La violencia social crece contra los menores migrantes que llegan a Canarias

¿Ha aumentado la delincuencia en Canarias a raíz de la llegada de menores migrantes al Archipiélago? Sí, pero no porque estos jóvenes caigan en ella, sino porque en muchos casos son ellos quienes la sufren. Explotación sexual, explotación laboral, trata de personas o delitos de odio figuran entre los delitos que padecen algunos de los menores no acompañados que llegan a las costas canarias. La lectura es clara: el incremento de la criminalidad que se menciona en torno a este fenómeno responde en gran medida a que los propios chicos se convierten en víctimas de distintas formas de violencia. En este sentido, Extranjería advierte que muchos de ellos corren el riesgo de continuar su proyecto migratorio por la vía irregular –con todo lo que esto implica como vulnerabilidad frente a abusos y exclusión social– o de caer en redes de trata.

Así lo refleja el informe elaborado tras la misión de una delegación de eurodiputados que visitó varias islas del Archipiélago en septiembre. El objetivo de la visita era evaluar el impacto de la migración y el documento recoge diversas observaciones derivadas de su estancia en Canarias, donde los parlamentarios pudieron conocer, entre otros, los centros de acogida Las Raíces y Canarias 50, destinados a la residencia de personas migrantes adultas.

Durante su visita a la Comunidad Autónoma, los eurodiputados también se reunieron con la fiscal de Menores del Tribunal Supremo, Teresa Gisbert, y con la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez. De ese encuentro —celebrado a puerta cerrada— se desprende una de las conclusiones clave del informe: los menores migrantes no acompañados son, en su mayoría, víctimas de delitos y entre estos se encuentran peleas, insultos y agresiones sexuales que se cometen principalmente en los centros de acogida.

A estas situaciones -advierte la fiscal de Extranjería de Canarias, Teseida García- se suma la desaparición de menores migrantes, casos en los que no se descarta la posibilidad de trata de personas o explotación sexual, además de proseguir su migración por rutas no legales, lo que los mantiene en un limbo institucional.

¿Qué tipo de violencia reciben los menores?

Esta realidad adquiere una dimensión particular en el contexto de Canarias, donde el Ejecutivo regional ha llegado a tutelar en solitario a más de cinco mil menores en centros de acogida tensionados. La situación ha tenido consecuencias directas: en los últimos meses, cuatro recursos en distintas islas han sido cerrados debido a irregularidades y existen procedimientos judiciales en curso por posibles abusos cometidos por el personal de estos centros.

El pasado mes de julio, la Policía Canaria registró las oficinas de la entidad Quorum Social 77. La operación culminó con la detención de dos directivos y el cierre del centro José García I, ubicado en Arinaga. Meses antes, las autoridades ya habían clausurado el recurso La Fortaleza I, en Santa Brígida, también gestionado por la misma asociación, dentro de una investigación por presuntos delitos de lesiones, delitos de odio y amenazas. Posteriormente, en noviembre, fueron detenidas dos personas —una de ellas educador social— tras el registro de otro centro gestionado por esta ONG, ubicado en Puerto del Rosario. Más recientemente, un centro en Tenerife —también gestionado por Quorum Social 77— fue registrado por la policía, en una actuación que ha dejado ya a cinco exempleados investigados. El balance de la operación es contundente: además de los cuatro centros clausurados, cuatro personas han sido detenidos y cinco están siendo investigadas.

¿Cuál es la percepción de los ciudadanos?

Aunque, según el informe de los eurodiputados, la violencia hacia los menores migrantes se registra principalmente en el ámbito de los centros de acogida, la fiscal de Extranjería subraya que no se trata de la situación habitual. En la Comunidad Autónoma hay dos casos documentados de presuntos abusos o malos tratos en centros de menores que han derivado en actuaciones policiales o judiciales. El primero está vinculado a la entidad Quorum Social 77, bajo investigación por presuntos episodios de violencia y trato degradante en varios de los recursos que gestionaba. El segundo corresponde a un caso - conocido como el caso COAG - relacionado con la Asociación Oportunidades de Vida, investigada por emplear presuntamente a menores en trabajos agrícolas.

El informe también recoge que algunos vecinos asocian la inmigración con la delincuencia. Sin embargo, García subraya que no existe ninguna correlación entre ambas variables. Asimismo, recuerda que Canarias se ha caracterizado históricamente por ser una "tierra acogedora", aunque advierte de que el Archipiélago no es ajeno al repunte de los delitos de odio.

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