Temor a que el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo convierta a Canarias en una "cárcel"

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, reclamó este lunes al Ejecutivo central que aclare cómo afectará al Archipiélago la aplicación, a partir del 12 de junio, del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, ante lo cual advirtió que el Gobierno regional no tolerará que su desarrollo convierta a las Islas en una «cárcel» para personas migrantes.

Delgado subrayó que España tiene que garantizar que Canarias no sea la puerta de entrada y de no salida al territorio europeo para quienes llegan a las Islas. Lo hizo en declaraciones previas a la apertura del Foro Canario de la Inmigración, un órgano consultivo que reúne a administraciones y entidades sociales que trabajan con población migrante. «Lo que queremos del Estado español es que nos diga exactamente en qué afecta [el pacto comunitario] y si los intereses de Canarias se están defendiendo en ese pacto europeo», afirmó la representante del Gabinete autonómico. La consejera adelantó que durante el Foro se abordaría el alcance del pacto europeo de asilo y el posicionamiento de las administraciones públicas canarias y las organizaciones sociales, y recalcó que «lo que no vamos a tolerar, ni este Gobierno de Canarias ni tampoco las entidades, es que a Canarias se la convierta en una cárcel».

El coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, avisó, por su parte, de la falta de información detallada sobre cómo funcionará el nuevo sistema, especialmente en lo relativo a la primera acogida, el análisis de las solicitudes de asilo y los espacios de espera para el retorno de las personas a las que se deniegue esta protección. «Hay riesgo de que el retorno no sea una opción y, por tanto, Canarias se convierta en un espacio de retención», apuntó Lorenzo al recordar que, hasta ahora, el sistema de atención humanitaria se articula con una primera acogida en las Islas y la derivación posterior a recursos en la Península. A partir de junio, precisó, «estamos hablando de espacios en los que aquellas personas que no tengan derecho a acceder al asilo van a permanecer retenidas de forma previa a su retorno, a su expulsión a su país de origen, y eso no sabemos cómo se va a producir».

Delgado: «Lo que queremos del Estado es que nos diga si los intereses de Canarias se están defendiendo»

Lorenzo alertó también sobre que algunas personas podrían ser devueltas a países con los que no tienen vínculos o donde existen garantías dudosas en materia de derecho humanos, lo que, en su opinión, supone una «mercantilización de derechos» y agrava las políticas de seguridad en materia migratoria.

Red de información

Durante el encuentro también se abordaron ayer, entre otros asuntos, el futuro real decreto estatal de regularización extraordinaria de personas migrantes y la celebración del Día Canario de las Migraciones el próximo 10 de septiembre, que este año tendrá lugar en Lanzarote.

Sobre el decreto de regularización, Delgado explicó que el Gobierno canario trabaja en la creación de una red de información y apoyo para evitar que ninguna persona con derecho a regularizar su situación quede fuera del proceso por falta de información o documentación. Según detalló, esta red incluirá a entidades sociales, organizaciones sindicales, asociaciones de personas migrantes, universidades y administraciones públicas, con el objetivo de facilitar la presentación en tiempo y forma de los expedientes cuando se apruebe el real decreto, momento en el que se conocerá la cifra concreta de personas afectadas en Canarias.

CEAR advierte que «hay riesgo de que el retorno no sea una opción y que la región acabe siendo un espacio de retención»

En cuanto al Día Canario de las Migraciones, la consejera del Gobierno autonómico hizo hincapié en que este año se celebrará en Lanzarote y estará precedido por el III Congreso Migradmi, que servirá para poner en valor las buenas prácticas de acogida desarrolladas en el Archipiélago y para subrayar la necesidad de una política migratoria común liderada por el Estado y acompañada por las comunidades autónomas.