Unos 8.000 venezolanos, en el limbo ante el fin de la residencia humanitaria el 30 de junio

Canarias se encuentra ante una encrucijada migratoria que podría afectar a miles de familias trabajadoras venezolanas en cuestión de semanas. Según la Asociación Social Solidaridad Venezuela (ASSV), entre 5.000 y 8.000 ciudadanos venezolanos en el Archipiélago podrían quedar en situación de desprotección o incertidumbre jurídica a partir del 1 de julio de 2026.

Residencia por razones humanitarias

Esta fecha coincide con la decisión del Gobierno de España de suprimir el mecanismo excepcional de residencia por razones humanitarias que ha estado vigente desde 2018, un sistema que ha permitido a cerca de 240.000 personas en España —la gran mayoría venezolanas— obtener un estatus legal tras la denegación de sus solicitudes de asilo.

Nicolás Maduro

La justificación oficial para suprimir esta medida se basa en la supuesta mejora de las condiciones en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro y el inicio de un periodo de transición política liderado por Delcy Rodríguez hace apenas tres meses. Sin embargo, desde la ASSV se subraya que, aunque la retirada de una medida excepcional es un acto legítimo por parte del Gobierno de España, la premisa de que Venezuela se ha recuperado en tan solo noventa días es una lectura alejada de la cruda realidad económica y social que aún impera en el país caribeño.

El país sumido en la crisis

Marcela Máspero, presidenta de la Asociación Social Solidaridad Venezuela, aclara que la crítica no se dirige a la potestad del Ejecutivo español para dar por terminada la medida temporal de 2018, sino a la falta de perspectiva sobre la situación real de Venezuela, donde la economía sigue pulverizada con salarios mínimos que oscilan entre los 3 y 4 euros mensuales frente a una "canasta alimentaria que cuesta 500 veces más".

Según la presidenta, es imposible que en tres meses se haya revertido un colapso estructural y, por ello, advierte que retirar la residencia por razones humanitarias, sin ofrecer una transición flexible, es condenar a miles de personas a un limbo administrativo innecesario. Esta situación se vuelve crítica porque coincide en el tiempo con la finalización del plazo para la regularización extraordinaria de medio millón de personas impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, de la cual se espera que unos 30.000 inmigrantes se beneficien solo en Canarias, aunque este anuncio aún está pendiente del dictamen del Consejo de Estado.

El riesgo de colapso en Extranjería

El problema fundamental que denuncia Máspero es que ambos procesos terminan supuestamente el 30 de junio, generando un cuello de botella logístico y documental que las oficinas de extranjería del archipiélago no están preparadas para gestionar adecuadamente.

España ha pasado de gestionar 31.120 solicitudes de protección internacional en 2017 a un máximo histórico de 167.366 en 2024, siendo Venezuela la nacionalidad líder en solicitudes durante casi toda la última década.

Más de 242.000 expedientes pendientes

A nivel nacional, existen actualmente 242.056 expedientes pendientes de resolución, de los cuales se estima que aproximadamente 109.000 corresponden a ciudadanos venezolanos que, si reciben una respuesta negativa después del 1 de julio, ya no contarán con el «paracaídas» de la residencia humanitaria.

En el caso específico de Canarias, la ASSV calcula que hay entre 5.000 y 8.000 personas en riesgo directo de desprotección, concentradas principalmente en núcleos del sur de Tenerife como Arona, Adeje y Granadilla de Abona, así como en el sur de Gran Canaria. Esta cifra se desglosa en varios grupos: entre 4.900 y 5.800 personas tienen su solicitud de asilo pendiente de resolución; entre 3.600 y 4.800 su residencia humanitaria actual caducará próximamente; y hay un cupo de entre 900 y 1.600 personas que, pese al proceso de regularización extraordinaria, no lograrán cumplir con los requisitos técnicos exigidos.

Las principales demandas al Estado

La asociación solicita al Estado que se amplíe el plazo de la regularización extraordinaria si el volumen de solicitudes supera la capacidad administrativa durante el periodo de abril a junio, ya que el cierre simultáneo de ambas vías el 30 de junio crearía ese "cuello de botella" previsible en el sistema.

También reclama la flexibilización del requisito de antecedentes penales de Venezuela, proponiendo alternativas concretas como la aceptación de declaraciones juradas, la exención del documento para quienes lleven más de cinco años en España o la validez de certificados ya presentados en trámites anteriores.

Reclamaciones a Canarias

La Asociación Social Solidaridad Venezuela propone una adaptación territorial específica para Canarias, que incluya el refuerzo de las oficinas de extranjería en las islas, la habilitación de servicios de orientación jurídica gratuita en el sur de Tenerife y la agilización de los informes de integración social en los ayuntamientos.

La ASSV solicita la garantía de renovación de las residencias humanitarias vigentes durante el período transitorio, así como impulsar el acceso a la nacionalidad española como solución definitiva.

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