Canarias regula la actividad agrovoltaica: ¿Qué placas solares combinan con el cultivo de papas?

Canarias se adelanta y será la primera comunidad autónoma de España en regular la actividad agrovoltaica con un reglamento propio. ¿Y qué implica esto? Pues que el Archipiélago contará con un marco legal –las reglas del juego– para compatibilizar cultivos y generación de energía fotovoltaica en el suelo agrario de las Islas. Combinar la producción agrícola con la producción de energía solar permitirá a los agricultores canarios sumar un ingreso complementario a sus nóminas, mejorando la rentabilidad de las explotaciones. El Gobierno canario inició ayer el proceso de regulación con la constitución de la Mesa de Agrovoltaica de Canarias, que reúne a representantes de administraciones públicas, organizaciones agrarias, entidades del sector energético y equipos técnicos que se encargarán de redactar el futuro reglamento que ordenará este tipo de explotaciones.

«Canarias es un territorio frágil y siempre ha tenido una deuda pendiente con la dependencia alimentaria y la dependencia energética», asegura la viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, Julieta Schallenberg, quien reconoce que contextos como el actual con conflictos internacionales complican «aun más» la situación de Canarias. El uso de placas solares en suelo agrícola, busca, entre otras cuestiones, reducir la dependencia con el exterior y la vulnerabilidad que esto genera.

La actividad agrovoltaica se presenta en las Islas, además, como una oportunidad para mejorar la viabilidad del sector primario canario y sumar un ingreso para los productores. «Hay múltiples fórmulas, el agricultor puede producir su propia energía, alquilar el terreno a una empresa o vender energía a la red», explica Schallenberg sobre todas las opciones que estarán contempladas en un reglamento que saldrá publicado dentro de unos ocho meses.

Dos modelos

En esta fase del proyecto, desarrollado por la empresa pública Gesplan, se están analizando las necesidades de cada cultivo para fijar en la normativa cuál es el modelo adecuado para cada plantación. Partiendo de dos modelos: el cultivo en invernaderos y el cultivo en suelo agrícola abierto. El reglamento servirá para definir cuántas placas se pueden instalar y dónde para no perjudicar la producción. «Hay cultivos que necesitan toda la radiación solar, como la papa, y otros que requieren sombreado, como la fresa; por eso es clave definir cuánto se puede cubrir en cada caso», insiste la viceconsejera, quien asegura que también influyen cuestiones como la ubicación de los cultivos o las condiciones climáticas.

Además, la energía generada en estas explotaciones no se limitará al autoconsumo. El objetivo es que, siempre que exista conexión a la red, pueda también verterse y generar un beneficio económico añadido. «No estamos hablando solo de autoconsumo, sino de que esa energía también se pueda inyectar a la red y generar un beneficio no solo para el agricultor, sino también social», señala Schallenberg.

Este nuevo modelo abre también la puerta a fórmulas como las comunidades energéticas en el ámbito rural, una posibilidad que el Ejecutivo no descarta desarrollar en paralelo. «Podemos pensar incluso en comunidades energéticas agrícolas que distribuyan esa energía en su entorno», apunta la viceconsejera.

Experiencias puntuales

En la actualidad, la implantación de este tipo de sistemas en Canarias es todavía incipiente. Existen algunas experiencias puntuales, principalmente vinculadas a cultivos ornamentales, como un orquidario en Tenerife o un invernadero en desarrollo en Gran Canaria. Sin embargo, aún no se ha extendido a cultivos de alimentación, donde el comportamiento de la combinación entre sombra y producción sigue generando más incertidumbre.

Precisamente por eso, el reglamento busca aportar seguridad tanto a agricultores como a empresas energéticas interesadas en este tipo de proyectos. «Lo que queremos es que, cuando alguien se plantee una instalación de este tipo, sepa desde el principio qué se puede hacer y qué no», explica Schallenberg.

Pese a tratarse de un modelo novedoso, la acogida en el sector primario no está siendo negativa. La clave, según la viceconsejera, está en su carácter voluntario y en el potencial económico que ofrece. «Los agricultores que ya han tenido experiencias similares, sobre todo con la eólica, lo ven como una oportunidad. Algunos incluso reconocen que esa renta complementaria les ha permitido mantener su actividad», afirma.

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