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Tener trabajo ya no basta: más de 560.000 personas viven en exclusión social en Canarias

El acceso a una vivienda digna se ha convertido en el principal factor de exclusión en Canarias, afectando a una tercera parte de la población, con un incremento del 37,8% en los precios desde 2018

Cáritas presenta el informe de la Fundación Foessa sobre exclusión y desarrollo social en Canarias 2025

Andrés Cruz

Daniela Marrero

Las Palmas de Gran Canaria

Tener trabajo ya no garantiza estar fuera de la exclusión social. Para los canarios, la nómina ha dejado de ser el escudo que les ampara. Hay personas con empleo precarizado que sobreviven al filo de un gasto imprevisto, familias que cumplen jornadas y no pueden pagar el alquiler, o jóvenes que acceden al mercado laboral con contratos temporales y ven independizarse como un sueño inalcanzable. El nuevo Informe sobre exclusión y desarrollo social en Canarias 2025, elaborado por la Fundación FOESSA, revela que el 25,5% de la población de las Islas se encuentra en situación de exclusión social, una cifra que representa a más de 560.000 personas.

"No fallan las personas, falla el sistema", advierte Thomas Frederic Ubrich, sociólogo y creador de este diagnóstico en el que se alerta sobre la "cronificación de la vulnerabilidad". Según explica, dos décadas de crisis encadenadas han dejado "grietas abiertas" en la microeconomía que no se cierran. Los logros en ocupación —la cifra de población activa se ha incrementado en Canarias en un 12,1% desde 2018—, acompañada del descenso del desempleo suponen factores que no bastan cuando los salarios pierden valor real y las políticas públicas no amarran "la estabilidad necesaria" para que el empleo constituya una verdadera protección.

Los más castigados, los que pagan alquiler

La vivienda funciona hoy como uno de los motores de esa exclusión. El acceso a un hogar digno se ha convertido en el principal factor de exclusión en Canarias, afectando ya a una tercera parte de la población (33,5%). El principal culpable es el elevado precio de la vivienda en las Islas, que ha experimentado un incremento del 37,8% entre 2018 y 2024, superando el promedio del conjunto de España.

Esta presión económica ha provocado que unas 515.000 personas (23,1%) vivan en situaciones de vivienda insegura o inadecuada, incluyendo casos de hacinamiento grave, insalubridad o tenencia precaria. De hecho, el 54% de los canarios considera que la administración pública debería garantizar el derecho a una vivienda adecuada de forma universal. Los altos precios de compra y alquiler superan la subida de cualquier renta, oferta limitada por el empuje turístico y regímenes de tenencia precarios crearon un "cuello de botella social", en el que más de 218.000 personas viven en situación de vivienda insegura y 342.000 en condiciones inadecuadas. Según Ubrich, 122.000 hogares soportan un "sobreesfuerzo" que los conduce a la pobreza severa.

Si bien es verdad que existe el estudio refleja una recuperación macroeconómica, en Canarias se convive con una normalización de la precariedad y una expansión del “suelo frágil” que sostiene la exclusión. La ocupación creció y el paro bajó, pero el tejido laboral genera empleos con poca capacidad protectora; los aumentos salariales se disuelven ante la inflación y el salario medio en Canarias sigue por debajo de la media estatal.

Hay hogares en los que todas las personas activas están en paro y otros que, teniendo trabajo, no recuperan la estabilidad económica necesaria para proyectar su futuro. En concreto, los hogares encabezados por personas que buscan empleo son los más vulnerables, con una tasa de exclusión del 80,7%.

1 de cada 3 personas no acceden al Ingreso Mínimo Vital

Por otro lado, el sistema de garantía de ingresos mínimos existe, pero no llega a todos sus posibles beneficiarios. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) cubre un espectro inferior al de otras comunidades y la Renta Canaria de Ciudadanía, otra prestación económica a la que pueden acogerse los canarios, no compensa la brecha. "Más de la mitad de los hogares en pobreza severa señala no haber recibido información suficiente sobre el IMV. Es el conocido problema del non-telecom. La prestación existe pero no llega efectivamente a quienes más la necesitan", subraya Ubrich.

Por otro lado, más de 186.000 hogares renuncian a medicamentos o a tratamientos por ausencia de recursos, mientras que un tercio de la población no puede costear atención odontológica necesaria y uno de cada cinco no adquiere gafas o audífonos imprescindibles.

Deterioro de las relaciones sociales

La soledad y el deterioro del apoyo social enquistan esta crisis. Más de 114.000 personas sufren aislamiento o algún tipo de conflicto relacional. Además, dos de cada diez hogares reconocen un empeoramiento en sus lazos cercanos y un 4% no tiene a nadie a quien recurrir ante una dificultad grave.

Por su parte, el obispo Eloy Santiago, desde la acción parroquial, asegura que la labor caritativa revela un espejo social que las instituciones deben mirar con honestidad: "Hemos normalizado la vulnerabilidad".

Un modelo de integración cada vez más precario

De acuerdo con los resultados de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales 2024, solo una tercera parte de la población (33,3%) disfruta de una situación de integración plena, una cifra sensiblemente inferior al 45% registrado a nivel estatal. Por el contrario, la integración precaria ha crecido hasta alcanzar al 41,1% de los canarios, lo que indica que una gran parte de la sociedad vive en una situación de equilibrio inestable, susceptible de caer en la exclusión ante cualquier crisis.

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