Canarias exige al Estado que frene el nuevo pulso de Ayuso y garantice el reparto de menores migrantes

El Gobierno de Canarias reclamó este lunes al Estado que actúe con firmeza ante la negativa de la Comunidad de Madrid a aceptar nuevos traslados de menores migrantes no acompañados, al entender que el reparto obligatorio entre autonomías sigue en vigor y debe mantenerse mientras el Archipiélago continúe en situación de emergencia migratoria.

El portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, defendió tras el Consejo de Gobierno que, aunque la aplicación del decreto ley "no ha ido al ritmo" deseado, su balance ha sido positivo "para los niños y las niñas" de Canarias, así como para los de Ceuta y Melilla. Por ello, insistió en que "se puede y se debe seguir trabajando con ese mecanismo", basado en la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería y en la obligación de solidaridad del conjunto de las comunidades autónomas.

El choque institucional se produce después de que la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, comunicara al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que no aceptará nuevos traslados al considerar que el mecanismo extraordinario carece ya de cobertura jurídica tras agotarse los plazos previstos en el Real Decreto-ley del año 2025. La consejera madrileña de Asuntos Sociales, Ana Dávila, advirtió además de que su gobierno emprenderá acciones legales si el Ejecutivo central trata de mantener este sistema "fuera del marco legal".

Capacidad para solo 738 menores

Frente a esa posición, Canarias sostiene que la herramienta extraordinaria continúa activa porque persisten las condiciones que la motivaron: una presión migratoria extrema y una red de acogida desbordada. Actualmente, la comunidad tutela a 3.118 menores, de los que 2.211 se encuentran en centros del Archipiélago, pese a que la capacidad fijada por el Estado es de 738 plazas.

El Ejecutivo regional confía en que la próxima Conferencia Sectorial de Infancia de este miércoles sirva para revisar la hoja de ruta y reforzar un mecanismo que considera imprescindible para responder a un "drama humanitario". En ese contexto, Cabello apuntó directamente al Gobierno de España y señaló que corresponde ahora a la ministra competente "que mueva ficha" para ampliar las posibilidades de aplicación del sistema y evitar bloqueos como el planteado por Madrid.

Ya en marzo, el ministroTorres anunció que el Gobierno de España aprobará antes de agosto de 2026 un real decreto que permitirá prorrogar las medidas extraordinarias de acogida en situaciones de contingencia migratoria. No obstante, advirtió de que la consolidación futura de este modelo solidario dependerá de las mayorías parlamentarias que se conformen en las Cortes, por lo que pidió a la oposición que aclare cuál será su posición.

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