Canarias reclama 1.000 millones extras para carreteras o un nuevo convenio

El Gobierno canario reclama al Estado 1.000 millones de euros más para carreteras en cinco años, entre 2026 y 2030, para ejecutar las vías que no cuentan con financiación pero cuyos proyectos ya están elaborados o en redacción. Esta reivindicación está incluida en el artículo 31 del 'decreto Canarias', en el que se recoge "una dotación económica extraordinaria de 204 millones de euros para el cumplimiento de las determinaciones contenidas en el convenio entre Canarias y el Estado en materia de carreteras". El Ejecutivo advierte que la alternativa a esta demanda sería negociar un nuevo convenio ya que, en caso contrario, varias infraestructuras se quedarían 'colgadas' por la falta de fondos.

El actual convenio finalizaba el próximo año, hasta que en una reciente negociación con el Ministerio de Transportes se prorrogó tres años más, pero con los fondos que ya estaban consignados y que suman 1.448 millones de euros en el periodo 2021-2030. Sin embargo, esta financiación ya está comprometida, según explica el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez: "Las partidas del convenio vigente se están ejecutando en carreteras que ya se han licitado o están en proceso de licitación, por lo que nos hemos quedado sin fondos para nuevas vías de envergadura cuyos proyectos ya están redactados o en elaboración, son infraestructuras que están en el anexo del convenio, por lo que requieren de nueva financiación para poder adjudicarlas", destaca.

En la prórroga pactada con el Gobierno central se han reprogramado las anualidades de tal forma que de los 215 millones consignados para este año se llega a los 45,5 millones en 2030 para consumir las partidas ya previstas. Según Rodríguez Valido, "se acompañan los años del convenio con la ejecución real de las obras porque hay vías que se están licitando ahora y no van a finalizar hasta dentro de tres o cuatro años".

Mesas de contratación

El temor del Ejecutivo es que la falta de presupuestos del Estado y la incertidumbre en la que está sumida la política estatal dificulte la negociación de un nuevo convenio a partir de 2027, por lo que se ha decidido incluir en el 'decreto Canarias' la opción de introducir una partida extraordinaria anual de 204 millones que podría ser menor si se negocia, pero que es necesaria ante el ritmo de proyectos que ya están redactados o en fase de elaboración. El titular de Obras Públicas asegura que no habría problemas en adjudicar y ejecutar las nuevas vías porque a las mesas de contratación se están presentando bastantes ofertas, por lo que no existe el problema de que las licitaciones se queden desiertas.

Entre las vías que pretende financiar la Consejería con nuevos fondos figura el desdoblamiento de la GC-2, en el norte de Gran Canaria; el tramo de la TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto y un tercer carril en la autopista del norte de Tenerife; el tramo Cuchillete-Matas Blancas en Fuerteventura; la conexión El Remo-La Zamora en La Palma o el proyecto de la autovía LZ-5 en Lanzarote. "Hay actuaciones redactadas en todas las islas y vamos a un ritmo superior al de otras etapas en la elaboración de proyectos, por lo que se pueden licitar sin problema si hay fondos nuevos sea a través del 'decreto Canarias' o con un nuevo convenio, todas las obras están en el anexo, no las estamos inventando", remarca el consejero.

Pablo Rodríguez teme que la falta de presupuestos y los problemas del gobierno de Sánchez dificulten la firma de un nuevo convenio a futuro, pero también que el 'decreto Canarias' quede cercenado en la negociación que se entable con el Ministerio de Hacienda, por ello una de las prioridades del texto que propone el Gobierno regional es la dotación de nuevos fondos para complementar el actual convenio de carreteras, ya que la financiación actual está ya comprometida hasta el año 2030, año en que finaliza la prórroga.

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