Pugna en Bienestar Social ante el aumento de las bajas en la plantilla

La carga de trabajo y el incremento de las bajas laborales en la plantilla de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias están provocando un nuevo enfrentamiento entre el equipo directivo del departamento y los comités de empresa de las dos provincias. Los representantes de los trabajadores denuncian la «saturación» en la que se encuentran y elevado número de bajas que se está produciendo, mientras que la consejería asegura que le ha dado prioridad a esta situación y que ha formado un equipo específico para analizar los informes de riesgos psicosociales y los cambios de puestos de trabajo por motivos de salud.

El pasado 31 de diciembre el Gobierno aprobó un plan de choque en esta materia a través de un contrato programa de carácter temporal, con el fin de realizar el nombramiento de seis técnicos y cuatro auxiliares. De estos efectivos ya se han incorporado cinco, un jefe de sección del cuerpo superior facultativo especialista en prevención y cuatro técnicos del cuerpo facultativo técnico de grado medio, también especializados en prevención de riesgos laborales. Aún quedan pendientes de incorporarse cinco profesionales más, un psicólogo y cuatro auxiliares de apoyo administrativo.

Los comités de empresa cuestionan la «dejación de funciones» de la consejería y advierten que «no es casual». Critican que «ignorar las evaluaciones de riesgos psicosociales y/o bloquear las solicitudes de adaptación al puesto de trabajo por motivos de salud supone que la Administración fuerza a que se le dé la baja al trabajador». Para los representantes de la plantilla, «se trata de un caos provocado» que somete a los trabajadores de los distintos departamentos a una carga de trabajo que justifica la privatización de los servicios.

Prioridad

Pero la versión oficial es bien distinta, ya que la consejería rechaza cualquier tipo de dejación de funciones cuando esta situación «ha sido un tema prioritario para la Secretaría General Técnica, el poder contar con un equipo cualificado en las materias para hacer frente tanto al cumplimiento de las propuestas contenidas en los informes de riesgos psicosociales como a los cambios de puestos de trabajo por motivos de salud». En este sentido, el equipo de la consejería «no ha ignorado nunca a su personal, como tampoco lo hace en relación a los trabajadores que forman parte de los comités de empresa. El diálogo es permanente», aseguran fuentes de la Consejería de Bienestar Social.

La visión es diametralmente opuesta desde los comités, ya que, en su opinión, la precariedad de medios en la que se encuentra la consejería «ha llevado a la plantilla a una situación de saturación y burn out» [síndrome del trabajador quemado], lo que provoca que el impacto en la salud mental de los empleados sea «alarmante» y desemboca en un «alto número de bajas laborales que refleja la gravedad del entorno». Las organizaciones sindicales denuncian que en los últimos dos años, el Ejecutivo ha hecho «caso omiso» de las denuncias de los representantes de los trabajadores, vulnerando el derecho fundamental a la negociación colectiva y a la información. La consejería mantiene que la gestión está centrada en mejorar la vida de los ciudadanos, «tal y como demuestran los números de mejora de dependencia, discapacidad, servicios sociales...», y tiende la mano a los comités de empresa para negociar mejoras en las condiciones laborales.

Pero los avances en dependencia, discapacidad , infancia o mayores no son tantos para los dirigentes de los comités. En el caso de la dependencia, «pese a los cambios normativos, la reestructuración del personal, la externalización de gran parte del procedimiento y las contrataciones temporales, las listas de espera apenas se han reducido y la creación de servicios públicos sigue siendo insuficiente, provocando un aumento de ocupación de camas hospitalarias», advierten.

En discapacidad, «los retrasos en los expedientes en la actualidad se sitúan en torno a los dos años, situación que se repite con la resolución de las solicitudes de la Renta Canaria de Ciudadanía».

Especial mención expresan los representantes de los trabajadores del Programa de Prevención y Protección de Menores en Canarias, que atraviesa una situación crítica «debido principalmente a una plantilla infradotada y obsoleta. Actualmente existe un déficit global de 29 puestos sin cubrir en toda la Comunidad Autónoma. Esta falta de personal se agrava con la finalización en diciembre de 2025 de los contratos del personal temporal, sumado además a la pérdida constante de técnicos que no son sustituidos», aseguran los dirigentes sindicales de los comités de empresa.

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