La regularización extraordinaria de migrantes, pendiente del dictamen del Consejo de Estado

Las previsiones no se han cumplido. El plan para regularizar de forma extraordinaria a más de medio millón de personas migrantes en España continúa a la espera del dictamen del Consejo de Estado, pese a que se preveía que el plazo para presentar solicitudes se abriera este 1 de abril. El retraso mantiene en la incertidumbre a cerca de 30.000 personas en Canarias, que continúan pendientes de nuevos anuncios sobre el proceso. A nivel nacional, la medida afectaría a más de medio millón de potenciales beneficiarios que, por ahora, siguen sin un calendario definido. Sin una nueva fecha de inicio sobre la mesa, el Consejo de Estado dispone de un plazo de hasta dos meses para emitir su dictamen sobre el real decreto que permitirá la regularización. Posteriormente, el texto deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado, paso necesario para que la medida entre en vigor y pueda iniciarse el proceso de legalización.

Ante este retraso, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró que "habrá plazo suficiente" para la tramitación de las solicitudes que se presenten dentro de este proceso. Pero evitó concretar nuevas fechas y defendió que el procedimiento se mantiene dentro del calendario inicialmente previsto. Por el momento, sí se mantiene la fecha límite para presentar las solicitudes, fijada en el 30 de junio. Una vez registrada la petición, la Administración dispondrá de un plazo máximo de tres meses para resolverla. Desde el momento en que la solicitud sea admitida a trámite —un paso que, según las previsiones, no debería demorarse más de 15 días desde su presentación—, las personas solicitantes podrán incorporarse al mercado laboral de forma inmediata, lo que permitiría adelantar su integración laboral incluso antes de la resolución definitiva.

La medida

Los requisitos para acogerse a la medida se mantienen sin cambios. La iniciativa contempla, en este sentido, dos perfiles principales de beneficiarios. Por un lado, incluye a las personas que hayan solicitado protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025, con independencia de que su expediente haya sido resuelto de forma favorable o desfavorable. Por otro, la medida también se dirige a los denominados migrantes económicos, siempre que puedan acreditar su residencia en España desde, al menos, el 31 de julio de 2025. Este requisito implica demostrar una permanencia continuada mínima de cinco meses en territorio nacional antes de que finalice el año, condición necesaria para poder acceder a este proceso extraordinario de regularización.

A estos requisitos se añade otra condición: no contar con antecedentes penales ni representar una amenaza para el orden público. Según los consulados canarios, este ha sido, precisamente, uno de los aspectos que más inquietud ha generado entre los potenciales beneficiarios de la medida. Sin embargo, el retraso en el calendario ha introducido un nuevo obstáculo. Muchos solicitantes han comenzado a tramitar con antelación los certificados que acreditan la ausencia de antecedentes penales, aunque la vigencia de estos documentos es de apenas tres meses. Esta situación podría resultar contraproducente, ya que, si el proceso continúa demorándose, algunos certificados podrían caducar antes de ser presentados.

El resto de países de la UE

La decisión de España de impulsar una regularización extraordinaria de migrantes no ha pasado desapercibida en el resto de la Unión Europea. El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, advirtió de que la medida podría suponer una amenaza para otros Estados miembros. Unas declaraciones que se producen en un contexto marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias, tanto en Estados Unidos como dentro de la propia Unión Europea, especialmente con la entrada en vigor –en junio– del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea.

En este escenario, Bruselas ha expresado su preocupación por la posibilidad de que personas regularizadas en España se desplacen posteriormente a otros países europeos. En ese caso, según señaló Brunner, podrían ser devueltas a España, al ser el país que les concedería la autorización inicial. Por su parte, Elma Saiz ha tratado de rebajar estos temores y negó que la medida pueda generar un efecto llamada o facilitar desplazamientos dentro del espacio comunitario. «La regularización dará derecho a un permiso de trabajo en España», subrayó, insistiendo en que la autorización estará vinculada al territorio nacional.

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