Familias de Canarias denuncian la "exclusión" del alumnado con discapacidad: "No hay recursos suficientes"

Unas 300 familias de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) se unieron en octubre de 2024 para crear la Plataforma Canaria Educación Inclusiva. Casi un año y medio después de su fundación, siguen aprovechando este espacio para denunciar a una única voz que el sistema educativo de las Islas no está dando respuesta a sus hijos. «Lo que hacen es excluirlos; los segregan en aulas enclave o en centros de educación especial (CEE) porque no hay apoyos ni recursos», sostiene la presidenta de la organización, Carolina Buriticá.

La última Estadística de las Enseñanzas no universitarias del Ministerio de Educación –correspondiente al curso 2023-2024– recoge que, a nivel nacional, el 85,2% del alumnado con necesidades educativas especiales se encuentra escolarizado en unidades de enseñanzas ordinarias. La mayoría de regiones supera el 80% y Galicia, por ejemplo, alcanza el 93,3%. Canarias, en el otro extremo, se sitúa como la comunidad con el porcentaje más bajo (73%), por detrás de Navarra (76,3%) y Valencia (79%).

Ante estos datos, las familias que componen la Plataforma Educación Inclusiva exigen a la Consejería que blinde los recursos en aulas ordinarias para que sus hijos puedan estar atendidos ahí. «Una formación que te lleve a una clase excluida del resto viola el derecho a la educación igualitaria», defiende. A su vez, añade, también se les está negando el acceso a la vida laboral. Los canarios con discapacidad son el colectivo que más difícil tiene insertarse en el mercado de trabajo, pues apenas uno de cada diez (11,2%) consigue un empleo en las Islas.

La respuesta de Educación

Desde Educación, en cambio, entienden que las aulas enclave y los CEE son dos medidas de atención a la diversidad muy necesarias. No solo eso, el director general de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, David Pablos González, también precisa que son muchas las familias que «están encantadas» con estos recursos. «A esta Plataforma, en concreto, les hemos dicho que si quieren abogar por la eliminación de estos espacios deben dirigirse al Ministerio, que es el órgano que los regula», apunta.

El representante de la Consejería reconoce que han tenido varias desacuerdos con esta organización y resalta que las cifras «avalan» el trabajo que están haciendo en favor de este alumnado. Así, recuerda que el presupuesto para contratar personal auxiliar ha pasado de 13 millones de euros –última partida del mandato anterior– a los actuales 22 millones y que, en este tiempo, el número de profesionales prácticamente se ha duplicado –de 941 a 1.850–. «Pueden pensar que los recursos son insuficientes, somos conscientes de que todo es poco en esta materia, pero no pueden decirnos que no hay voluntad», subraya el responsable del área.

Inserción laboral

En lo que respecta a la inserción laboral de estos chicos, González señala que en los últimos años la Consejería de Educación ha hecho una apuesta firme por la Formación Profesional Adaptada. «En Canarias somos pioneros en atender al alumnado con discapacidad más allá de los 21 años», añade.

La norma educativa a nivel nacional recoge que el alumnado con discapacidad podrá ser atendido en centros o unidades de educación especial hasta los 21. Para que estos chicos no queden desamparados una vez pasen la veintena, la Consejería sacó un proyecto, aún en fase de pilotaje, para acompañar a estos estudiantes más allá de la edad límite.

Piden inclusión real

Las familias, sin embargo, no ven suficiente este esfuerzo y creen que, para lograr una inclusión real, los apoyos deben reforzarse desde las primeras etapas del sistema, es decir, desde Infantil y Primaria. Según explica la presidenta, a estas edades muchos niños tienen crisis o problemas de conducta propios de su diagnósticos que terminan traduciéndose en expedientes disciplinarios como consecuencia de la falta de recursos. «Como madre esperas que el equipo del centro sea quien lo atienda, pero muchas veces nos llaman a nosotros para que lo hagamos», subraya.

En esta línea, asegura que en los colegios hay cierto «abuso de poder», tanto con el alumnado NEAE. como con sus familiares. «A los niños se les ve con el ojo de la discapacidad y, cuando los padres nos oponemos a ciertas decisiones, se opta por presionarnos con notificaciones y sanciones. El problema y las quejas persistirán hasta que esta perspectiva no cambie», advierte.

Estas críticas chocan con la medida anunciada por el consejero Poli Suárez a inicios de este mes de marzo. El responsable de Educación en el Archipiélago informó el pasado día seis de que se reducirían las ratios en aulas ordinarias en las que figure alumnado con necesidades educativas especiales (NEE). A su juicio, se trata de una decisión que mejorará la atención educativa en espacios ordinarios y que facilitará una respuesta «más personalizada» a este sector de la población escolar. Buriticá, sin embargo, no considera que esta sea una solución efectiva porque «seguirán faltando los recursos».

Suscríbete para seguir leyendo