Canarias alcanzó en 2025 el mayor nivel de ejecución de inversiones del último lustro

El gasto inversor progresa adecuadamente. Una de las grandes asignaturas pendientes de la región empieza a ver la luz. Canarias alcanzó en 2025 el mayor nivel de ejecución de inversiones reales del último lustro. Las últimas estadísticas oficiales publicadas por el Ministerio de Hacienda sobre ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas reflejan que de los 1.063,8 millones de euros de créditos que el Gobierno autonómico presupuestó para inversiones reales –construcción de carreteras, puentes, hospitales, centros educativos, etc– solo se llegaron a gastar 694,9 millones, lo que representa un 65,33%. El porcentaje más alto desde 2020, año de la pandemia.

De primeras puede parecer una proporción pequeña, ya que se traduce en que en las Islas solo se gastaron 65 euros de cada 100 y 35 se quedaron sin ejecutar. Pero la realidad es que 2025 fue el ejercicio en el que más dinero se invirtió. Además, el último porcentaje de ejecución supera en casi un 10% al del 2024, cuando solo se ejecutó un 56,2% de lo presupuestado, lo que se traduce en 573,6 millones de euros.

Los datos reflejan una leve mejoría de un problema histórico en la comunidad. Año tras año el nivel de gasto real no supera el 70% y en contadas ocasiones está por encima de este porcentaje. La ejecución del gasto inversor es clave para medir la capacidad que tiene la administración para crear o mejorar infraestructuras y servicios públicos. Una alta ejecución es sinónimo de beneficio socioeconómico y se vincula, entre otras cuestiones, a más empleo, mejora de infraestructuras y más ingresos para las empresas del Archipiélago. De ahí la importancia de corregir ese déficit histórico.

No se trata, en cualquier caso, de un problema coyuntural ni vinculado a un ejercicio concreto. El bajo nivel de ejecución inversora ha sido durante décadas una constante en las administraciones públicas canarias, hasta el punto de convertirse en un rasgo estructural de su gestión presupuestaria. Así lo evidencian las series históricas que reflejan que en más de veinte años, la media de ejecución de las inversiones apenas ronda el 67%, muy alejada del grado de cumplimiento del conjunto de las cuentas públicas, que se sitúa en torno al 92%.

Múltiples factores

Detrás de esta brecha persistente confluyen múltiples factores. ¿Cuáles? Por un lado, la conocida complejidad administrativa y la carga burocrática que acompaña a la contratación pública, especialmente en proyectos de gran envergadura. Pero no es la única explicación. También pesa la fragmentación de los órganos de contratación, que dificulta la coordinación y alarga los plazos, así como la escasez de personal técnico cualificado para redactar, supervisar y validar los proyectos que requieren las infraestructuras públicas. A ello se suma, en no pocas ocasiones, la falta de madurez de las propias iniciativas presupuestadas, que llegan a las cuentas sin el grado de definición necesario para ejecutarse en tiempo y forma, lo que acaba traduciéndose en retrasos, modificaciones o, directamente, en partidas que quedan sin gastar.

Esta situación ha sido además motivo habitual de confrontación política, con comparaciones entre distintos gobiernos sobre su capacidad de ejecución. Sin embargo, más allá de quién haya estado al frente, los datos evidencian que se trata de un problema recurrente en Canarias.

Un ejemplo reciente de estas dificultades se encuentra en la ejecución de los fondos europeos Next Generation, que han vuelto a poner de relieve las limitaciones administrativas para materializar inversiones en plazo. Aunque no todos estos recursos están vinculados directamente a inversiones, sí sirven para ilustrar la complejidad del proceso. En el caso de Canarias, el Ejecutivo autonómico mantiene abierta la negociación para lograr una prórroga que permita movilizar 242 millones de euros asociados a más de 1.200 proyectos orientados al impulso de las energías renovables en el Archipiélago, cuya ejecución no ha podido completarse en los tiempos inicialmente previstos.

Ahora las cifras permiten tener cierta esperanza. Entre 2019 y 2023 la ejecución del capítulo de inversiones apenas alcanzó el 56%. La escasa ejecución en ese cuatrienio situaba a las Islas en el tercer puesto por la cola de la clasificación nacional, solo por delante de la Comunidad Valenciana (53,5%) y Andalucía (53,3%). Pero los datos de 2025 han dado un vuelco al tablero y Canarias ocupa ahora la octava posición por la cola, lo que le permite colocarse en mitad de la tabla. La escala de puesto ha sido tanta que el porcentaje de ejecución de las Islas roza ya la media nacional, que se situó a cierre del año pasado en el 65,37%.

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