Cuatro de cada cinco profesionales de los servicios públicos valencianos han sufrido agresiones en su trabajo

UGT Serveis Públics PV y la Universitat Jaume I de Castelló han realizado un estudio pionero sobre la violencia laboral externa que sufren los trabajadores de los servicios públicos esenciales en la Comunitat Valenciana, en concreto, la sanidad y la educación y el servicio de ayuda a domicilio. Según los resultados preliminares de la investigación, que se presentará íntegramente en las próximas semanas, casi un 80% del personal encuestado afirma haber sufrido algún episodio de violencia externa en los últimos diez años, la mayoría de ellos de forma reiterada, no como hechos aislados. Estos datos muestran que las agresiones, amenazas e intentos de desprestigio se han convertido en una realidad cotidiana para muchos servicios públicos esenciales, con un impacto directo en la salud, la motivación y la calidad de la atención que recibe la ciudadanía

El estudio, basado en trabajo de campo cuantitativo y cualitativo con centenares de profesionales, analiza por primera vez de forma sistemática la exposición a agresiones, amenazas y situaciones de desprestigio que afronta el personal en su trabajo cotidiano. Esta semana, en concreto, este jueves 12 de marzo, se celebra el día europeo de las agresiones a los profesionales de la sanidad, un día que nos invita a reflexionar sobre un problema que no solo afecta a las trabajadoras y trabajadores de la salud, sino también a otros servicios públicos y que, además, nos obliga a actuar como sociedad. En este marco, UGT Serveis Públics PV quiere ser parte de la solución de un fenómeno complejo ante el que las administraciones públicas están obligadas a poner solución.

¿Qué es la violencia laboral externa?

Los primeros resultados de este estudio, que está a punto de culminar, son preocupantes: cuatro de cada cinco trabajadores y trabajadoras declaran haberse visto expuestos a situaciones de violencia externa en el ejercicio de sus funciones. La violencia laboral externa se define en el informe como cualquier conducta violenta, amenazante, intimidatoria o abusiva que se ejerce contra una persona trabajadora por parte de personas ajenas a la organización (pacientes, alumnado, familias, ciudadanía, personas usuarias y otros terceros), en el lugar de trabajo o con ocasión del mismo, y que pone en peligro su salud, seguridad o bienestar. Incluye formas físicas, verbales, psicológicas, sexuales, simbólicas, materiales y también ciberviolencia.

Además, según se desprende de la investigación, estos episodios son una realidad extendida que impacta de forma directa en la salud, la motivación y la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.

El 69% ve insuficiente prevención

Las personas encuestadas señalan también que las medidas preventivas y el apoyo institucional resultan claramente insuficientes frente a la magnitud del problema, pese a la existencia de protocolos formales y herramientas sobre el papel. La investigación subraya la necesidad de pasar de las declaraciones formales a una protección efectiva del personal, así como la necesidad de dotar de recursos, formación y acompañamiento al personal cuando se producen agresiones. De hecho, el 69% de las personas consultadas estima que las medidas preventivas son escasas o nulas, lo que supone un suspenso en toda regla a las políticas de prevención de la Generalitat.

UGT Serveis Públics PV advierte de que la violencia laboral en estos ámbitos esenciales se está consolidando como un riesgo estructural y creciente en los servicios públicos con múltiples causas, entre ellas la presión asistencial y educativa; el deterioro organizativo y a una preocupante normalización social de las agresiones. Por ello, el sindicato reclama a la administración un cambio de enfoque que refuerce los recursos humanos y la prevención, mejore la aplicación real de los protocolos y garantice un respaldo claro y visible a cada profesional agredido.

El informe completo, elaborado en colaboración con la universidad, incluye datos detallados por sectores, las causas identificadas y un paquete de propuestas específicas para reforzar la protección frente a la violencia laboral externa en los servicios públicos.

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