Valido exige que la ley para limitar precios en emergencias tenga en cuenta la realidad de Canarias
La diputada de CC considera que si la iniciativa del Gobierno para topar precios en emergencias vuelve al Congreso, debe tramitarse como proyecto de ley para introducir mejoras y aportaciones de los grupos

Cristina Valido, diputada de CC en el Congreso de los Diputados. / Europa Press

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, defiende que la ley para limitar precios en emergencias debe reconocer la singularidad de Canarias. La iniciativa del Gobierno para garantizar la accesibilidad a bienes básicos en contextos de crisis no logró el respaldo suficiente en el Congreso. Aunque Coalición Canaria votó a favor, Valido considera que, si el texto vuelve a la Cámara, debería tramitarse como proyecto de ley para permitir enmiendas y aportaciones de los grupos.
Durante su intervención en el pleno, la diputada defendió el objetivo de proteger a la ciudadanía en momentos excepcionales. "Hay momentos en los que no toca ganar más", afirmó, pero insistió en que la condición archipelágica y ultraperiférica del territorio obliga a un tratamiento específico. Valido recordó que en situaciones de crisis suelen producirse subidas de precios, como ocurrió tras el accidente ferroviario de Adamuz el pasado enero. "Mientras unos lloran, otros venden clínex", señaló, para subrayar que su preocupación está en quienes sufren las consecuencias.
Especialmente vulnerable
La parlamentaria advirtió de que Canarias es especialmente vulnerable a cualquier alteración en el suministro. Puso como ejemplo lo ocurrido en La Palma tras la erupción del volcán Tajogaite, cuando los alquileres se dispararon por los desalojos y la pérdida de viviendas.
También apuntó que los problemas en el transporte de mercancías o los fenómenos meteorológicos adversos pueden encarecer productos básicos en las Islas. "Cualquier problema que nos desconecte del continente hace que vivir en Canarias sea más caro", afirmó. Por ello, pidió al Gobierno que, en una futura tramitación, adapte las medidas a la realidad “diferente y vulnerable” del Archipiélago y que esa singularidad quede recogida expresamente en la norma.
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