La actitud de Madrid con los menores migrantes amenaza con dinamitar la sectorial

La tensión en torno al traslado de menores migrantes no acompañados aumenta. La negativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a acoger a los jóvenes procedentes de los territorios en situación de contingencia migratoria –Canarias, Ceuta y Melilla– amenaza con dinamitar la Conferencia Sectorial de Infancia prevista para mañana. El rechazo planteado por el Ejecutivo madrileño –a través de una carta al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres– abre una vía pantanosa que puede resultar atractiva para el resto de comunidades gobernadas por el PP, lo que bloquearía –de nuevo– el traslado de menores migrantes.

El Estado reúne mañana a las comunidades autónomas para abordar la prórroga del sistema de reubicación. El encuentro se produce después de que el pasado 19 de marzo expirara el plazo fijado por el real decreto que permitía las derivaciones. Los objetivos previstos por la norma no se cumplieron –o al menos en su totalidad–: ninguno de los territorios fronterizos logró salir de la situación de contingencia y todos continúan por encima de su capacidad de acogida.

Madrid aprovechó el vencimiento del plazo para rechazar los nuevos traslados de menores no acompañados argumentando que «no existe cobertura jurídica» y amenazando al Gobierno central –a través de una misiva– con emprender acciones legales si se prolonga de facto el sistema extraordinario de reparto entre comunidades.

La repuesta de Torres

Y el equipo de Ayuso obtuvo hoy respuesta. El ministro de Política Territorial le explicó a la presidenta madrileña –a través de un comunicado– que el mecanismo extraordinario de reubicación de menores continúa plenamente vigente y que «debe seguir aplicándose» mientras persista la situación de contingencia migratoria en los territorios de llegada. Torres calificó el mecanismo de «hito histórico» y aseguró que su aplicación ha contado durante los últimos meses con la colaboración y la lealtad institucional de la mayoría de comunidades y ciudades autónomas. «Se ha hecho con absoluta normalidad y, al contrario de lo que auguraban algunos, se está llevando a cabo sin que se hayan producido alteraciones de la convivencia», defendió. Una normalidad que podía estar en juego a partir de mañana.

En su respuesta el ministro recordó que la Comunidad de Madrid está gobernada por la misma fuerza política que gobierna en Ceuta y Melilla y que cogobierna en Canarias y aconsejó a los populares de estas regiones que exijan explicaciones a Díaz Ayuso sobre su negativa. Además, Torres aseguró que las reubicaciones «cuentan con respaldo jurídico y deben ejecutarse conforme a lo establecido por la ley». Y no tiró la toalla del diálogo. El canario insistió en la importancia de la cooperación institucional para asegurar una respuesta eficaz, legal y centrada en la protección de los menores.

Mensaje claro

A esa normalidad apelará también Canarias en la cita de mañana La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, acudirá a la Conferencia Sectorial con un mensaje claro dirigido tanto al Estado como al resto de comunidades: la responsabilidad sobre los menores migrantes no acompañados no puede recaer únicamente en los territorios de llegada. «Los niños y las niñas migrantes son de todos los españoles», defendió hoy en línea con la posición que el Ejecutivo autonómico viene defendiendo desde el inicio de la crisis.

El planteamiento canario pasa por consolidar el actual sistema extraordinario de derivaciones y avanzar hacia un modelo estable que evite que episodios de presión migratoria vuelvan a desbordar la red de acogida de territorios como Canarias. La consejera advirtió hoy del «pequeño repunte» registrado en los últimos días, una tendencia que, de consolidarse, volvería a tensionar un sistema que ya opera por encima de su capacidad.

En este contexto, el Gobierno canario reclamará mañana no solo la continuidad del modelo actual, sino su refuerzo jurídico y operativo. La aspiración del Ejecutivo autonómico es que el reparto deje de depender de decisiones coyunturales y se convierta en una herramienta automática, activable en cuanto se detecten incrementos significativos en la llegada de menores a cualquier punto del territorio nacional. Delgado defendió ayer –al igual que el ministro– que el sistema puede funcionar con «relativa normalidad» si existe voluntad política y coordinación entre administraciones.

Canarias aprovechará la cita para exigir al Estado –una vez más– una financiación estable que permita a las comunidades cumplir con las obligaciones de protección de la infancia. Delgado insistió ayer en que la acogida de menores migrantes implica «garantizar derechos, atención educativa, sanitaria y social, lo que requiere una planificación sostenida en el tiempo y no respuestas de emergencia».

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