Amenaza de quiebra en el metal por la ‘fuga’ de fondos Next Generation

Un frente común canario conformado por Gobierno autonómico, cabildos, ayuntamientos y sector privado demanda al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) una prórroga para la ejecución de los fondos Next Generation. De no existir, el 30 de abril el Archipiélago perderá en torno a 300 millones de euros que deberían servir para impulsar su descarbonización. Y más allá del golpe al medio ambiente, se perderán un número aún por calcular de empleos y empresas instaladoras de placas fotovoltaicas o puntos de recarga de vehículos eléctricos, por ejemplo.

El jueves de la pasada semana, el PSOE arremetió contra la gestión del dinero llegado de Europa que ha hecho el actual Gobierno de Canarias. El anterior responsable de la Transición Ecológica en las Islas y hoy senador, José Antonio Valbuena, situó gran parte del problema en la «invitación a salir» que el Ejecutivo de Fernando Clavijo extendió al personal directivo de alta cualificación que él había puesto al cargo del reparto de la ayuda europea llegada tras la pandemia para incrementar la presencia de renovables en las Islas.

Una postura que al actual director general de Energía de Canarias, Alberto Hernández, le parece de un «cinismo mayúsculo», porque al arribar ellos al Gobierno regional encontraron un «páramo», tal y como define la gestión de «menos de un 8%» del dinero recibido por parte de Valbuena y su equipo.

Galgos o podencos

Mientras la clase política discute si son galgos o podencos los canes que enseñan los colmillos, las pequeñas y medianas empresas embarcadas en traducir los fondos en, por ejemplo, placas fotovoltaicas que reduzcan las emisiones de gases nocivos en Canarias, miran con pavor cómo el calendario va perdiendo hoja tras hoja.

Tienen la esperanza puesta en que el IDAE escuche la petición coral de la comunidad autónoma –también Baleares está en la misma posición–, porque, de lo contrario, el «drama» para ellas «y los inversores» –los ciudadanos e instituciones que apostaron por el autoconsumo–, está servido. En estos términos se expresa la presidenta de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas (Femepa), Patricia Jiménez. Del total de 300 millones de euros que amenazan con volatilizarse, «solo en Gran Canaria están en juego cien» o, traducido a tarea y empleo, «cientos de obras».

En muchos casos, con la financiación adelantada por las propias pymes. Porque las subvenciones están concedidas, lo que les animó a participar de la resolución de problemas. La cuestión es que el dinero nunca llegará en los innumerables casos en que la finalización de las obras no se produzca antes del 30 de abril. ¿Cómo deshacer el embrollo? «Si se tiene voluntad, con que baste con la concesión de la subvención y la posterior vigilancia para constatar que se realiza el proyecto; jurídicamente es posible», sostiene la presidenta de Femepa.

Tanto ella como el directivo de Femete (Federación de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife), Juan Alberto Gutiérrez, señalan que solo se está solicitando al IDAE un aumento de plazo que este organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) se ha concedido a sí mismo. Se refieren de este modo a la ampliación en dos años del tiempo para la justificación de las subvenciones concedidas a proyectos de gran magnitud como los sondeos en busca de energía geotérmica, en el caso de Canarias. La autoconcesión de este periodo de gracia y la negativa a hacer lo propio con el resto de las ayudas llevó a Alberto Hernández a afirmar que «el PSOE da la espalda» a las Islas «para desgastar al Gobierno [autonómico] actual».

Su jefe, el consejero de Transición Ecológica y Energía de Canarias, Mariano Hernández Zapata, solicita «al menos un año más». En el sector consideran que cualquier ampliación del plazo es bienvenida, pero advierten de que solo con dos años podrían alcanzarse valores cercanos al 100% de aprovechamiento de los fondos de la UE.

«Correr no es una fórmula que sirva», asegura Juan Alberto Gutiérrez. Una afirmación que completa Patricia Jiménez al describir la complicidad que encierran algunas de las iniciativas aprobadas. «En ocasiones se necesita realizar obra civil para, por ejemplo, instalar pérgolas, y eso es mucho tiempo de papeleo». Es más, la presidenta de Femepa advierte de que aún hay líneas de ayudas que se están ventilando y se fallarán en próximos días. «¿Te conceden la subvención en febrero y tienes que tener la obra terminada en abril? Eso es inviable y todos lo saben», asegura.

Todavía más con las especiales dificultades que entraña hacerse con los materiales en un territorio insular y alejado del continente. No tener «en cuenta que las Islas son un territorio fraccionado, con un porcentaje de suelo protegido muy superior y que, por tanto, demanda estudios ambientales más numerosos y precisos», relata el presidente de Asinelte, es uno de los argumentos elevados al IDAE; tanto por Canarias como por Baleares. Por el momento el éxito de sus demandas es nulo.

Suscríbete para seguir leyendo