en concreto», algo que no es posible al existir un procedimiento dependiente del SCE. El retraso en la contratación, explican, radica en que «las personas que se han nombrado para suplir a esta primera profesional no han aceptado el puesto». Los candidatos preseleccionados «han rechazado» la oferta y Educación está a la espera «de más candidatos del SCE».

La docente critica la falta de diálogo y considera que el proceso de contratación debe modificarse y ser permanente. Ella -asevera- ha tenido que recurrir mientras espera a servicios de interpretación «para poder llevar a cabo tutorías de familias, claustros o formaciones docentes».

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