Aflorar casas vacías para el mercado de alquiler estará en manos de los municipios
El consejero Pablo Rodríguez insiste en que los ayuntamientos fijen una fiscalidad coercitiva que obligue a los propietarios de viviendas desocupadas y de alquiler vacacional a poner los inmuebles en el mercado residencial

Foto de archivo de una vivienda en alquiler. / E.D. / L.P.

El diagnóstico sobre el hecho de que la emergencia habitacional es «el principal desafío que tiene esta tierra y la preocupación de las familias canarias» es compartido por las siete formaciones políticas que componen el arco parlamentario. Ahora bien, hay tantas recetas para abordar el problema como grupos en la Cámara regional.
Para el Gobierno que preside Fernando Clavijo, que «el municipalismo sea parte de la solución» es una de las «vías e instrumentos posibles» para lograr que afloren de manera inmediata viviendas en el mercado del alquiler, motivo por el que el consejero del área, Pablo Rodríguez, insistió ayer en la idea de explorar modificaciones en la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) con ayuda tanto de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) como de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Una modificación legal que permita a los ayuntamientos fijar una fiscalidad coercitiva que obligue a los propietarios de viviendas vacías y de alquiler vacacional a poner los inmuebles en el mercado residencial.
Ampliar competencias municipales
O, como explicó Raúl Acosta (AHI), «se busca ampliar competencias municipales y regular la propiedad de segundas residencias mediante instrumentos fiscales disuasorios».
Una idea que ya en su momento defendió el presidente Fernando Clavijo en la Conferencia de Presidentes que se celebró el 6 de junio del pasado año en Barcelona y que, con posterioridad, expuso en septiembre a la Fecam con el objetivo de crear más oportunidades de acceso a la vivienda para las personas residentes en Canarias, y crear un grupo de trabajo a nivel jurídico y técnico.
Sin embargo, desde el PSOE y NC achacaron que esta estrategia significa hacer dejación de las competencias autonómicas por lo que, como aseguró la socialista Patricia Hernández, «en algunos municipios se podrá restringir el acceso a la vivienda y en otros no".
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