Ayuda para asistencia personal de hasta 900 euros al mes y grado III+: la dependencia canaria se ajusta por fin a las exigencias estatales

Los canarios con grado de dependencia reconocido podrán optar por fin a la prestación económica de asistencia personal (PEAP). Esta ayuda, que les permite contratar a una persona que facilite su autonomía y participación social, se podía solicitar en todo el territorio español, a excepción del Archipiélago, la única región que nunca había regulado este subsidio y que tampoco contemplaba la figura del asistente –un acompañante en tareas básicas de su vida diaria–.

Para terminar de ajustarse a las exigencias estatales, el Consejo de Gobierno aprobó el pasado lunes una modificación normativa que reforzará el Sistema de Dependencia en las Islas y que contempla avances como el ya mencionado o como la creación del grado III+ –dependencia extrema–.

En España, la prestación de asistencia está regulada a nivel estatal por la Ley de Dependencia (39/2006). Sin embargo, las comunidades autónomas son las encargadas de gestionarla, por lo que su ejecución y su cuantía varían en función de la zona en la que el solicitante resida. En Andalucía, por ejemplo, las cuantías máximas son de 313,5 euros para quienes tengan un grado I y de 747,25 euros para los grados II y III. Canarias, por su parte, ha establecido los precios máximos en 436 (grado I), 577,25 (grado II) y 900 (grado III).

La directora general de Dependencia del Gobierno regional, Concepción Ramírez, señala que se trata de unas cifras bastante superiores a los máximos que establece el Estado -700 euros para grado III-. "El tope marcado por el Ejecutivo central no limita a las comunidades; estas abonan la diferencia con sus propios fondos", explica.

Directrices de Europa

Esta apuesta por la asistencia personal llega para intentar que los isleños mayores o con alguna discapacidad puedan permanecer en sus hogares el máximo tiempo posible, incluso en la última etapa de sus vidas. Europa no quiere que los cuidados se realicen en grandes residencias sociosanitarias, por ello, lo que recomienda a sus Estados miembros es que apuesten por la atención personalizada y en el entorno del propio usuario.

En esta línea, el nuevo acuerdo también contempla modificar la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, para que las familias puedan acceder a distintas prestaciones. La directora subraya que, a partir de la publicación de este decreto, se podrá disfrutar de una asistencia del Servicio de Ayuda a Domicilio con una prestación para la asistencia personal. Esta última ayuda, reconoce, ha tardado casi dos décadas en llegar a las Islas. "Para los solicitantes será maravilloso contar con este dinero porque es el apoyo que necesitan para poder permanecer en su comunidad", apunta.

Dependencia extrema

La modificación normativa aprobada el lunes también establece un nuevo grado: el III+, un nivel de dependencia extrema para evitar que aquellos casos que precisen mayor intensidad de apoyo en domicilio se queden desprotegidos. En realidad, esta nueva consideración se creó en España en 2024 para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible.

Todos estos pacientes comparten aspectos comunes que les hacen especialmente vulnerables: carecen de tratamiento curativo específico, tienen poco tiempo de supervivencia desde el diagnóstico y evolucionan muy rápido hacia un alto nivel de discapacidad y dependencia, por lo que precisan cuidados sanitarios y sociales muy complejos. «Será un alivio para ellos poder permanecer en casa, con una atención igual de completa», añadió Ramírez.

En estos casos extremos, las ayudas mensuales pueden oscilar entre un mínimo de 3.200 euros y un máximo de 9.800. Eso sí, la responsable del área advierte que para que se abonen estas prestaciones, las familias tendrán que aportar facturas, al menos, por el valor establecido como mínimo.

¿Cuál es el siguiente paso?

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al nuevo proyecto de Decreto-ley, por lo que el primer paso está dado. Lo que resta en estos momentos es su aprobación en el Parlamento autonómico. Una vez se ratifique, la aplicación de las nuevas cuantías tendrá efectos al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

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