Nuevos reveses frenan el despliegue de la Policía Canaria por las islas

Los planes para desplegar de forma permanente este año efectivos del Cuerpo General de la Policía Canaria en las islas no capitalinas no están garantizados, lo que puede demorar esta iniciativa para finales de año o ya en 2027. Diferentes contratiempos provocan que la planificación que se estaba realizando por parte del Ejecutivo se demore, ya que la intención inicial era que el compromiso de llevar el cuerpo autonómico a todas las islas comenzara este año al menos en las islas de Lanzarote y La Gomera, aunque también se ha trabajado para que Fuerteventura y La Palma cuenten con instalaciones e infraestructuras para que este objetivo sea posible.

La primera dificultad es logística. Las sedes en las que se trabaja en las islas no solo dependen de la Dirección General de Seguridad, sino también de los ayuntamientos y cabildos de esas islas, que son los que ceden las instalaciones y tienen que adecuarlas para convertirlas en comisarías insulares. En el caso de Lanzarote será en Arrecife en un local del Ayuntamiento, en Fuerteventura en el municipio de Pájara y en La Gomera se alcanzó un convenio con el Cabildo de la isla en el mismo sentido. En La Palma la idea era instalar la comisaría en Los Llanos de Aridane.

En los últimos años las corporaciones locales de las islas no capitalinas han demandado en varias ocasiones al Ejecutivo más efectivos del cuerpo autonómico, que ha alcanzado acuerdos con ayuntamientos y cabildos para el traslado temporal de agentes para diferentes eventos o por problemas puntuales de seguridad ciudadana. Sin embargo el despliegue permanente va más allá, ya que requiere de instalaciones preparadas y adaptadas a las necesidades policiales, además de contar con equipamientos específicos.

Para este objetivo el Ejecutivo ha previsto que los 141 efectivos que salieran de las últimas oposiciones convocadas terminaran este año y sean los llamados a desplegarse por las islas. Sin embargo, los opositores que culminaron las pruebas no han finalizado aún las prácticas en la academia, proceso que se alargará al menos hasta el verano. Sin embargo, el problema con el que se topa ahora la Administración es con las denuncias planteadas por varios centenares de opositores por presuntas irregularidades en este proceso selectivo, llegando las mismas a manos de la Fiscalía. Representantes sindicales del cuerpo advierten que una decisión judicial contraria al proceso puede paralizar la toma de posesión de los nuevos efectivos y demorar aún más el despliegue de los mismos.

Demandas

Las denuncias presentadas por los opositores afectados han sido llevadas incluso al Parlamento, pero por lo pronto el Ejecutivo está a la espera de lo que decida la Fiscalía y mantiene el proceso para que los agentes entren en la academia. El Ejecutivo autonómico ya confirmó que se personará en el procedimiento si finalmente un juzgado abre una causa penal por las presuntas irregularidades detectadas en las oposiciones para cubrir estas 141 plazas en la Policía Canaria.

La denuncia presentada ante la Fiscalía es por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Según el relato de los afectados «no se han respetado las bases del concurso» y se han «manipulado para beneficiar a terceros», de tal manera que se pone en duda a miembros del tribunal que ha evaluado el proceso selectivo desde el principio.

Mientras se dirime estas denuncias, la policía autonómica ha asumido la competencia del traslado de menores con medidas judiciales entre las islas, algo que hasta ahora hacía dentro de cada isla ya que el resto de traslados lo hacían las fuerzas de seguridad del Estado. Después de un enfrentamiento político entre la Delegación del Gobierno y la Dirección General de Seguridad porque la Policía Nacional reclamó que el cuerpo autonómico asumiera estos traslados, finalmente esta asunción de competencias se ha producido, lo que supone restar efectivos a seguridad y otras misiones para destinarlos a acompañar a los menores entre las islas en el caso de que lo soliciten los juzgados. Para la representación sindical ahora no se está en condiciones de realizar un despliegue en condiciones en las islas no capitalinas hasta que no haya un incremento real de efectivos en el cuerpo.

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