Docentes con sordera en Canarias piden a Educación incluir intérpretes de signos en sus listas de contratación
Fasican reclama a la Consejería de Poli Suárez que cree una categoría profesional específica para agilizar la contratación de traductores

Una mujer se comunica en Lengua de Signos Española (LSE) / E.D.
Los docentes con sordera de Canarias piden a la Consejería de Educación incluir a los intérpretes de signos en sus listas de contratación. En concreto, la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Canarias (Fasican) solicita la creación de una categoría profesional específica para agilizar la incorporación laboral de traductores y garantizar, así, el ejercicio profesional y los derechos del profesorado sordo de las Islas.
Es una petición que coincide con el aumento de quejas de este colectivo, cuya actividad laboral se ha visto interrumpida o condicionada por este aspecto. De hecho, el asunto llegó ayer al Parlamento de Canarias, después de que la diputada de Nueva Canarias, Carmen Hernández, interviniera en comisión de Educación para trasladar las quejas y denuncias de los docentes con discapacidad de las Islas. «Hoy nos hacemos eco de esas denuncias públicas que aluden a la falta de adaptación del entorno laboral de los docentes sordos», señaló.
Desde Fasican recuerdan que la Consejería de Educación no cuenta con un protocolo establecido para la contratación de estos profesionales, lo que dificulta a los docentes sordos desempeñar las funciones de su puesto de trabajo por las carencias que produce el modelo actual. Esa dificultad se manifiesta, según la entidad, de distintas formas.
Problemas en las sustituciones
Por un lado, señalan que la falta de una bolsa de empleo dificulta la sustitución de traductores, ya que –a diferencia de otras categorías profesionales– la Consejería no cuenta con un listado de traductores al que recurrir. Y, por ende, los tiempos de sustitución son indefinidos. En este contexto, añaden que ya existe el caso de una docente que lleva varios meses trabajando sin este recurso de apoyo.
Por otro lado, denuncian que la incorporación tardía del intérprete a principio de curso, derivada del actual modelo de contratación, obstaculiza la comunicación entre el docente y la comunidad educativa. E insisten en que se pierde información. Asimismo, apuntan que el personal contratado no siempre tiene la cualificación o experiencia necesaria para desempeñar las funciones de interpretación.
Mientras, la Consejería de Educación sostiene que en Canarias solo hay un centro educativo pendiente de recibir un intérprete de signos. Y si bien reconocen que nunca han convocado un proceso selectivo para para constituir una lista de empleo de esta categoría, el departamento dirigido por Poli Suárez defiende que sí existen unos procedimiento establecidos y realizan las contrataciones a través del Servicio Canario de Empleo (SCE).
Proceso de contratación abierto
De hecho, señalan que la búsqueda de profesionales para la vacante en ese centro educativo sigue activa –ya que hasta ahora los candidatos preseleccionados han rechazado el puesto–. Recuerdan que los interesados deben inscribirse como demandantes de empleo en el SCE para ser contratados.
Por su parte, Fasican insiste en que un proceso de selección igualitario al resto del personal dependiente de la Consejería de Educación pondría fin a las principales quejas. Ya que un listado externo al SCE es, a su juicio, la mejor forma de garantizar las sustituciones en tiempo y forma.
Durante la comisión, la diputada de Nueva Canarias también puso sobre la mesa las denuncias de docentes con discapacidad por ceses «injustificados». Sin embargo, el consejero de Educación negó que se estén produciendo despidos de docentes vinculados a su discapacidad. Asimismo, aseguró que su departamento no tiene constancia de prácticas discriminatorias en este ámbito. «Según los datos que tenemos, no hemos identificado casos en los que se haya producido un cese vinculado a la condición de discapacidad», recalcó. Y agregó que la Justicia está dando la razón a la administración en una buena parte ante los procesos judiciales abiertos. n
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