Unas 3.400 mujeres canarias con menores a su cargo están registradas en VioGén: "Los asesinatos son solo la punta del iceberg"

El asesinato de un menor de diez años a manos de su padre en Arona (Tenerife), el pasado 13 de febrero, conmocionó a toda la sociedad y, como ocurrió tras la muerte de Anna y Olivia, colocó el término «violencia vicaria» en las conversaciones de sobremesa de muchas familias, no solo en Canarias, sino en todo el territorio español. «Es la violencia más extrema que se puede ejercer contra una mujer y lo peor es que los homicidios son solo la punta del iceberg porque existen muchas otras formas que suelen estar invisibilizadas», destaca la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Ana Brito.

En el caso de esta víctima, que también resultó herida de gravedad por su agresor y que continúa hospitalizada, no existían denuncias previas ni tampoco había constancia de que en ese hogar corría peligro la vida de una madre y de su hijo. Sin contar a todas estas mujeres que viven al margen de las estadísticas oficiales, en el Archipiélago, un total de 6.609 isleñas están registradas en el Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (VioGén). De ellas, 3.383 tienen menores a su cargo, es decir, niños o adolescentes que también están en riesgo de ser maltratados.

En palabras de Brito, una madre nunca se imagina que suceda algo así. Sin embargo, desde que en 2013 comenzara el recuento, nueve menores han sido asesinados en las Islas bajo un fin común: causar el máximo dolor posible a su progenitora. En esta línea, el Sistema VioGén mantiene activos 98 casos con niños en situación de riesgo, la cifra más alta desde que hay registros. Según los últimos datos de enero de 2026, dos de ellos están en peligro extremo, cinco en riesgo alto y 91 en medio.

José Bretón, un antes y un después

La doctora en Psicología, especialista en Violencia de Género y docente de la Universidad Europea, Mar Casas, señala que el caso de José Bretón, un padre que mató a sus hijos en 2011, fue un antes y un después en la lucha para visibilizar y erradicar la violencia vicaria, un término acuñado por la psicóloga Sonia Vaccaro. «Cuando salió la ley integral de 2004, el foco estaba puesto en la víctima, pero los niños quedaban desprotegidos. Todo esto comenzó a regularse en 2021, con la Ley de protección al menor», argumenta. Además, resalta, el Pacto de Estado también fue un momento clave.

En este sentido, confiesa que la violencia vicaria es el «problema fundamental» en consulta. Ellas –relata– se van recuperando de manera progresiva de las secuelas del machismo, pero lo cierto es que esta lacra tiene muchas patas. «Los ataques a través de sus hijos son el principal motivo de bloqueo en el proceso de recuperación terapéutica porque muchas de ellas, por ejemplo, tienen que llevar a los niños a un punto de encuentro», detalla.

Interés superior del menor

Al respecto, la magistrada especializada en violencia de género Auxiliadora Díaz advierte que el interés superior del menor siempre será vivir en un clima libre de todo tipo de violencias: «Lo que no podemos permitir o entender es que la paternidad biológica sea un elemento suficiente para establecer un régimen de visitas, un maltratador no tiene derecho a estar con su hijo porque pensar que puede atentar contra la madre, pero no contra el niño es un error garrafal», alertó.

También es necesario tener en cuenta que la violencia de género no solo afecta a los menores cuando son hijos de una víctima. Un total de 180 chicas menores de edad de las Islas están registradas como víctimas en el Sistema VioGén, 99 de ellas con casos activos.

Expertas en distintos ámbitos tienen claro que la violencia no comienza con la agresión o el asesinato, sino que empieza con un insulto, una falta de respeto, un bloqueo económico, un comportamiento tóxico o un empujón. «Nunca va descendiendo, sino in crescendo, el problema es que muchas mujeres no ven ese tipo de señales porque están metidas en un ciclo de control y dominación; lo importante es que ellas sean conscientes de que son víctimas de violencia machista», explica Díaz.

Oficinas de Asistencia a la Víctima

A su parecer, aún existe un «gran número» de mujeres que no han interpuesto una denuncia contra su maltratador, ya sea por vinculación económica, emocional o por cualquier otro motivo. Para reducir el número de afectadas que permanece a la sombra, la jueza cree que es necesario impulsar las Oficinas de Asistencia a la Víctima, un recurso que se creó hace años, pero que no se ha dotado presupuestariamente. Estos espacios nacieron con la intención de brindar asistencia a las mujeres y de ayudarlas con todas las diligencias relacionadas con la denuncia, para que vayan «con todo arreglado» ante el órgano judicial correspondiente.

En el caso del último asesinato machista registrado en Canarias, el del menor de Arona, la magistrada defiende que «esta clarísimo» que se trata de otro ejemplo de violencia machista en el que, con la finalidad de atentar contra la mujer y de hacerle el máximo daño posible, se ataca a sus hijos. «Si no hubiese sido abatido, estaríamos hablando de un asesinato a un menor y de lesiones graves a su pareja; es un resultado brutal, te deja viva con la única finalidad de que sufras ese daño durante toda la vida», asegura.

Avances legislativos

Para evitar que ningún menor más muera a manos de un hombre, el Consejo de Ministros aprobó a finales de septiembre el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, un documento que incluiría una definición del término y que lo incluiría como un delito contra la integridad moral en el Código Penal.

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