Latino, con familia y trabajo: el perfil del migrante irregular en Canarias

«Cuando consiga mis papeles será una grandísima bendición, con la residencia podré trabajar legalmente, tener un sueldo justo y derechos, trabajando en negro te puedes encontrar personas buenas, pero también muy malas». Así se explica Andrea Figueroa, colombiana que llegó hace casi tres años a Canarias y que durante todo este tiempo ha vivido en el Archipiélago de forma irregular. Si todo le sale bien, espera ser una de las beneficiadas del proceso de regulación que ya ha aprobado el Congreso de Diputados –y que arrancará el 1 de abril– y lograr así un permiso de trabajo y de residencia.

El proceso, al que podrían acogerse alrededor de 40.000 personas en las Islas, nace de una iniciativa legislativa popular, impulsada por entidades sociales agrupadas en la plataforma RegularizaciónYa. Aunque la población extranjera que reside en Canarias está conformada, mayoritariamente, por europeos, en el caso de quienes tienen una situación administrativa irregular, el perfil más abundante es el de un latino, con familia en las Islas y que trabaja en negro.

Una de ellas es Andrea Figueroa, que como tantos compatriotas llegó a Canarias huyendo de la mala situación que atravesaba su país de origen y con un objetivo claro: darle un mejor futuro a su hijo, que ahora tiene cinco años. Su marido llegó a las Islas antes que ella y una vez establecido en Gran Canaria se trajo al resto de la familia con él. En estos casi tres años han sobrevivido gracias a la economía sumergida y, con el tiempo, él se dio de alta como autónomo. Ella, sin embargo, ha tenido que seguir trabajando siempre en B. Estos trabajos siempre vinculados a la asistencia doméstica le han permitido salir adelante, pero su objetivo es progresar, prepararse y cambiar de sector.

La mayor parte de las personas que beneficiarias que podrán conseguir papeles en las Islas nacieron en Colombia, Venezuela y Cuba

Vivir en Canarias sin tener papeles muchas veces se convierte en una pequeña odisea invisible para quienes nunca han estado en esta situación. «Conseguir un empadronamiento lo es todo», sentencia. Ya que sin este requisito es imposible acceder a algunos servicios básicos, como la sanidad o la escolarización. Sin figurar en el padrón se les niega incluso la ayuda de organizaciones sociales privadas que se dedican a atender a la población más vulnerable. «Por eso, al no lograr el empadronamiento hay muchos que se ven obligados a volver», explica. Figurar en el padrón es un objetivo que, cuando te encuentras en situación irregular, no es tarea fácil y menos con un mercado inmobiliario como el que existe en Canarias. «Nadie te alquila un piso si no tienes papeles», lamenta y los precios con los que se encuentran están fuera del alcance de sus economías domésticas.

De esta manera, quienes consiguen empadronarse, normalmente, es por la buena voluntad de sus familiares o personas que les acogen en sus casas o les ceden una parte de su vivienda. Pero la malicia también aflora y Figueroa recalca que hay incluso «quien pide 200 o 300 euros por empadronarte en su casa».

Pero las dificultades por no tener papeles van mucho más allá. No pueden acceder a ayudas de comedor o libros, aunque sus hijos estén escolarizados y su situación sea vulnerable. Al trabajar en la economía sumergida no existen los días libres, vacaciones o indemnizaciones por despido. Y viajar entre islas es prohibitivo al no contar con el descuento de residente. Para muchos, el temor de ser deportados es real, aunque Figueroa asegura que no es su caso. «Tengo entendido que por mis condiciones no me podrían deportar», pero el temor sí ha existido por su pareja, que debido a una pequeña multa sí que ha tenido carta de expulsión.

Casi el 60% de la población extranjera que vive de forma regular en el Archipiélago procede del continente europeo

Pero, ¿quiénes son, dónde viven y de dónde vienen las personas que podrán beneficiarse de este proceso de regularización masiva? Al contrario de lo que podría parecer, la mayoría de los migrantes irregulares no llega a Canarias a bordo de un cayuco atravesando el mar, sino en un avión como turista que no regresa a su país una vez finaliza su visado. Como Figueroa, el perfil mayoritario de las personas que podrán beneficiarse del proceso de regularización son migrantes procedentes de países de América Latina –con Venezuela y Colombia como nacionalidades más numerosas–, que ya tienen familiares viviendo en el Archipiélago y que trabajan en la economía sumergida.

Esta es la primera vez desde hace dos décadas que se abre la posibilidad de una regularización a gran escala en España. La última partió del Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, aunque a lo largo de los años, los Gobiernos comandados por el Partido Popular, también han promovido iniciativas similares.

Se estima que esta vez puedan beneficiarse al menos 870.000 personas en todo el país. Pero, conocer la cantidad de ciudadanos sin papeles que residen en España no es tarea fácil. No existen registros oficiales y las aproximaciones hay que buscarlas en informes especializados. La mayoría de ellos se basa para calcularlo en los datos del padrón, ya que los municipios sí permiten empadronarse a toda la población extranjera, con independencia de su situación administrativa. Unos datos que, después, cruzan con los permisos de residencia oficiales y se ajusta en función de varias casuísticas.

Regularizarse les permitirá cotizar, acceder a derechos sociales y les aportará mayor seguridad para aumentar su consumo

Una fórmula que ha seguido Ecca Social para la elaboración de su informe La población de origen inmigrado en Canarias con datos de 2025. En él, se indica que la comunidad en situación irregular más numerosa en el Archipiélago es la que procede de Colombia. En total, se estima que el número de colombianos en situación irregular en las Islas alcanza las 18.782 personas. Le siguen los venezolanos, con 10.519 compatriotas sin papeles viviendo en la comunidad. Una cifra en la que la cantidad de personas procedentes de la República Bolivariana que han llegado a la región está infrarrepresentada porque muchos son descendientes de canarios. Son, en su mayoría, adultos en edad de trabajar, que han llegado con sus familias y que hasta ahora han trabajado en la economía sumergida.

A él pertenece también la venezolana Laura Álvarez que llegó a Tenerife hace apenas dos meses, días antes de que el presidente Nicolás Maduro fuese capturado por las tropas estadounidenses. A pesar del poco tiempo que lleva en las Islas cree que podrá beneficiarse de la regularización al haber entrado antes del 31 de diciembre de 2025, la fecha que se ha marcado como tope para que puedan acceder al proceso.

Álvarez también tenía familia en el Archipiélago en la que poder apoyarse. En este caso, su hermana, que la acogió en su casa. Poder conseguir los papeles más rápido de lo que hubiera pensado cree que es «una gran oportunidad». Y lo sabe bien por la experiencia de su hermana que tardó bastante más en conseguir el permiso de trabajo. «Para mi fue una gran sorpresa y un alivio», sobre todo por sus hijos que tienen 12 y 14 años.

En estos dos meses no ha podido trabajar y ha subsistido gracias a la ayuda familiar. Una vez consiga los papeles, espera poder trabajar en labores administrativas, una profesión que desempeñaba en su país natal.

Más perfiles

Sin embargo, de esta regularización también podrán beneficiarse aquellos que proceden de países africanos. Sobre todo hombres jóvenes que llegaron a Canarias a través de la ruta migratoria más peligrosa que existe, jugándose la vida en el mar. Entre ellos, el grupo más numeroso lo integran los marroquíes. De acuerdo con los datos del informe Ecca Social, en el Archipiélago residen 2.398 que no han regularizado su situación administrativa. Tras ellos, son los senegaleses quienes conforman un grupo mayor, con 1.214 personas que no tienen papeles.

Según la información de asociaciones y entidades que se dedican a atender a la población en situación irregular, la mayor parte de las personas adultas están trabajando. Eso sí en la economía sumergida. En el Archipiélago la mayoría se dedica al cuidado de personas mayores en sus domicilios y a la hostelería. Hay también personal de limpieza, trabajadores de la agricultura y repartidores. Antes se dedicaban más a la venta ambulante pero esta opción para ganarse la vida cada vez resulta más difícil para ellos.

La regularización masiva que se abre ahora favorecerá la mejora de la situación de estos colectivos. Las asociaciones sostienen que la situación de irregularidad es una «trituradora» de derechos como la educación, la salud, la vivienda digna o la protección de la justicia y aboca muchas veces a estas personas a la vulnerabilidad. Un estudio elaborado por PorCausa apunta que una de cada tres personas extranjeras está en riesgo de exclusión social severa, una proporción tres veces más alta que la de los ciudadanos que han nacido en España. La tasa de riesgo de pobreza en los hogares de migrantes con menores a cargo es del 60%. Para los hogares españoles el porcentaje no sobrepasa el 20%. La irregularidad es, por tanto, una apisonadora de derechos sociales, que aboca a estas personas a la vulnerabilidad.

Más recaudación

Pero es que la regularización también supondría un beneficio económico para las arcas públicas. Estas personas, aunque trabajan cada día en el Archipiélago, no pueden realizar aportaciones fiscales directas a través del impuesto sobre la renta o las contribuciones sociales. Aunque sí pagan impuestos indirectos cuando compran en el supermercado o ponen gasolina, por ejemplo. Regularizarse les permitiría aportar más. En concreto hasta 3.500 euros por año a cada uno de ellos, lo que beneficiaría a las arcas públicas.

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