El Estado se ‘olvida’ de adaptar las normas europeas a Canarias

Canarias tiene un artículo en el Tratado de la Unión Europea, el 349, que blinda los derechos de las regiones ultraperiféricas frente a las directivas comunitarias. Sin embargo el cumplimiento efectivo de este precepto dista de ser completo y en los últimos tiempos se acumulan los asuntos en los que el Archipiélago ve menoscabadas sus singularidades. Los costes del transporte de mercancías, las tasas aéreas, el basurazo o los acuerdos agrícolas de la UE con terceros no recogen las especificidades de Canarias ni actualizan los sobrecostes que soportan los sectores económicos de las Islas por la lejanía y la insularidad, lo que está generando preocupación entre las empresas y el tejido productivo isleños.

Esta situación ha sido protagonista en el Congreso de la mano de la diputada de Coalición Canaria (CC) Cristina Valido, que presentó una moción para crear una comisión de trabajo entre los dos gobiernos para identificar los incumplimientos que se están produciendo, las aplicaciones parciales o los desarrollos insuficientes de la normativa europea que no se adapta por parte del Estado a la condición de Canarias como región ultraperiférica (RUP). La moción fue aprobada pero no con los votos del principal partido del Gobierno central, el PSOE, sino por su socio Sumar, junto al PP, PNV, UPN y Compromís. Vox también votó en contra de la iniciativa.

Valido explica que no solo se trata de cumplir con el Tratado de la UE sino también con el Régimen Económico y Fiscal (REF) de las Islas. Su intención es «evaluar con profundidad desde el punto de vista técnico los incumplimientos que se producen a la hora de legislar y abordar los distintos problemas olvidándose de qué somos», subraya la parlamentaria.

Políticas europeas

No es la primera vez que los nacionalistas exigen el cumplimiento del REF y de que se modulen las políticas europeas en las Islas para adaptarlas a sus singularidades, pero las señales que vienen de Bruselas en relación con el próximo marco financiero plurianual están provocando una alarma que se une a otras cuestiones que no terminan de adecuarse a Canarias. Es el caso del coste del transporte de mercancías, condicionado por las fluctuaciones del precio del petróleo y la guerra arancelaria entre EEUU y Europa, que no se actualiza para adaptarlo a los sobrecostes de producción que existen en Canarias, lo que encarece aún más los precios.

Valido también se refiere al impacto de la nueva tasa medioambiental para fomentar el reciclaje de los residuos, denominada basurazo, y que impulsa la Comisión Europea. «No se está teniendo en cuenta la lejanía de Canarias y se da el caso de canarios que pueden pagar la misma tasa de basura que un ciudadano que vive en el centro de Madrid», cuestiona la diputada nacionalista. Para más inri, la dirigente de CC recuerda que la propia UE ha confirmado que España puede modular la norma para un territorio como las Islas aplicando el artículo 349 del Tratado.

Y del basurazo al tasazo de Aena en los aeropuertos españoles, incluidos los canarios. Valido afirma que la uniformidad de las normativas europeas y estatales no se pueden aplicar a Canarias en la misma medida que en el resto del territorio nacional, por lo que en esta decisión ni se tiene en cuenta lo dispuesto en el REF, ni que Canarias es RUP, ni la doble insularidad de las islas no capitalinas.

Otro síntoma preocupante es el de la política agrícola europea. El marco financiero 2028-2034 ha puesto sobre aviso a Canarias porque puede suponer un duro varapalo para los fondos que recibe el sector primario de las Islas, entre otros el programa Posei que es específico para compensar la producción isleña por su sobrecoste. Sin embargo, también los acuerdos comerciales que firma la UE con otros países o regiones, como el de Mercosur, ha llevado también la preocupación a las Islas. Por ello la iniciativa nacionalista busca identificar los riesgos que suponen estas políticas y poner sobre la mesa el artículo 349 con el fin de salvaguardar las producciones del Archipiélago.

«No se pueden seguir aplicando las leyes y tomando las decisiones como si todos fuéramos iguales porque no es así», advierte Cristina Valido.

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