Los servicios sociales de Canarias cuestan solo 85 euros por vecino

Canarias invierte en sus servicios sociales unos 85 euros por habitante. Esta área, junto con la educación, la sanidad y las pensiones, está considerada un pilar del Estado del Bienestar, pues da respuesta a las incertidumbres y a los riesgos que afectan a la población más vulnerable. Sin embargo, en las Islas apenas se destina un 8% del presupuesto municipal total a esta materia, un porcentaje que la propia Administración autonómica, a través de un informe reciente, considera insuficiente.

En el Archipiélago, tres de cada diez vecinos están en riesgo de pobreza o exclusión social, un dato que explica que dos de cada diez isleños sean beneficiarios directos de estas ayudas y que tres de cada diez tengan contacto con el sistema público de servicios sociales.

Este complejo engranaje engloba, entre otras cuestiones, la atención a la dependencia de las personas mayores o con discapacidad, la protección familiar y el cuidado de la infancia que crece alejada de sus padres, el acompañamiento a víctimas de violencia de género, el sinhogarismo, las adicciones o la pérdida de ingresos.

Un primer diagnóstico

El pasado martes, la Consejería de Bienestar Social presentó el primer Diagnóstico y Análisis Multisectorial del estado de los Servicios Sociales en Canarias como un paso previo a la creación del futuro Plan Estratégico. La directora del Observatorio de Derechos Sociales (Odesocan), Emma Colao, recuerda que, ante la ausencia de este plan, el presupuesto destinado a políticas sociales tiene que crecer 55 millones cada año. «Esto no se está cumpliendo, por tanto, no solo es que sea deficitario, sino que es contrario a la norma», critica.

Para muchos usuarios, la primera ayuda que reciben –y la más próxima– llega de parte de sus municipios, es decir, de lo que se conoce como atención social primaria. En este sentido, los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife –con una inversión de 165,69 euros por habitante– y Las Palmas de Gran Canaria –163,18 euros por vecino– se han colado entre las diez capitales que más dinero destinan a sus servicios sociales. Aunque ambos enclaves superan la media nacional (156,14 euros), lo cierto es que son solo una excepción, ya que en el Archipiélago los consistorios gastan unos 106,48 euros por ciudadano.

Diferencias por municipios

Los municipios de menos de 20.000 habitantes destinan el 10,3% de su presupuesto y presentan la mayor inversión media por habitante (147.95 euros). En aquellos enclaves medianos –entre 20.001 y 95.000 habitantes– el esfuerzo inversor se sitúa por debajo de la media regional (7,91%) y el desembolso por vecino muy por debajo de la media regional (78,68 euros).

Ante estos datos, la principal conclusión que se extrae es que es necesario aumentar la inversión estructural, así como fijar mínimos por habitante. Eso sí, la infradotación que sufre el territorio insular es apreciable también a nivel nacional, pero el informe detalla que, en el Archipiélago, esta situación se refleja en un "reparto desigual de recursos" y en una "carga financiera significativa para los municipios", que son el primer nivel de atención del sistema.

Al respecto, Colao destaca que los ayuntamientos lo único que hacen es "resistir" y añade que "no era necesario un diagnóstico" para saber que las políticas sociales están infrafinanciadas.

¿Se conoce la ley?

En el análisis, también recomiendan difundir la Ley 16/2019 –conocida como ley de Servicios Sociales de Canarias– y mejorar la accesibilidad al Catálogo de Servicios y Ayudas, pues solo el 21,4% de la población conoce la normativa y apenas el 8,7%, el listado de prestaciones disponibles. "Ese 8,7% corresponde a políticos, funcionarios y expertos, es decir, gente que no va a utilizar nunca el sistema", argumenta la directora de Odesocan.

En esta línea, el diagnóstico también concluye que existe una "brecha significativa" entre el marco legal de los servicios sociales en Canarias y su aplicación efectiva en la práctica. "Tenemos la sospecha de que esto es una forma de trabajar, de ahorrar dinero; desde Odesocan le pedimos al Gobierno que deje de redactar y se centre en trabajar", sentencia.

¿Qué echan en falta?

El primer Diagnóstico y Análisis Multisectorial del estado de los Servicios Sociales en Canarias recoge propuestas de mejora planteadas por los usuarios, así como necesidades que ellos mismos creen que aún no están cubiertas en las Islas. Aunque la mayoría –casi nueve de cada diez– valora de forma positiva el servicio y la atención recibida, muchos coinciden en que varias cuestiones: deben reducirse los tiempos de espera, la información y el asesoramiento son escasos y los aspectos burocráticos demasiado engorrosos.

El debate surge, sobre todo, al evaluar si los recursos son suficientes: el 52,7% de los usuarios cree que sí lo son y el 47,3% considera que no. El personal técnico, por su parte, destaca que funciones como la información, orientación y valoración están consolidadas, pero al mismo tiempo señala que existen carencias de recursos, especialmente humanos, que dificultan cumplir con los objetivos de la ley.

¿Cómo lo valoran?

La valoración media de quienes han precisado estos servicios es favorable, pero no llega siquiera al notable: le otorgan un 6,5 sobre 10. Aun así, es una nota superior a la de quienes no han necesitado estas prestaciones, pues su percepción del sistema apenas alcanza el seis (5,8).

En este aspecto, no se aprecian diferencias por islas: más de la mitad de los encuestados se sienten muy satisfechas (60,3%) o satisfechas (28,5%). Donde sí hay cierta disparidad es entre sexos, pues los hombres (92,9%) están más conformes que las mujeres (87,4%). Algo similar ocurre al diferenciar por edad: los mayores de 75 años y los jóvenes –entre 18 y 24– son los que mejor nota ponen a los servicios sociales, mientras que los más críticos son quienes se encuentran en tramos intermedios.

Los profesionales que trabajan en esta área tienen, en general, una percepción positiva de su puesto; siete de cada diez están satisfechos. No obstante, este porcentaje cae de manera notable cuando se pregunta al personal técnico de municipios residenciales, donde solo cuatro de cada diez están contentos con su trabajo.

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