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Consecuencias en Canarias de la crisis bélica

El escudo canario anticrisis precisa de la 'bendición' de la ministra Montero

IGIC 0 para combustibles y cesta de la compra, ayudas a los transportistas y rebajas en el IRPF dependen de que el Estado permita flexibilizar la regla de gasto

El presidente Fernando Clavijo saluda al presidente de la patronal de Las Palmas, Pedro Ortega, en presencia del vicepresidente Manuel Domínguez.

El presidente Fernando Clavijo saluda al presidente de la patronal de Las Palmas, Pedro Ortega, en presencia del vicepresidente Manuel Domínguez. / Andrés Guitérrez

Salvador Lachica

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife

Rebajas temporales del IGIC sobre el combustible para que tribute al 0%, bonificaciones del 99,9% al precio de los carburantes para los transportistas, deflactación y deducciones en el tramo autonómico del IRPF, flexibilidad en pagos a cuenta, financiación para pymes y autónomos, apoyo a sectores estratégicos, actualización de partidas estatales pendientes, bonos energéticos y ayudas a las familias más vulnerables.

Ese es el grueso del escudo anticrisis para afrontar las consecuencias económicas de la guerra en Irán que el Gobierno de Canarias presentó este lunes a los sindicatos y empresarios que conforman el Consejo Asesor del Presidente y que garantizan que las medidas que pondrá en marcha el Gobierno de Canarias no entran en conflicto directo con los aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado viernes, ya que en su mayoría se basan en rebajas del IVA que no tienen efecto en el archipiélago.

Sin embargo, este abanico de bonificaciones no se desplegará hasta no tener el visto bueno de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que el Archipiélago pueda flexibilizar la regla de gasto.

"La 'medida cero' es que el Estado permita la modificación de la senda del Plan Fiscal y Estructural y la necesidad de ampliar límites a la senda del déficit", resumió el vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez.

Los presidentes de las patronales de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Alfonso (2i) y de Las Palmas, Pedro Ortega (d), junto a la consejera Candelaria Delgado (3i)

Los presidentes de las patronales de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Alfonso (2i) y de Las Palmas, Pedro Ortega (d), junto a la consejera Candelaria Delgado (3i) / Andrés Gutiérrez

Familias canarias menos protegidas

"No vamos a restar fondos presupuestarios esenciales en los servicios básicos por un olvido o un despiste del Estado", remachó el presidente Fernando Clavijo, que acusó al Ejecutivo central de "haber dejado fuera a Canarias" del paquete de medidas aprobadas el 20 de marzo en el Consejo de Ministros extraordinario y que tendrán que ser refrendadas el 26 de marzo en el Congreso.

Por ese motivo, Clavijo ya ha contactado tanto con la titular de Hacienda como con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres y prevé conseguir en los próximos días que el Estado habrá la mano. De lo contrario, Canarias incumplirá las reglas fiscales y se endeudará por encima del límite permitido porque la idea del presidente está clara: "Las familias canarias están ahora mismo en un plano de desigualdad y menos protección que las de la Península, y el Estado debe protegerlas sí o sí".

"Que nadie se lleve a engaño, Canarias depende de la geopolítica, pero sobre todo de que nos lleguen las ayudas del Estado y que sea enficaces y eficientes", insistió Domínguez.

Grupos parlamentarios

Un planteamiento que cuenta con el respaldo unánime de los máximos dirigentes Comisiones Obreras (CCOO) y UGT y de las dos patronales provinciales del Archipiélago, que al igual que el Ejecutivo consideran que "las medidas aprobadas por el Estado se quedan muy cortas en Canarias". Es frente común es el que Clavijo pondrá sobre la mesa este martes en la reunión que tiene prevista con los portavoces de los grupos parlamentarios para conseguir el mismo respaldo.

La estrategia política es clara: que el Archipiélago pueda financiar su propio escudo de protección sin detraer recursos ya presupuestados de la sanidad, la educación o los servicios sociales.

Medidas estatales limitadas

La tesis del Ejecutivo canario, compartida sin fisuras por los agentes sociales, es que el decreto aprobado por el Consejo de Ministros, con 80 acciones y una movilización de 5.000 millones de euros, tiene un "alcance muy limitado en las Islas" porque muchas de sus medidas descansan en rebajas del IVA y en instrumentos de aplicación general que "no encajan en la realidad fiscal canaria".

Clavijo y Domínguez insistieron en que Canarias apenas recibirá una parte muy reducida de ese paquete, aunque sí sufrirá el efecto indirecto del descenso de recaudación sobre el sistema de financiación autonómica.

Por eso, Clavijo concentra la reclamación en dos salidas: o compensación económica directa o, sobre todo, abrir margen para incrementar el endeudamiento mediante la flexibilización de las reglas fiscales.

El presidente Fernando Clavijo y el resto de miembros del Consejo Asesor.

El presidente Fernando Clavijo y el resto de miembros del Consejo Asesor. / Europa Press

Muro de contención

Desde CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso sostuvo que Canarias "queda al margen de la mayoría de las ayudas" del decreto estatal y dejó una advertencia de alto voltaje político: "Los canarios no vamos a pagar solos y exclusivamente lo que el Estado nos niegue". Además, reclamó utilizar el estatus de región ultraperiférica (RUP) para blindar jurídicamente unas compensaciones que no pueden depender de una negociación puntual cada vez que llega una crisis.

También los sindicatos endurecieron el tono. El secretario general de UGT, Manuel Navarro, alertó del riesgo de que esta nueva crisis arrastre la economía "al traste" y reclamó reeditar un "muro de contención" como el que hubo durante la pandemia. Por su parte, la líder de CCOO, Vanesa Frahija, fue aún más tajante al sostener que el decreto nacional "se queda muy corto", pues "las familias trabajadoras canarias "no pueden pagar la guerra en Irán".

Fernando Clavijo está en contacto con la vicepresidenta y el ministro Ángel Víctor Torres para llegar a un acuerdo favorable

Seis meses de efectos

Asimismo, desde CCOO se ha pedido que, en el caso de que el conflicto se extienda en el tiempo, "se active la recuperación de los ERTE y se incrementen las ayudas alo slibros de texto y los comedores escolares".

Y es que, como cncluyó Clavijo: "aun1e la guerra parase ahora mismo, su efectos económicos durarían seis meses"

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