Transporte y conectividad
Canarias declara la guerra al coche: una ley para una nueva movilidad sostenible
La futura norma apuesta por el transporte a demanda y aliviar el colapso viario con un modelo más limpio, flexible y conectado
Atasco en una de las principales vías de Canarias. / E.D. / L.P.
Mas guaguas y tranvías y menos coches privados: Canarias quiere cambiar de raíz la forma en que se mueve.
La nueva Ley de Movilidad Sostenible dibuja un giro de alto impacto: menos coche privado, más transporte público, nuevas fórmulas para llegar a las zonas mal conectadas y un Laboratorio de la Movilidad para ensayar sobre el terreno las soluciones que después puedan extenderse al conjunto del Archipiélago.
La propuesta, que la directora general de Transportes, María Fernández, quiere que se registre en julio en el Parlamento para su tramitación, abre la puerta al transporte a demanda en áreas de baja densidad, una fórmula pensada para conectar barrios, medianías y núcleos alejados con los centros urbanos, hospitales, colegios y servicios básicos cuando las líneas regulares no bastan o no resultan eficaces.
María Fernández durante una intervención en un Foro Prensa Ibérica. / José Pérez Curbelo
Participación ciudadana
Para Fernández la idea está clara: en un territorio fragmentado, con una orografía difícil y una fuerte dependencia del vehículo privado o se innova o el sistema seguirá llegando tarde.
"Esta ley ha contado con dos años de intensa participación ciudadana y hemos incorporado gran parte de las propuestas que nos han hecho llegar, por eso cuando presentamos el borrador a los cabildos y ayuntamientos, fue aprobado por unanimidad y solo Las Palmas de Gran Canaria se abstuvo", afirma Fernández.
La gran novedad política y operativa es la creación del Laboratorio de la Movilidad, un órgano específico que tendrá el encargo de estudiar, investigar, divulgar e impulsar proyectos piloto para hacer el transporte más sostenible, accesible y eficiente. La idea es probar primero, medir después y corregir antes de escalar: desde soluciones tecnológicas hasta nuevos modelos de conexión intermodal o movilidad compartida.
Colas en la TF 5 a la altura de Los Rodeos. / E.D. / L.P.
Factura ambiental
El texto asume sin rodeos el tamaño del problema. El transporte concentra en Canarias el mayor peso de las emisiones de gases de efecto invernadero -hasta un 40%- y la ley nace con la pretensión de recortar esa factura ambiental al tiempo que combate la congestión que castiga a las islas, especialmente en las áreas metropolitanas.
Por eso la norma prioriza los llamados modos blandos, la electrificación, la integración entre guaguas, puertos y aeropuertos, y una planificación obligatoria para que los municipios de más de 20.000 habitantes dejen de improvisar su movilidad.
El transporte representa en el Archipiélago el 40% del total de gases de efecto invernadero
La filosofía del texto es inequívoca: la movilidad deja de ser solo una cuestión de carreteras y tráfico para convertirse en un derecho vinculado a la calidad de vida, al acceso a los servicios y a la igualdad territorial. El reto ya no es únicamente desplazarse, sino hacerlo de forma limpia, eficaz y asequible.
Uno de los avances más interesantes de la futura ley es su apuesta por superar los límites administrativos tradicionales. En Canarias, muchos desplazamientos diarios –por trabajo, estudios o servicios– no entienden de fronteras municipales. Por eso, la norma impulsa los llamados planes de movilidad urbana sostenible de carácter supramunicipal o comarcal.
Atasco producido en una carretera de un núcleo rural de Canarias. / E.D. / L.P.
Planes comarcales
En la práctica significa que varios municipios pueden —y en muchos casos deben— coordinarse para diseñar juntos cómo organizar el transporte, el tráfico o los espacios peatonales.
Este enfoque responde a una realidad evidente: las áreas metropolitanas y comarcales funcionan como un único sistema. De poco sirve mejorar el transporte en un municipio si el vecino mantiene problemas estructurales.
"En muchas ocasiones los municipios, sobre todo los pequeños, no tienen personal suficiente ni la estructura necesaria para poner en marcha sus planes de movilidad urbana, y lo que hemos hecho es facilitar que puedan unirse los de una misma comarca para llevarlos a cabo", explica Fernández.
Los planes comarcales reflejan la necesidad de tener interconectadas las zonas más aisladas por su difícil orografía
La ley establece que estos planes se elaborarán cuando exista una interacción relevante entre municipios –zonas dormitorio y áreas de empleo–, lo que permite reducir costes y duplicidades administrativas, al compartir recursos y diagnósticos y favorecen una visión integrada del territorio, alineada con los planes insulares y la estrategia regional.
En otras palabras, la movilidad deja de ser un complemento y pasa a ser un elemento central en cómo se diseñan las ciudades.
Más que multas: una cultura de movilidad
Por último, y como ningún sistema funciona sin normas ni sin consecuencias cuando se incumplen, la ley dedica un título completo al régimen sancionador, concebido como una herramienta de control, pero también de concienciación, pues no pretende ser únicamente un mecanismo punitivo sino fomentar una cultura de movilidad responsable, donde el cumplimiento de las normas contribuya a reducir la congestión, mejorar la seguridad vial, disminuir el impacto ambiental y garantizar un uso equitativo del espacio público.
La futura ley que en breve aprobará el Consejo de Gobierno, por tanto, no se limita a mejorar el transporte y propone un cambio más profundo: entender la movilidad como un derecho colectivo ligado a "la calidad de vida, la sostenibilidad y la cohesión territorial", concluye la directora general.
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