Relaciones Canarias-Estado
Clavijo exige cesar al presidente de Aena por favorecer a los accionistas antes que a Canarias
El presidente canario endurece la ofensiva del Ejecutivo regional un día antes de la reunión bilateral que se celebra en Santa Cruz de Tenerife

El presidente Fernando Clavijo (i) saluda a Maurici Lucena en febrero de 2025. / Acfi Press

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dio este jueves un paso más en el choque abierto con la empresa semipública Aena al reclamar al Gobierno de España la destitución de su presidente, Maurici Lucena, por considerar que ha dejado de defender el interés público para actuar en función de concretos intereses privados.
Durante un desayuno informativo en Madrid, Clavijo volvió a exigir la participación directa del Archipiélago en la gestión de sus aeropuertos y sostuvo que ha llegado el momento de sustituir a Lucena por un responsable que "defienda más lo público".
El jefe del Ejecutivo autonómico cargó contra la política del gestor aeroportuario al denunciar que no tiene sentido "castigar" a las Islas con subidas de tarifas para financiar inversiones en el exterior, en alusión a Brasil, y censuró que decisiones clave para Canarias se adopten de forma centralizada y atendiendo a intereses que "desde luego no son los de los canarios".

El presidente Fernando Clavijo durante su intervención en el desayuno informativo. / Fernando Villar / Efe
Presidente del 49% de los accionistas privados
La exigencia de Clavijo no surge de forma aislada, sino que culmina una escalada política iniciada ya hace semanas por su propio Gobierno. El pasado mes de febrero, el consejero de Transportes, Pablo Rodríguez, acusó en el Parlamento a Lucena de actuar más en nombre de los accionistas privados de Aena que del interés general, y reprochó también al Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente, por dejar que Aena favorezca intereses privados más que los públicos.
“Lucena habla más en nombre del 49% de los accionistas privados”, denunció entonces Rodríguez, que recordó que el 51% de la empresa está en manos públicas y que, por tanto, tanto la dirección de Aena como Puente deberían velar por el interés general y no por la rentabilidad de los inversores. El consejero llegó incluso a afirmar que ese supuesto interés general “no se le ve en ninguna de sus declaraciones”.

El consejero Pablo Rodríguez en su escaño. / Andrés Gutiérrez
Momento para el cambio
Clavijo recuperó este jueves esa misma idea y la elevó al máximo nivel político. Al ser preguntado por la negativa de Lucena a abrir la gestión de los aeropuertos canarios en defensa de los accionistas privados, respondió que Aena es una empresa con mayoría de capital público y que, precisamente por eso, su presidente debería defender antes lo público que lo privado. De ahí su mensaje más contundente hasta la fecha: “Igual es el momento de que el Gobierno de España lo cambie”.
El núcleo del enfrentamiento sigue siendo el mismo: la negativa de Aena a aceptar la cogestión aeroportuaria de Canarias, una reivindicación que el Gobierno autonómico ampara en el artículo 161 del Estatuto de Autonomía, al considerar los aeropuertos infraestructuras estratégicas y esenciales para un territorio fragmentado y ultraperiférico.

Viajeros en la zona de facturación de un aeropuerto de Canarias. / J. Pérez Curbelo
Planificación, programación y gestión
El trasfondo de la disputa se afrontará este viernes en la reunión bilateral entre el Estado y Canarias que se celebrará en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife: el Ejecutivo canario insiste en que los aeropuertos de las Islas son absolutamente esenciales, forman una red rentable y, sin embargo, han sufrido una inversión insuficiente en los últimos años, por lo que exige participar en la planificación, programación y gestión de la red aeroportuaria para garantizar conectividad, cohesión territorial y protección de los sectores estratégicos de Canarias.
Con la petición de relevo de Lucena a veinticuatro horas de la bilateral, Clavijo refuerza el argumento de que el presidente de Aena ha dejado de actuar como garante del interés general para convertirse en defensor de los accionistas privados que perjudica el futuro de Canarias.
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