¿Por qué la vivienda se ha convertido en un derecho 'fake' en Canarias?

«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». Así está escrito en el Artículo 47 de la Constitución. Sin embargo, en los últimos años poder disfrutar de esta garantía constitucional se ha tornado extremadamente difícil para buena parte de la población en Canarias. La continua escalada de los precios, que crecen por encima del nivel adquisitivo de las familias, la cada vez más exigua oferta, la especulación que ha acabado convirtiendo un bien de primera necesidad en un activo de inversión y la falta construcción de nuevas promociones, –tanto públicas como privadas–, ha convertido lo que debería estar garantizado por la ley fundamental del Estado en una quimera. Un derecho fake como lo han calificado a raíz de la presentación del último informe de Cáritas y la Fundación Foessa. En él, se determina que tener o no tener una vivienda cada vez condiciona más la situación social de los canarios y se constata como uno de los factores de mayor riesgo para caer en la vulnerabilidad.

Tener un techo o no tenerlo se ha convertido en un condicionante que afecta a la vida de miles de personas en el Archipiélago y que marca una diferencia abismal en la realidad económica de las familias. ¿Por qué? Porque destinar un mayor porcentaje de los ingresos domésticos al pago del alquiler o la hipoteca deja menos margen para gastar en otros aspectos esenciales como llenar la despensa o en el pago de las facturas de los suministros, la ropa o los gastos escolares.

Pero, hay que tener en cuenta que la vivienda es un derecho, sí, pero disponer de una nunca ha estado totalmente garantizado por las administraciones públicas. Está recogido en la Carta Magna pero no como un derecho fundamental. ¿Esto qué quiere decir? «Efectivamente, está dentro de nuestro ordenamiento jurídico y lo incluye la Constitución, pero no forma parte de aquellos que están más fuertemente protegidos como el derecho a la huelga o a la libertad de expresión», explica Estefanía Torres, profesora de Derecho Civil de la Universidad de La Laguna (ULL). De manera que, al no ser un derecho fundamental, un ciudadano no puede acudir a los tribunales para exigir disponer de una vivienda, a pesar de que los poderes públicos tengan responsabilidad según la Carta Magna.

Más difícil

Pero, ¿qué es lo que ha propiciado que cada vez sea más difícil acceder a este derecho, si es que alguna vez estuvo más cerca para los ciudadanos? Como en casi todo, existen múltiples factores. Sin embargo, sí que se puede afirmar que el acceso a una vivienda sí que era bastante más sencillo años atrás. Para ello existen varios motivos. La oferta inmobiliaria que existía, por ejemplo, en 1978 cuando se aprobó la Constitución, era completamente diferente y la demanda también lo era. España venía de un boom de la construcción de la década de los 60 y 70, donde se levantaron nuevos barrios con muchas casas. El tamaño medio de los hogares era mayor, con lo que vivía más gente en cada vivienda, y, sobre todo, acceder a ellas era más accesible económicamente respecto al salario medio.

En 1978, una vivienda en España podía costar aproximadamente cuatro o cinco veces el salario bruto anual y alquilarla suponía destinar un 20% del sueldo. En la actualidad, convertirse en propietario en el Archipiélago cuesta casi doce salarios brutos anuales. O lo que es lo mismo, un trabajador debería ahorrar íntegramente su sueldo de doce años para comprar una casa a tocateja. Una situación del todo utópica. En la actualidad, alquilar un piso tampoco es más sencillo. Los canarios deben destinar casi un 70% del sueldo para pagar un arrendamiento medio.

«Lo que ha cambiado y se ha convertido en la principal dificultad es que la vivienda es ya un bien de libre mercado, se la considera como un producto más, incluso para la inversión», expone Torres. Lo que ha favorecido la especulación y el incremento incesante de los precios.

Oferta

A esto, se ha unido en los últimos años un mercado laboral en el que la oferta no ha parado de menguar, casi al mismo tiempo en el que la demanda crecía de manera notable. A medida que ha aumentado la población en Canarias y han ido cambiado los modelos de hogar, más personas están buscando una vivienda en un mercado que parece tener cada vez menos que ofrecerles. Los motivos, de nuevo, son variados. La oferta se reduce por la falta de nuevas construcciones privadas desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, pero también porque durante años las administraciones públicas han hecho caso omiso a su obligación de edificar vivienda pública a precios asequibles.

Y no parece que ahora vaya a ser sencillo remontar esta situación. A la falta de suelo finalista –aquel que ya ha completado los trámites administrativos y que está listo para comenzar a construir– se une la lenta tramitación de las licencias, que pueden dormir el sueño de los justos en los cajones de muchos ayuntamientos y la escasez de empresas y personal en el sector de la construcción.

Ahora, a esto se añade un problema más: construir viviendas ya no es rentable. O, al menos, tan rentable como se supone que debería ser. Así lo han advertido las patronales del sector en Canarias. El incremento de los materiales y el exceso de burocracia provoca que las inversiones se vayan a otros sectores.

Más financiación

Pero, ¿qué se tendría que hacer para tratar de cambiar la situación? «Es necesario que la voluntad y los anuncios constantes de que vamos a hacer viviendas se traduzca en presupuestos», indica María Salud Gil, presidenta de la Asociación de Constructores de la provincia de Las Palmas. Para poder construir 12.000 viviendas al año «se necesitan 450 millones de euros y el sector privado está dispuesto a aportar otros 2.000». Con ello, se podría cubrir la diferencia entre los costes de producción y los precios que puede pagar la población.

Pero, lo cierto es que mientras tanto, la dificultad para encontrar vivienda afecta a un amplio espectro de personas. Buscar una casa, para comprar pero especialmente para alquilar, se ha convertido en una especie de misión imposible. Familias, dueños de mascotas, parejas o personas solas. Las dificultades para acceder a un hogar afectan a casi todos por igual. Ya ni siquiera es suficiente con tener un empleo fijo e ingresos altos. La poca oferta y los altos precios dilapidan las expectativas de muchos.

«Te lo ponen muy difícil», reconoce Carolina Mijares, una mujer que lleva dos años buscando una vivienda para ella y su hija de doce años. Ahora vive en una habitación de un piso compartido y la menor se encuentra con su padre. Paga 500 euros por ella, lo que no hace tantos años se pagaba por una vivienda entera. «Ahora te piden nóminas que no se cobran aquí, te exigen tener un trabajo donde lleves fijo un año, fiadores y una cantidad de dinero imposible y lo peor es que nadie está haciendo nada para resolver esto», lamenta. Pero aunque llegase a cumplir todos estos requisitos, en ocasiones le han llegado a decir «que no alquilan a familias con niños».

70% del salario

Pero las familias no son el único colectivo que tiene ahora máximas dificultades para conseguir una vivienda. En muchas ocasiones, una persona sola que solo dispone de un sueldo para pagar el alquiler está también en franca desventaja, ya que el arrendamiento medio en Canarias supone ya el 70% de los salarios que se cobran en el Archipiélago. Y la dificultad se torna en misión imposible si como Johnny Mendoza el posible inquilino tiene una mascota. «Cuento con ingresos estables para cumplir con mis pagos y hasta una carta de recomendación de mi actual casera, aun así, encontrar un alquiler asequible se está volviendo bastante complicado», explica. Lleva desde el pasado verano buscando y no ha encontrado nada y asegura que uno de los hándicap principales es que muchos no admiten mascotas. «Tener perro y vivir de alquiler hoy en día parece casi incompatible. A veces da la sensación de que es más fácil que te concedan una hipoteca sin nómina que te alquilen un piso si tienes mascotas», comenta.

También hay «anuncios falsos, que son muchos, alquileres que son solo de temporada y también condiciones y precios que resultan prácticamente inasumibles», sentencia. Por lo que «entre avales, meses por adelantado y requisitos varios, a veces parece que te estén seleccionando para astronauta en lugar de para inquilino».

Ante este panorama, la vivienda se ha convertido en el factor de la exclusión social más extendida en Canarias: una de cada tres personas en las Islas presenta algún rasgo de exclusión residencial. De esta manera, se ha convertido «en el gran cuello de botella de la integración social en Canarias», aseguró el responsable del comité técnico del informe elaborado por la Fundación Foessa. «Mientras no pase a ser un pilar real del estado del bienestar con políticas estables que prioricen el derecho a la vivienda sobre su valor de mercado, la mejora técnica seguirá sin traducirse en integración social».

El impacto ya es estructural de forma que el sobreesfuerzo en vivienda y suministros empuja a más de 122.000 hogares por debajo de la pobreza severa, y se cronifican situaciones de precariedad residencial, y 218.000 personas viven en vivienda insegura y 342.000 en vivienda inadecuada.

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