Canarias, a pocos meses de perder los fondos europeos de energía

El Gobierno regional insta al PSOE canario a que presione al Ministerio de Transición Ecológica para ampliar los plazos de ejecución de los fondos europeos Next Generation destinados a la transición energética, la penetración de las renovables y la descarbonización de Canarias. «¿De qué parte está el PSOE? Escuchen a la gente», espetó el consejero Mariano Hernández Zapata al grupo socialista en el Parlamento ante la «emergencia» que supone justificar más de 250 millones de euros antes del mes de junio ya que, en caso contrario, hay que devolver fondos a Bruselas. El Ejecutivo exige una prórroga hasta diciembre de 2028 como ha hecho el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo público dependiente del Ministerio. El titular de Transición Ecológica y Energía recordó que no solo se trata de una reclamación de su departamento sino también de los sectores económicos afectados.

El pleno del Parlamento debatió ayer la crítica situación en la que se encuentran los fondos europeos a raíz de una interpelación del PSOE al Ejecutivo. La diputada socialista Alicia Vanoostende acusó a Hernández Zapata de buscar «falsos culpables» y de hacer «trampas al solitario» para no asumir sus responsabilidades, sin hacer autocrítica ni elaborar un plan de contingencia. «Las ayudas para la compra de vehículos eléctricos, para la instalación de puntos de recarga o para la instalación de placas fotovoltaicas solo se han ejecutado en un 20%», denunció la diputada, de modo que el otro 80%, equivalente a 100 millones de euros, «están en el aire a seis meses de la finalización de estos programas», aseguró.

El titular de Transición Ecológica culpó al Gobierno anterior del pacto de las flores y al Ministerio de la situación de «colapso» en la que se encuentra la distribución de los fondos comunitarios. En este sentido recordó que a Canarias se le asignaron 145 millones de euros de Next y, posteriormente, junto a Baleares, 301 millones de euros más en subvenciones para autoconsumo y el plan Moves 3 para ejecutarlos en el mismo plazo de tiempo. El consejero cuestionó la gestión del Ejecutivo liderado por el PSOE, ya que en dos años apenas sacó adelante expedientes y pagos de ayudas, mientras que en los dos últimos ejercicios el actual equipo de la Consejería ha acelerado la tramitación hasta el punto de tener concedidos 38,8 millones de euros y tramitado más de 8.000 expedientes. Sin embargo advirtió que están en riesgo 252 millones de euros si el Gobierno central no amplía los plazos como ha hecho el IDAE. «Se han olvidado de Canarias», criticó.

Hernández Zapata reclamó a los socialistas que respalden la posición del Ejecutivo y los sectores afectados ante el Ministerio para que se conceda una prórroga hasta diciembre d 2028, igual que la realizada para el organismo público estatal. «Están en riesgo decenas de millones de euros para el sector industrial, el sector del taxi y personas que invierten su dinero para ser más sostenibles», reiteró Hernández Zapata. A cuatro meses de acabar el plazo teórico «estamos dispuestos a dejarnos la piel para agilizar los procesos», afirmó.

Vanoostende ve «improbable» que la UE amplíe los plazos más allá de junio de 2026, por lo que exigió al Ejecutivo un «plan realista» para ejecutar el máximo volumen de fondos.

Nuevas modificaciones

El pleno del Parlamento convalidó ayer el decreto ley de modificación de la Ley de Cambio Climático, que continuará en la Cámara como proposición de ley para someterse al trámite parlamentario y a las enmiendas de los grupos políticos. Los cambios se han producido como consecuencia de los reparos del Estado a algunas de las modificaciones que realizó el Ejecutivo sobre la ley original de 2022 y por las peticiones de los cabildos y ayuntamientos, relativas a su participación en los beneficios derivados de las energías renovables y al impacto sobre los planes insulares y generales de las zonas de aceleración de renovables y las obras para las instalaciones.

El PSOE y NC se abstuvieron en la votación final del decreto ley mientras que sí hubo unanimidad en la tramitación del texto como ley para entrar en la tramitación parlamentaria, con el fin de complementarla ante las peticiones de las corporaciones locales. La diputada Alicia Vanoostende recordó que el informe del Consejo Consultivo cuestionó la iniciativa del Gobierno por esperar a última hora para llevar el decreto ley a la Cámara cuando el Estado había dado nueve meses de plazo para realizar los cambios necesarios. Los grupos que respaldan al Ejecutivo valoraron que se hayan atendido los criterios de los técnicos para que la norma se adapte a las necesidades locales.

Suscríbete para seguir leyendo