El senador de CC Sanginés ante el Tribunal Supremo: "No falté a la verdad, lo hice convencido"

El enfrentamiento político y judicial que durante 18 años marcó la vida pública de Lanzarote, relativo a los contratos del Centro de Artes, Cultura y Turismo (CACT), volvió este jueves al primer plano, esta vez en el escenario del Tribunal Supremo (TS). El senador de Coalición Canaria (CC) y expresidente del Cabildo insular Pedro Sanginés negó haber inventado las irregularidades que denunció en 2009 contra el entonces dirigente socialista Carlos Espino y el empresario Antonio González, ya fallecido, y sostuvo que "no falté a la verdad, lo hice convencido".

Sin embargo, el fiscal pidió distinguir entre la mentira y el error y sostuvo que en este caso Sanginés actuó con "manifiesto desprecio a la verdad", de forma "consciente y con voluntad", tanto en sede policial como judicial, pues "no había indicio alguno de delito". Una tesis a la que se unió la acusación particular al atribuir al senador nacionalista "intereses espurios y personales" para perjudicar "torticeramente a un rival político" con datos que fueron falseados.

Un periplo judicial de 18 años

La causa llega al TS por la condición de aforado de Sanginés como senador y se celebra después de un largo recorrido judicial que parte de aquella denuncia formulada hace ya 18 años, cuando acababa de acceder a la presidencia del Cabildo.

La Fiscalía reclama para él un año y medio de prisión y una multa de 4.050 euros, mientras que la acusación particular, ejercida por la familia del empresario González, eleva la petición a tres años de cárcel y 5.400 euros de multa. El procedimiento actual se abrió precisamente a raíz de la denuncia impulsada por los allegados del empresario de Climafrical, que estuvo investigado por aquellas adjudicaciones en un caso que terminó archivado tras una década de instrucción.

En su declaración, Sanginés trató de desmontar la tesis de que actuó por animadversión política o con voluntad de fabricar un caso. Aseguró que no denunció "a título personal" sino desde sus responsabilidades institucionales como vocal del consejo de administración del ente público y como máximo responsable del Cabildo, lo que, según expuso, le permitió acceder a documentación interna.

Velar por los fondos públicos

A partir de esa información apreció indicios de que se habían producido contrataciones al margen de la normativa, pagos sin respaldo suficiente y sobrecostes que lo llevaron a poner los hechos en conocimiento de la Guardia Civil: "No solamente declaré convencido de mi verdad, sino cumpliendo con mi obligación de velar por el deber de control y buen uso de los fondos públicos".

El senador insistió en que mantiene intacta su convicción de que en los CACT se produjeron irregularidades durante aquella etapa. En concreto, habló de «sobreprecios», de más de 300.000 euros facturados por Climafrical, que, según sostuvo, "no tenían cobertura contractual", y de procedimientos que, a su juicio, se saltaban de forma sistemática las reglas de adjudicación.

Sanginés sostuvo que su intervención vino motivada por esos indicios y no por ninguna maniobra para desacreditar adversarios. De hecho, achacó el actual proceso a una "represalia" de Espino por no haberse resignado al archivo de la causa original.

Denuncia archivada

La versión de Espino fue radicalmente opuesta. El exresponsable socialista aseguró en el juicio que la denuncia presentada por Sanginés fue "fraudulenta" y obedeció a una estrategia para apartarlo de la vida política. Según declaró, el "único objetivo" del actual senador era "invalidarme y destrozarme políticamente" pese a que, en su opinión, todos los procedimientos se habían realizado conforme a la legalidad.

Los hechos se remontan a 2009, cuando Sanginés compareció voluntariamente en dependencias policiales después de asumir la presidencia del Cabildo de Lanzarote. Allí denunció que podían haberse cometido delitos de prevaricación, malversación, cohecho y tráfico de influencias en la contratación de determinados servicios del ente turístico. En esa denuncia apuntó contra Espino, dirigente del PSOE y figura de gran peso político en la isla, y también contra el empresario González. Aquella investigación acabó archivada años después.