Las consecuencias del conflicto de Irán
Canarias pide un tratamiento singular ante la crisis económica derivada de la guerra en Irán
El Gobierno canario busca un tratamiento singular ante las consecuencias de la guerra en Irán, con medidas fiscales, sociales y económicas que se debatirán con empresarios y sindicatos

Un conductor reposta gasolina en una estación de servicio del Archipiélago. / Andrés Cruz
Este viernes el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un real decreto con medidas sociales, fiscales y económicas para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán. Canarias aspira a tener un tratamiento singular frente a esta nueva crisis y así lo ha demandado la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido en un documento que le ha trasladado al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.
También el Gobierno canario prepara sus propias medidas y para ello ha convocado el jueves en Santa Cruz de Tenerife al Consejo Asesor del presidente para coordinar las acciones con las organizaciones empresariales y sindicales. Sobre la mesa rebajas de impuestos, incentivos temporales, ayudas directas a los sectores más afectados, deducciones y otras iniciativas para evitar una nueva crisis que dé al traste con la mejora de los indicadores económicos de las Islas.
Uno de los asuntos clave que tratarán tanto el Gobierno regional como el estatal es garantizar el suministro energético y que los sobrecostes del combustible y de la luz no disparen la cesta de la compra y la inflación. En este aspecto coinciden el Ejecutivo y las patronales canarias, que demandan un mecanismo singular de estabilización de los costes energéticos para Canarias y que se aceleren las inversiones en redes, almacenamiento y autoconsumo.
También se solicitan incentivos temporales para actualizar e incrementar los salarios bajos y medios con el fin de sostener el poder adquisitivo de las familias, pero sin que ello supongan un aumento adicional de las cotizaciones para las empresas.
El Gobierno canario estudia los productos en los que aplicará una bajada del IGIC, sea del tipo reducido o cero, más allá de que los productos básicos de la cesta de la compra ya disponen de un tipo mínimo. En este aspecto también las patronales de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife proponen ajuste de los tipos de determinados productos del impuesto indirecto canario y en los impuestos especiales para paliar la subida de los costes energéticos.
Ligado a esta medida tanto empresarios como sindicatos reclaman al Gobierno regional una bajada del impuesto sobre los carburantes y recuperar la bonificación directa de al menos 0,20 céntimos por litro de combustible. También consideran esencial contener el incremento que puede suponer la crisis en los fletes y en el transporte de mercancías ya que la partida de los combustibles representa un 40% de los costes de las empresas.
Iniciativas sociales
Las organizaciones sindicales añaden a las bonificaciones fiscales y ayudas a los sectores más afectados medidas que forman parte del llamado 'escudo social' que no fue aprobado en el Congreso al quedarse el Gobierno sin la mayoría suficiente. Entre estas acciones figura la prohibición de desahucios para las familias más vulnerables, evitar el corte de los suministros básicos de agua y luz, controlar el precio de los carburantes y alimentos, evitar expedientes de regulación de empleo en favor de los ERTE o impulsar ayudas a los autónomos.
En relación con el tratamiento singular que demanda Canarias, Cristina Valido le trasladó al ministro Bolaños que el Archipiélago requiere de una "atención especial" y advierte que en el paquete de medidas que apruebe el Consejo de Ministros "no nos pueden tratar igual" que al resto de comunidades. Por ello exige que la norma que se apruebe incluya una cláusula específica que adapte las ayudas a la realidad de las regiones ultraperiféricas.
Entre estas medidas singulares figura "flexibilizar el cumplimiento de la regla de gasto y los criterios de estabilidad financiera por el importe de las medidas que Canarias tenga que adoptar frente a esta crisis", añade la parlamentaria nacionalista. Valido recalca que “se ha de garantizar que las medidas estatales reconozcan y corrijan desventajas objetivas derivadas de la condición territorial, sin pedir privilegios sino equidad en condiciones”.
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